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El Estado de Nicaragua ampliará el próximo año su techo de endeudamiento público externo, pero sin comprometer la estabilidad económica de este país, explicaron los especialistas Mario Arana y Sergio Santamaría.

El Ejecutivo publicó en La Gaceta número 146, del 5 de agosto, el decreto 13-2016, que establece la política de endeudamiento público que regirá para el próximo año, la cual impone como máximo de contratación de deuda externa del Gobierno Central, un monto de 798 millones de dólares y en concepto de deuda interna 115 millones de dólares.

De acuerdo con la Ley 477, Ley General de Deuda Pública, se llama deuda pública a los compromisos financieros contraídos por las instituciones del sector público, que impliquen obligaciones de pago directo derivadas del financiamiento recibido, incluyendo compromisos contratados cuyo valor no ha sido recibido, siempre y cuando se rijan por lo estipulado en la Ley.

Los expertos señalan que los indicadores de sostenibilidad de la deuda pública de Nicaragua reflejan un panorama favorable, aunque recomiendan poner especial atención en el déficit de la cuenta corriente, los ingresos tributarios, el déficit de las empresas públicas y los pasivos contingentes.

La contratación de una deuda pública responde a la necesidad de generar mejoras para la población. Sin embargo, puede causar graves estragos en una economía si no se hace de manera ordenada.

Los principios

El endeudamiento público de Nicaragua se fundamenta en cuatro principios: estabilidad macroeconómica, sostenibilidad de las finanzas públicas, desarrollo económico y financiamiento necesario para cumplir con las metas establecidas en el Programa Económico Financiero (PEF), al menor costo posible.

Los indicadores macroeconómicos, presentados en el Informe Anual del Banco Central de Nicaragua, son estables y para el 2015 presentaron los siguientes resultados: crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 4.9%; la inflación acumulada, 3.05%; el déficit de la cuenta corriente fue de 1,045.2 millones de dólares, equivalente al 8% del PIB.

Arana: Sin preocupación

Las proyecciones hasta el 2018 del balance primario antes de donaciones son deficitarias.
Respecto al tema, Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua, dijo que la situación no genera mayor preocupación, aunque sugirió al Gobierno garantizar mayor espacio fiscal.

Admitió que al dejar de percibir donaciones, el Gobierno se vería obligado a recortar gastos para evitar déficits insostenibles.

En los últimos tres años, el sector público no financiero presenta un déficit antes y después de donaciones.

Al analizarlo por institución, se aprecia que el Gobierno Central tiene un desempeño satisfactorio, mientras que las empresas públicas enfrentan serios problemas de déficit.

Arana expresó que es complicado crear una estrategia para mejorar la situación de las empresas públicas.

“Son empresas muy diferentes y tienen problemas propios, según su actividad”, indicó Arana.

Los indicadores de sostenibilidad calculados por el Banco Central de Nicaragua se muestran favorables: la razón deuda a PIB se ha disminuido a 47.6%.

Además, el servicio de deuda como porcentaje de las exportaciones es del 16.2% y el servicio total de deuda como porcentaje de los ingresos fiscales alcanza el 34%.

Esos indicadores miden la capacidad de pago de un país y en el caso de Nicaragua, muestran una buena salud.

El economista Sergio Santamaría afirmó que “la deuda es sostenible, ya que el indicador está por debajo del 20% pero debe manejarse con cautela, debido a la caída del volumen y precios de los bienes de exportación”.

Crecimiento y desarrollo

Santamaría señaló que “la política fiscal y las áreas donde se está invirtiendo generan crecimiento que se traducirá en desarrollo si se acompaña de programas orientados a incrementar el valor agregado de la producción y mejorar la productividad y competitividad del sector primario”.

José Morales, director del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Centroamericana señaló que hasta ahora la política de endeudamiento no está generando precisamente mayor desarrollo económico, sino crecimiento económico.

“La política de endeudamiento está generando crecimiento, pero no desarrollo. Muestra de ello es el aumento en el coeficiente de Gini en los últimos años”, sostuvo Morales.

Mario Arana, en tanto, precisó que las áreas donde se están focalizando las inversiones públicas son energía, agua potable, carreteras, caminos e infraestructura social, las cuales representan un canal clave para generar el desarrollo a largo plazo.

“Necesitas generar crecimiento y riqueza para poder distribuir”, expresó.

Cuatro áreas importantes

Seguridad • Los economistas recomiendan cuidar cuatro áreas para mantener sana la política de endeudamiento público: la cuenta corriente, los ingresos tributarios, el déficit de las empresas públicas y los pasivos contingentes.

La cuenta corriente es la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, un tema en el que Nicaragua presenta un déficit que se financia parcialmente con donaciones que recibe el sector público y con la inversión extranjera directa, que anualmente oscila entre los 800 millones y los mil millones de dólares.

Por otro lado, los impuestos que paga la ciudadanía al Estado nicaragüense conforman los ingresos tributarios.

En 2016, los ingresos tributarios representan el 93.1% de los ingresos totales contemplados en el Presupuesto General de la República de Nicaragua, por lo que son de vital importancia para mantener una buena salud macroeconómica.

En el caso del sector público, lo conforman los poderes de Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), las 153 alcaldías y los consejos y gobiernos de las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur.

Las empresas públicas, que pertenecen al Poder Ejecutivo, son las que enfrentan problemas financieros, ya que sus gastos son mayores a sus ingresos. El déficit de estas instituciones impacta al balance del sector público total.

Finalmente, los pasivos contingentes son obligaciones contraídas por instituciones del sector público, no mayor del 10% del máximo de contratación de deuda del Gobierno Central.

Estos pasivos se consideran riesgosos porque en el caso de incumplimiento de pago, pasa a formar parte de la deuda pública del Estado.

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