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Dos hombres que falsificaron firmas, datos registrales utilizaron nombres de altos funcionarios públicos y se hacían pasar por abogados fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía.

Los acusados ya están a la orden de la jueza Sexto Local Penal de Managua, Ivette Pineda.

El primero en ser sentado ayer en el banquillo de los acusados en una audiencia mixta, preliminar e inicial, fue Freddy Bravo Gómez, acusado de usar documentos falsos, usurpación de título y ejercicio ilegal de profesión, además de usurpación de funciones públicas. En el escrito acusatorio presentado por la PGR, se asegura que estafó con  C$7,800 a los familiares de tres presos sentenciados en León por robo agravado.

Haciéndose pasar por abogado, extendió a los familiares de los  tres sentenciados un documento con la imitación de la firma de nada menos que el Procurador General de la República, Hernán Estrada, y dirigida al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armengol Cuadra.

En el documento falso, el procurador Estrada intercede por los tres sentenciados “por instrucciones del presidente Daniel Ortega y la Primera Dama Rosario Murillo”. La jueza Pineda al concluir la audiencia mixta de los dos acusados aceptó la oferta probatoria hecha por la PGR, además de programar juicio para el próximo 20 de octubre.

Tarifas altas

El segundo implicado es Marvin Castro Rivera, quien cobró  C$12,800 y US$645 a María García Castillo para supuestamente legalizarle un lote  en un barrio capitalino, en este caso se extendió un testimonio falso  de desmembramiento del lote  y un documento con las firmas imitadas del Notario 3 del Estado Apolinar Vanegas López y la alcaldesa de Managua, Daysi Torres.

Castro a quien la judicial dejo bajo con presentación periódica por razones de salud y anunció juicio el 28 de octubre, tenía también un sello falso del registro de la propiedad y colocó datos catastrales falsos en el documento de García Castillo.

Está pendiente la captura de Rommel José Ríos Mondragón, quien sin ser abogado también estafó con US$540 a María García diciéndole que su escritura debía llevar la firma del presidente Ortega y la primera dama Murillo para que tuviera validez.

Revisiones anunciadas

Esta semana el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la CSJ dieron a conocer que de los 425 expedientes de abogados que pedían ser incorporados al sistema judicial como abogados y notarios, cuatro de ellos portaban títulos falsos y otros 14 siguen bajo investigación por presentar algunas inconsistencias.

En este sentido, Telémaco Talavera, presidente del CNU, dijo que en los cuatro casos detectados, sus portadores “nunca pasaron por ninguna universidad y sin embargo tenían títulos de abogados”. 

Como medida, tanto el CNU como la CSJ decidieron extender la revisión de los expedientes académicos a todos los abogados que ejercen en el país. 

“Tenemos que revisar si efectivamente no hay alguno que haya falsificado el título con la confianza de que no sea una cosa de gran escala, pero tenemos la obligación de verificar, de modo que haya certeza que el título fue emitido por una institución legalmente constituida”, explicó Talavera.

No obstante, el presidente del CNU, afirmó que se trata de casos aislados, aunque no descartó la necesidad de atenderlos y establecer nuevas medidas de seguridad. 

Bachilleres engañan

Mientras que Óscar Castillo, decano de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), indicó que en el caso de esa universidad, “casi la totalidad de los títulos (falsos) son de bachillerato, que vienen a la universidad, entonces la falsificación no la genera la universidad, sino que también hay un componente importante que tiene que ver con la educación media".

Para el académico deben verse también los mecanismos de control que desde el bachillerato se está haciendo en la elaboración de los diplomas. 

Aunque no especificó cifras, reconoció que han habido casos en los que también se han falsificado notas y títulos con el sello de la Upoli. Por ello, tanto desde el CNU como con el Ministerio de Educación (Mined) con revisiones aleatorias para confirmar la legalidad de los documentos que llegan a la universidad.

Sugieren nueva ley que reglamente titulación de profesionales

PROPUESTA • El presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el decano de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) coinciden  en señalar que la falsificación de títulos no es exclusivo de los egresados de la carrera de Derecho. 

“Yo creo que hay que revisar la totalidad, no es el gremio de los abogados el que está causando los grandes problemas. Con esto no estoy diciendo que haya títulos falsos en las otras carreras, pero creo que debe hacerse una revisión general, una ley general de títulos, por ejemplo que regule y evite que se estén falsificando los documentos oficiales que el Ministerio de Educación o la universidad emite. Si hacemos esto, le damos más seguridad a la ciudadanía de que el ejercicio de las profesiones de medicina, de abogados, de arquitectos, son de calidad porque provienen de universidades en las que las personas se formaron, se prepararon para eso y eso da un crédito, da certidumbre y seguridad que no te están estafando”, expresó Castillo. 

En tanto, Telémaco Talavera manifestó que se están realizando gestiones para analizar la necesidad de una nueva ley de títulos académicos que dé más seguridad a los diplomas de cualquier carrera.

“Tenemos que especificar las garantías no importa de qué carrera se trate ni la universidad, y eso estamos discutiéndolo”, agregó. 

La voz

Ricardo Flores: abogado y catedrático. “La revisión de quienes se incorporan como abogado es algo que debió haber iniciado hace mucho tiempo la Corte Suprema de Justicia”.

Socorro Meléndez: abogada.“Yo no me opongo a que nos revisen, porque no tengo nada que ocultar, que limpien (el sistema) de leguleyos”.

Ramón Rojas: abogado y catedrático.“Es correcto que revisen los expedientes de los abogados, porque se están dando muchos casos de falsos profesionales del Derecho y eso afecta la fe pública y también a las instituciones”.

Aracely España: abogada. “Es correcto que la CSJ revise los expedientes (académicos) de todos nosotros para que sea transparente el ejercicio de la abogacía”.

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