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Tres hombres que transportaban en una rastra herméticamente cerrada a 178 migrantes ilegales procedentes del continente africano fueron arrestados por el delito de tráfico de personas y guardarán prisión por los próximos 25 días.

Este sería el mayor rescate de migrantes ilegales del año y el primero en el que los traficantes utilizaron la vía marítima para ingresar al territorio nacional, ya que de acuerdo con la acusación, los 178 africanos -que habían pagado unos US$1,000 para llegar a Honduras- entraron al país en lanchas desde Costa Rica la madrugada del pasado 23 de septiembre.

Los migrantes desembarcaron en la zona costera de Montegrande, Carazo, de acuerdo con la Fiscalía. Desde allí caminaron unos 500 metros entre veredas, acampando durante el día para reanudar el periplo en busca del sueño americano por la noche.

En un lugar no precisado, los extranjeros abordaron la rastra color blanco, placa M243213, halada por el cabezal matrícula M069261, propiedad de Juan Ramón Loasiaga.

Los acusados son Roberto Carlos Ruiz, David Antonio y Yáder Rafael Sánchez Méndez, estos últimos son hermanos.

La  jueza  suplente Décimo Distrito Penal de Audiencia de la capital, Damaris Vanegas, quien dictó prisión para los tres acusados antes mencionados, ordenó la captura de Juan Ramón Loáisiga.

La captura

Ese mismo día, pero a eso de las 10:30 PM, la rastra fue interceptada por agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional a la altura del kilómetro 28 de la Carretera Panamericana Sur.

Al momento de la detención, los 178 africanos, entre los que hay 18 menores de edad, “comenzaron a gritar pidiendo auxilio porque se iban asfixiando”,  refiere el escrito acusatorio de la Fiscalía.

Levantan sigilo bancario

A petición del Ministerio Público,  la jueza Damaris Vanegas ordenó el levantamiento del sigilo bancario de los tres procesados y de Juan Ramón Loáisiga.

Vanegas también ordenó la tramitación compleja del proceso “porque todavía se investiga la participación de otros implicados”, según resolvió la judicial.

La  judicial justificó su decisión  afirmando que pusieron en riesgo la vida de los inmigrantes (ilegales) al transportarlos en rastra herméticamente cerrada, “donde pudieron haber muerto varios por asfixia”.

La audiencia inicial para los hermanos Sánchez Méndez y Roberto Carlos Suárez será el próximo 21 de octubre.

El Código Penal sanciona con condenas que van de seis a diez años de prisión, más una multa equivalente a mil días del salario mínimo vigente del sector industrial al momento de dictarse la sentencia.

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