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La magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo ayer que los femicidios ocurridos en los últimos seis meses son 24 de acuerdo a las estadísticas, no cinco como había indicado esta semana a los medios de comunicación la fiscal Odette Leytón, de la Unidad de Género del Ministerio Público, este jueves.

"Eso no es cierto, debe haber una equivocación, aunque yo no la oí (...) la fiscal Leytón no puede decir eso porque no es verdad, han habido mucho más en los primeros seis meses de este año", explicó la magistrada.

El fin de semana pasado, la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDDN)  informó que de enero a junio había contabilizado 34 femicidios, de los cuales 26 sujetos están prófugos de la justicia.

Este resultado se había concluido de acuerdo a los casos que fueron reportados en  tres medios de comunicación del país.

"No podemos meter dentro de esa estadística todo lo que sale en cualquier medio  si no está reportado a la instancia judicial, el observatorio nuestro va a llevar la cuenta de los femicidios que han sido reportados al poder judicial y sentenciados. Ese es el problema de las estadísticas,   todos no pueden dar la misma cifra porque los que tienen en la Policía no son lo mismos que tiene la Fiscalía", expresó Ramos.

Añadió que como institución se han percatado que ha habido accidentes de tránsito que se atribuyen que son femicidios, pero no se puede saber mientras no sea comprobado.

NO HAY IMPUNIDAD

La magistrada sostuvo que el sistema penal de Nicaragua es el más rápido de América Latina.

"Nosotros tenemos el menor porcentaje de reos sin condena que es del 5.4%. La mayoría de los países de América Latina es hasta del 60% de reos sin condenas", dijo.

Ramos calificó de ridícula la calificación de algunos sectores acerca de que el gobierno es el culpable sobre la tasa actual de femicidios.

"Lo veo un poco tirado de los pelos y absurdo, porque el Estado no ha mandado a los hombres a matar a las mujeres, ese es un problema cultural de mucha profundidad y arraigo; tiene que ver también con problemas sociológicos  y de educación, decir que el Estado es responsable, sería totalmente ridículo", finalizó la presidenta de la CSJ.

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