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La Ley de Justicia Constitucional es una tarea pendiente que la Asamblea Nacional debe resolver para cumplir con lo mandatado en la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua, aprobada a inicios del año 2014.    

El doctor Pablo Ferrey, director general de asuntos legislativo de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de carácter Constitucional creada en el parlamento para el proceso de consulta y dictamen de la Ley de Justicia, explicó el sentido de orden y aplicación que este nuevo instrumento de rango constitucional daría a los administradores de justicia y ciudadanos del país.  

“Cuando se oye Ley de Amparo, lo que se le puede ocurrir a uno es solo el amparo, y ahí estás dejando por fuera el recurso por inconstitucionalidad, los conflictos de competencia o el habeas corpus”, dice Ferrey.

La Ley de Justicia Constitucional sustituirá a la actual Ley de Amparo para ordenar en un marco  los instrumentos legales propios del “control constitucional”. 

“En la Ley de Justicia Constitucional cada instrumento se verá  específicamente a partir de un nuevo marco jurídico, la Ley de Amparo se está sustituyendo solo que de manera más especializada y concreta, se está regulando por aparte lo que es amparo, lo que es inconstitucionalidad, el habeas data”, agrega Ferrey. 

En entrevista brindada a El Nuevo Diario, a inicios de las discusiones sobre la ley, en 2014, el diputado Carlos Emilio López explicó que esta nueva ley servirá para proteger todos los derechos humanos y las garantías al debido proceso reconocido en el artículo 34 (Constitución), tales como la presunción de inocencia, el no ser juzgado dos veces por un mismo delito, ser juzgado en los plazos y términos que la ley establece y tener el derecho a un defensor ya sea público o privado desde el momento de la detención hasta que concluya el proceso, entre otras garantías.

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La nueva ley incluirá algunos aspectos no contemplados en la legislación vigente. “La actual ley el recurso de amparo no procede en determinadas situaciones: contra el proceso de formación de la ley, contra resoluciones de funcionarios judiciales en asuntos de sus competencias, cuando ha cesado los efectos del acto reclamado, en resoluciones dictadas en materia electoral y nombramientos y destitución de funcionarios con inmunidad, entonces la Ley de Justicia Constitucional va a valorar si eso va a seguir siendo así o si eso va a ameritar algún cambio”, aseguró el legislador en ese momento.

CONTROL CONSTITUCIONAL

Se trata de ordenar en su aplicación “a los mecanismos creados por la misma Constitución para protegernos, para preservar los derechos ciudadanos”, explica el jurista Pablo Ferrey.    

La reforma del 2014 establecida  como Ley 854, Ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, establece en el artículo 190 cuatro “recursos y mecanismos de control constitucional” que deben ser regulados por la Ley de Justicia Constitucional, además de los amparos ya conocidos.  

Se trata de ordenar en su aplicación a los mecanismos creados por la misma Constitución". Pablo Ferrey, director general de Asuntos Legislativos de la Asamblea Nacional.

Está el recurso de habeas data, “como garantía de tutela de datos personales cuya publicidad constituya invasión a la privacidad personal y tenga relevancia con el tratamiento de datos sensibles… El habeas data procede a favor de toda persona para saber quién, cuándo,  con qué fines y en qué circunstancias toma contacto con sus datos personales y su publicidad indebida”.  

Establece también el Conflicto de Competencia y Constitucionalidad entre los poderes del Estado, que se promoverá cuando “se considere que una ley, decreto o reglamento, acto, resolución o disposición” de un órgano invade el ámbito de competencia de otro. 

Además describe la norma de “control de constitucionalidad en caso concreto como un mecanismo incidental de control. Cuando en un caso sometido al conocimiento de autoridad judicial, esta considere que una norma de cuya validez depende el fallo es contraria a la Constitución, deberá proceder a declarar su inconstitucionalidad para el caso en concreto. La autoridad judicial deberá pronunciarse sobre el punto, acogiendo o rechazando la pretensión”.

La reforma en el artículo 190 también establece “los conflictos de constitucionalidad entre el Gobierno central y los gobiernos municipales y de las regiones autónomas de la Costa Caribe”.

VIGENCIA

La Ley 854 establece que la Ley de Amparo estará “en vigor hasta que entre en vigencia la Ley de Justicia Constitucional” y que “los conflictos de constitucionalidad entre el gobierno central y los gobiernos municipales y de las regiones autónomas de la Costa Caribe se tramitarán conforme la ley de regulación de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo mientras no entre en vigor la Ley de Justicia Constitucional”.

“Se regulará de manera más técnica y más completa tanto lo que es recursos de amparo, recursos por inconstitucionalidad, el habeas corpus, habeas data y todos los demás. Los recursos de conflictos de carácter constitucional entre el Poder Ejecutivo y los municipios o con las regiones autónomas ya existían, pero la nueva  ley los va a regular de manera más directa, con instrumentos más apropiados”, apuntó Ferrey. 

  • 2014 año de aprobación de la reforma constitucional que establece la Ley de Justicia Constitucional. 

El funcionario de la Asamblea Nacional sostuvo que “el habeas data sería el más reciente, en este caso no existe un instrumento específico que regule el habeas data, pero de alguna manera se están utilizando los procedimientos de la Ley de Amparo, pero no siempre calzan todas las modalidades. Ahora  existirá un instrumento específico para ese recurso”.

Los diputados de la Comisión Especial, según Ferrey, tienen la tarea de formalizar en la Ley de Justicia Constitucional “las distintas modalidades, la estructura, los mecanismos de control, las jurisdicciones, los órganos de aplicación de cada uno de los recursos”.

  • 11 de Octubre podría estar listo el dictamen de esta ley en la Asamblea Nacional. 
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