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En los últimos tres años, 8,000  reos han sido excarcelados por una comisión estatal, reveló el  magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís Cerda.

Los reos que están terminando sus condenas  en sus casas  salieron de la cárcel bajo libertad  condicional, suspensión de ejecución de sentencia y régimen de convivencia familiar.

Inicialmente estos beneficios legales solo los recibían los reos condenados por delitos menos graves,  cuyas sanciones de privación de libertad no excedían los cinco años de prisión.

Pero ahora este beneficio le está siendo aplicado a quienes purgan condenas de hasta diez años de prisión, pero que han cumplido gran parte de la misma, subrayó el magistrado Solís Cerda.

De los 8,000 reos que han sido excarcelados previas evaluaciones, 270 son reclusos con problemas de salud  agudos, agregó el magistrado.

También dijo que la misma comisión estudia el traslado de unos 300 reos extranjeros  de distintas nacionalidades a sus respectivos países para que  terminen  de cumplir sus condenas.

La figura legal  que están  contemplando las autoridades nicaragüenses  para que los extranjeros puedan terminar de cumplir sus condenas en su país de origen es la transferencia de reo extranjero .

JUICIOS ENGAVETADOS

Al menos 300 juicios penales que permanecían engavetados desde hace siete años por la interposición de un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley 715 o Ley de Plazo Fatal, se tramitarán en los próximos días. 

Así  lo confirmó este jueves el  magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Solís Cerda en una improvisada rueda de prensa al concluir el acto del Día Nacional de Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad.

Estos juicios fueron tramitados con el derogado Código de Instrucción Criminal, que estuvo en vigencia entre el año  1974 y diciembre de 2002.

Los  300 juicios que están pendientes de resolver  en primera instancia deberán  estar resueltos antes que concluya el año, consideró el magistrado Solís Cerda, quien agregóque en los Tribunales de Apelaciones están pendientes otros 20 casos.

"Al declararse inconstitucional la Ley 715, se está dando la oportunidad a víctimas y acusados de resolver su situación legal en juicio, al igual que se hace en los casos laborales y de familia que comenzaron a ser tramitados con códigos derogados", aseguró Solís.

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