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David Castillo, presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), señaló que la “Ley de Tumarín era clara y establecía que el 10% era de ENEL y el otro 90% era de inversionistas privados. Los inversionistas privados tienen el derecho, nadie se los puede quitar, de vender sus acciones”, al tiempo que informó que “Tumarín no ha muerto. Tumarín ahí está. Nadie dijo que no iba a seguir”.

El titular del INE aseguró esto en el marco de la conferencia de prensa por la reducción energética, ayer martes, aunque afirmó desconocer la adquisición de acciones de Tumarín que realizó la Distribuidora del Norte (Disnorte) y la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) y aclaró que por ley esta última ya tenía una participación del 10%.

“En este caso de Tumarín, según las noticias que hay, ya públicas, es oficial que hubo una venta. Eso es lo que dicen los medios y yo no puedo confirmarlo, porque no estoy en esa negociación directa. Si se dio es dentro del marco de lo que la ley permite, que se pueden vender las acciones entre privados”, manifestó Castillo.

La compañía Centrales Eléctricas Brasileñas (Eletrobras) anunció el lunes reciente que Centrales Hidroeléctrica de Centroamérica (CHC), en la que posee el 50% del capital social, vendió el 100% de las acciones de su subsidiaria Centrales Hidroeléctrica de Nicaragua (CHN), dueña de Tumarín. 

“Los gabinetes de energía realizan trabajo de compartir la información y tomar decisiones, pero hay comisiones  de trabajo directas para negociación. Ahora en estas ventas privadas no se tiene que meter el INE. Dice que Disnorte y Dissur compró. Es un privado a otro privado. No se tiene que meter el INE”, explicó el funcionario.

El artículo 16 de la Ley Especial para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín refiere: “otorgada la Licencia de Generación Hidroeléctrica para desarrollar el proyecto, el desarrollador, transferirá al Estado de la República de Nicaragua, sin costo alguno, como dueño del recurso como mínimo el 10% del monto total de las acciones que conforman y representan el capital social de la misma”.

A la vez, expresa que “esta participación accionaria del Estado de la República de Nicaragua será representada por ENEL, lo que le otorga el derecho de tener al menos un cargo en su Junta Directiva, con derecho a voz y voto; previo a la transferencia antes referida, otros derechos, privilegios y obligaciones de estas acciones serán convenidas entre el desarrollador y ENEL”.

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