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El exjuez suplente Freddy Américo González Rivas y el abogado Ronald Javier Acuña Quintanilla, junto a tres personas más, son parte de la lista de acusados que presentó la Fiscalía por tráfico de tierras del Estado ayer en los juzgados capitalinos. Los cinco acusados fueron presentados ante el juez Julio César Areas, del Juzgado Quinto Penal de Audiencia, por los delitos de crimen organizado, estafa y uso de falsos documentos.

Junto a González Rivas y Acuña Quintanilla fueron acusados Francisco Martínez López, Mario Roberto Cardenal Blanco y Carlos Adán Aguirre, estos últimos tres eran líderes de las cooperativas 22 de Enero, Manos Solidarias, Milagro de Dios y Fundación de Veteranos de Guerra. 

Hechos

“Desde marzo del 2014 hasta septiembre 2016, con la finalidad de obtener, bajo engaños, beneficios económicos por ventas de fincas ficticias de terrenos del Estado de Nicaragua, los acusados se distribuyeron funciones: González Rivas se encargaban de proporcionar información y ubicación de los bancos de tierras, y los acusados  Aguirre, Martínez y Cardenal ofrecían a las víctimas lotes bajo los engaños que ellos mismo fabricaban y así obtener dinero”, aseguró el fiscal auxiliar Félix Hernández en la audiencia preliminar.

“El acusado González Rivas, exfuncionario público de la Procuraduría General de la República (PGR), mantenía en su casa un ortofotograma, que son imágenes satelitales de bancos de tierras del Estado que utilizaba cuando fungió como funcionario público, siendo uno de ellos la propiedad La Chaparrona, ubicada en el kilómetro 9 carretera a Ciudad Sandino”, agregó el fiscal.

Según la acusación, Ronald Javier Acuña Quintanilla, Freddy Américo González Rivas y Francisco Martínez López “ofrecen venderles titulación a socios de la cooperativa 22 de Enero Ayuda Mutua en julio de 2015, y les dicen que para hacer esos trámites necesitan US$6.000, sin embargo, en noviembre del mismo año se encuentran con el verdadero dueño de la propiedad, por lo que buscan otra y ofrecen una ubicada en el kilómetro 20 carretera Nueva a León”. En esa ocasión reclutan a Carlos Aguirre, otro de los acusados.

“La familia Calero estaba en posesión de ese terreno ubicado en el kilómetro 20 carretera Nueva a León, y los acusados Acuña Quintanilla y Aguirre llegan a un acuerdo con ellos de lotificar la propiedad, sabiendo que pertenecía al Estado y no podía ser lotificada ni vendida. Hicieron una escritura pública y hacen creer a las víctimas que ya eran los dueños y que cada terreno lotificado le costaría 600 dólares”, agregó el fiscal.

Según el libelo acusatorio, en marzo de 2016,  Acuña Quintanilla, Aguirre y Martínez se reúnen con Mario José Cardenal, secretario de Ciudad Sandino para la Fundación Los Cachorros y también acusado para  buscar un enlace en la PGR, y logran contactarse con Horacio José  Castillo López, coordinador de la Unidad de Atención en Conflicto de la Propiedad.

Más: A juicio por traficar con tierras

“ (Castillo López) les advierte que esas tierras pertenecen al Estado y que no pueden andar lotificando ni andar cobrando dinero en venta de esas tierras. Haciendo caso omiso, los acusados continúan recogiendo información en el Registro de la Propiedad, utilizando planos catastrales, insertan documentos o información falsa como sellos, firmas de la Procuraduría, para hacer creer a las víctimas que ya estaban haciendo trámites de legalización de los terrenos”, dijo el representante de la Fiscalía.

Piden arresto domiciliar

Jonny Navarro, defensa del exjuez suplente, solicitó para su cliente medidas alternas a la prisión preventiva y puso en garantía una propiedad de US$60,000, la restricción migratoria, presentación periódica al juzgado y a su esposa como custodia personal, pero fue rechazado por el juez, quien decretó la prisión preventiva a él y los demás acusados. El exjuez suplente pidió la palabra y dijo que solo cumplía con ofrecer sus servicios profesionales. Mientras que Roberto Mendieta, defensa del resto de acusados, pidió que sus clientes sean valorados por médicos forenses, lo que sí fue admitido por el judicial.

7 víctimas contabiliza la Fiscalía.

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