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En los primeros ocho meses del año las demandas por pensión de alimentos para ascendientes se cuadriplicaron en Managua.

Según datos de los Juzgados de la Familia, entre el 8 de abril (día en que entró en vigencia el Código de la Familia) y el 31 de diciembre de 2015 recibieron dos demandas por pensión de alimentos para ascendientes, pero la cifra aumentó a nueve entre enero y agosto de este año.

Entre estas demandas están las que impulsan los padres contra sus hijos. 

Según el artículo 314 del Código, se le deben alimentos a “los hermanos y hermanas, a los ascendientes y descendiente hasta segundo grado de consanguinidad, cuando se encuentren en estado de necesidad o desamparo”.

La jueza Karen Gutiérrez Rivas, titular del Juzgado Décimo Primero Distrito de Familia, aseguró que son pocos los progenitores que exigen el apoyo económico a sus retoños. El año pasado en su despacho no recibió ninguno y este año solo uno está tramitándose.

La demanda llegó el pasado 1 de julio de este año y se trata de una mujer de 53 años que demanda a sus siete hermanos, quienes tienen edades entre los 43 y los 59 años, para que le den una pensión de alimentos a su madre, de 80 años.

“El pasado 12 de julio mandé a subsanar porque la relación de los hechos de la demanda estaba mal planteada, entonces estamos buscando la manera de brindarle el acceso a la justicia a la señora. La mandamos a prevenir para que mejore la demanda. Las penas que se imponen  tienen que ver según la capacidad de pago del demandado y de las necesidades del demandante”, explicó Gutiérrez. 

En estos casos, los demandantes son representados por un apoderado particular, representantes del Ministerio de la Familia o de la Procuraduría General de la Familia (PGF).

CÁRCEL POR INCUMPLIMIENTO

La judicial señaló que si el o la condenada por este tipo de caso no cumple, “llamás a la parte (que está incumpliendo) y la interpelás o la requerís y le decís que la están demandando por tanta  cantidad de dinero, para eso se determina una liquidación para ver cuántos meses ha incumplido, si son C$5,000 mensuales, entonces esos los multiplicás por los meses que ha dejado de pagar y si se rehusa a pagar totalmente, entonces se le dicta un apremio corporal y el individuo va preso”, advirtió.

Otra opción es que el juez de Familia remita el caso al Ministerio Público para que esta institución formalice una acusación contra el rebelde, por el delito contra los deberes alimentarios en los Juzgados Locales Penales.

A inicios de agosto en la página web del Poder Judicial se informó que el juez Séptimo de Distrito de Familia, Luis Miguel Benavidez Cruz, ordenó a un ingeniero de 23 años entregar el 5% de su salario a su madre pese a que ella no lo crió. 

“El juez Benavides Cruz comprobó que a pesar que el joven ingeniero industrial nunca gozó de los cuidados de la mujer que lo trajo al mundo, no es cierto que haya desamparado a la demandante como ella asegura, pues “ha contribuido con la asistencia que (ella) requiere”, se informó en la nota de prensa.

El juez, sin embargo, “planteó que aunque la mujer se desobligó de sus responsabilidades como madre, esto no niega o extingue el derecho de recibir alimentos de parte de su hijo, ya que interpretar tajantemente el Artículo 323 inciso I del Código de Familia que contempla esa circunstancia, iría contra el principio de solidaridad que implica una continuidad de las generaciones”.

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