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La medianoche del 23 de septiembre de 2012, Lovania Membreño Mairena, de 34 años, asistió a una clínica previsional para realizarse una cesárea. Tenía ocho meses de gestación y repentinamente su bebé había muerto. Fue sometida a esa cirugía sin la cantidad necesaria de sangre. Se desangró y en la madrugada del 24, cuando era trasladada a un hospital público, sufrió dos paros cardíacos. 

Dos años pasaron para que el Ministerio Público encontrara al médico que atendió a Membreño Mairena en aquella ocasión. La recomendación que una fiscal hizo a su marido, Mauricio Gaitán, fue llegar a una mediación y no a un juicio. Producto de la mediación, Gaitán recibió US$5,000 de parte del médico. 

Parece que el niño estaba mal, entonces le iban hacer una cesárea. Un enfermero me dijo que fuera a pagar a caja los US$1,500 que costaría, pero nosotros depositamos C$18,000 porque no teníamos más”, recuerda Mauricio Gaitán.

La madrugada que murió su esposa, él estaba en la casa cuidando a los tres hijos que ambos procrearon y cuando regresó al hospital, “los médicos me dijeron que se les había salido de las manos, que se había complicado y tuvieron que trasladarla de emergencia al hospital Bertha Calderón”, lugar donde la declararon muerta. 

Hoy, Mauricio Gaitán cuida de sus tres hijos menores Issac, Josué y Lucy. Aunque hizo una denuncia en la Policía del Distrito I, las autoridades policiales no investigaron el caso.

Según él, tiene documentos que confirman que el Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais) de Managua realizó una auditoría a la atención brindada a Membreño Mairena, en la que se indican que hubo deficiencias.

De acuerdo con Mauricio Gaitán, durante la mediación, cuando el doctor señalado estaba frente a la fiscal dijo: “En este problema somos varios, no solo soy yo, porque yo hice las prácticas, pero el hospital no me dio las condiciones, ¿cómo es posible que yo entre a cirugía y solo tenga un litro de sangre para la persona?”

Una semana después recibió US$3,000 y en abonos mensuales le fueron  entregados US$2,000 más, hasta contabilizar US$5000.

“Fue algo simbólico porque US$5,000 no vale la vida de una mujer. Lo que vale es que esté la madre con sus hijos cada día, eso es lo que quieren los hijos”, comentó el esposo de la fallecida. 

Al día siguiente de la muerte de Membreño Mairena, el bebé fue entregado en la clínica previsional. “Los directivos de ahí me entregaron al niño muerto y envuelto en algodón, dentro de una cajita de cartón que era usada para guardar guantes”, expresó Gaitán. 

Desde el patio de su casa en el barrio Las Torres, Mauricio Gaitán dice que “ahora los chavalos tienen un recuerdo de su madre, no dicen mucho porque yo trato de no abordar ese tema, no soy un padre tan melancólico, yo debo transmitirles fuerza a ellos, no porque no quería a mi esposa, sino para no desanimarlos”. 

Aunque este caso no salió a la luz pública, recientemente han acaparado la atención los procesos que se siguen contra médicos por homicidio imprudente. 

Uno de los casos más recientes fue el del cirujano plástico David Páramo, quien fue declarado culpable el pasado 12 de agosto por la muerte de Lizandra Norisell Jarquín González, fallecida el 17 de junio luego de ser operada. Mañana está prevista la lectura de la pena. 

¿Denuncias?

La abogada Marjorie Rodríguez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), sostiene que la población prefiere no denunciar ni expresar su molestia porque saben que gastarán tiempo, dinero y al final no tendrán una solución ante su denuncia. “Normalmente lo que hacen es denunciar utilizando medios alternativos, como las redes sociales”, dijo.

“Los datos que nosotros manejamos es que en el 60% de los casos, el Ministerio de Salud interviene, pero solo el 30% llega a ser judicializado. Para nosotros, como organismo de derechos humanos es una temática que le venimos dando seguimiento”, manifestó Rodríguez. 

La especialista en derecho reve que “de un 100% de los casos sobre negligencia médica ocurridos, en su mayoría, es decir el 90% quedan en la impunidad. A las personas les cuesta seguir luchando, para ellos significa estar removiendo sentimientos dolorosos”.

Datos del Cenidh muestran que en 2012 llegaron a denunciar por negligencia médica solo dos personas, al igual que en 2013. En 2014 se registraron un total de cinco denuncias por negligencia, mientras que en 2015 se registraron solo cuatro casos. 

El Nuevo Diario se intentó comunicar con el área de Auditoría Médica del Minsa, división encargada de investigar los casos de negligencias médicas en el país, pero no hubo una respuesta. 

Iniciativa de ley 

La ginecóloga Martha Montenegro, presidenta de la Asociación de Médicos de Nicaragua (AMN), aseguró que las 24 agrupaciones que conforman el AMN están preocupadas porque observan parcialidad en los procesos judiciales. 

“Desde hace varios años, y ahora sobre todo, estamos abogando para que se forme el Colegio de Médicos. En todo este año vamos a promover una iniciativa de ley especial sobre salud porque, hasta hoy, esta no existe”, sostuvo Montenegro. 

La especialista indicó que “con esta ley buscaremos capacitar al personal del sistema judicial y de seguridad del país. También necesitamos un personal en medicina legal competente. Aunque sabemos que incluso los médicos debemos mejorar la atención”. 

Montenegro señaló que la AMN está trabajando actualmente con la asesoría de abogados, y  además tienen una comisión gestionando para que los médicos del país brinden su firma. 

La Constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 140 que para presentar una iniciativa de ley, esta debe ser respaldada por al menos 5,000 firmas. Situación en la que Martha Montenegro no ve dificultad ya que “en Nicaragua hay un total de 25,000 médicos, por eso es bastante seguro que la presentemos en lo que resta del año”.

“Nosotros no estamos avalando los errores médicos que se han cometido, lo que pretendemos es que se investiguen de forma especial los casos, y que los funcionarios de justicia se capaciten porque así como nosotros no manejamos bien su labor, tampoco ellos saben lo que un médico pasa en una operación”, enfatizó Montenegro.

La Asociación Nicaragüense de Cirugía Plástica (ANCP) emitió esta semana un comunicado refiriéndose al caso de David Páramo e insistió en que, pese a “todas las medidas de seguridad estudiadas y descritas en la literatura médica mundial, cada procedimiento conlleva riesgos fuera de la voluntad y de la pericia del médico”. 

¿Se judicializan?

Edgard Aráuz, quien por más de una década ha sido fiscal auxiliar, primero en el área penal ordinaria y luego en la parte especializada de la niñez en Estelí, aseguró que en su bregar como funcionario, no se enfrentó con casos que tuviera que incriminar por homicidio imprudente a un médico.

Ahora en el único juicio que en ese particular se le siguió a los pediatras Lesbia Xiomara Guillén y Cristian José Berríos, la situación es diferente, porque le ha tocado defenderlos. 

La jueza de distrito penal de juicio en Estelí, Elízabeth del Carmen Corea Morales, recordó que, según el código especializado, la imprudencia no es un delito, pero sí puede ser una causa para que el ser humano cometa un ilícito. 

En el caso de los médicos, la imprudencia se da, según los especialistas,  cuando no se practica el deber de cuido o hay impericia. Las consecuencias de esta son las que se penan.

Para el médico Carlos García, los casos no deben ser individualizados debido a que en muchos casos, hay responsabilidad del sistema público de salud debido a las largas y extenuantes jornadas. 

“A lo mejor con casos específicos se toman otras medidas porque sobre todo, en épocas festivas, la planilla de trabajadores en las unidades de salud del sector público es mínima y el flujo de pacientes es mayor que en periodos ordinarios”, dijo. 

Los casos más conocidos

La doctora Karina María Peña López murió el ocho de abril de 2014. Por su muerte fueron acusadas las médicas internistas Teresa Isabel Cuadra, María Gabriela Ramos y Arlen Romero Gutiérrez. En el juicio se determinó que no tenían culpabilidad en la muerte de Peña López. 

Esta semana, fueron absueltos los pediatras Xiomara Guillén y Cristian Berrios. Ellos enfrentaron un juicio por homicidio imprudente por la muerte de una niña de 13 meses ocurrido en diciembre de 2014. 

El día de los hechos, la pequeña viajaba con sus padres en una motocicleta,  se detuvieron porque la misma tuvo fallas mecánicas. Se percataron que la menor se había quemado con el mofle, por lo que la llevaron inmediatamente  al hospital de la Trinidad, y debido a las graves quemaduras fue traslada al centro asistencial de Estelí.

El caso de Aura María Urbina Espinoza, de 31 años, originaria de Granada, fue otro de los sonados. Estaba embarazada cuando murió. Ingresó al centro hospitalario para ser intervenida por cesárea. 

Luego del nacimiento de su bebé una doctora llamó a los familiares para decirles que hubo una complicación con Urbina Espinoza, que se estaba desangrando y que debían extraerle el útero inmediatamente. 

Aura María fue dada de alta el cinco de agosto, pero regresó al hospital el 16 del mismo mes por un fuerte sangrado en la herida que nunca se le detuvo. Fue remitida sin su expediente a emergencias del Hospital Bertha Calderón, en Managua. La joven falleció el 12 de septiembre tras 24 días de agonía.  Hasta hoy no se sabe qué ocurrió con la demanda. 

El abogado, Gabriel Urcuyo Méndez, detalló que las siete causas de negligencias médicas más comunes son por impericia, imprudencia, errores quirúrgicos, mala prescripción de medicamentos, omisión de información al paciente, tardanza en los diagnósticos y el no contar con los medios técnicos requeridos. 

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