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Freddy Bravo Gómez, quien había sido enviado a juicio recientemente por falsificar la firma del procurador general de la  República, Hernán Estrada, también tendrá que sentarse en el banquillo por haber engañado a Alberto Pereira Vargas, al hacerle creer que le legalizaría  dos propiedades en Somotillo, Chinandega y por las cuales cobró US$350.  En este caso, el acusado habría falsificado documentos de la Procuraduría General de la República (PGR) y las firmas de Víctor Urcuyo, superintendente de bancos y del notario tres del Estado, Apolinar Vanegas López.

PGR protesta

En relación a esta acusación, la Procuraduría expresó su inconformidad porque el  juez suplente Quinto Local Penal de la capital,  Mauricio Arauz Tórrez, admitió el escrito acusatorio a medias, al remitir al acusado a juicio únicamente por uso de falsos documentos y rechazó la imputación por el ejercicio ilegal de la profesión  de abogado.

La PGR respalda  su acusación con una constancia extendida por el secretario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rubén Montenegro, donde se asegura que Freddy Bravo Gómez no  es abogado.

Sin embargo, el juez Mauricio Arauz desestimó esta prueba y emplazó al representante de la PGR a que le mostrara la ley donde de manera expresa se indique que únicamente los abogados pueden hacer trámites para legalizar propiedades.

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