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Entre una bolsa de productos perecederos el dos de enero de 2008 Priscila intentó introducir marihuana al Centro Penal de Alajuela, Costa Rica. Era la primera vez que cometía el hecho y lo hizo por pura necesidad: estaba desempleada y era madre soltera de cuatro hijos a los cuales no tenía qué darles de comer.

Por introducir la droga le pagarían US$100 y en ese momento tenía dos meses acumulados de renta y debía pagar la colegiatura de sus hijos. Por ese “error” como lo llama Priscila, fue sentenciada a ocho años de prisión tomando encuenta que no tenía historial delictivo. Sus hijos de diez, siete, tres y un año de edad respectivamente, quedaron bajo la tutela de su mamá. Sin embargo, Priscila solo estuvo recluida por cinco años y cuatro meses debido a que en el año 2013 fue aprobado un proyecto de ley que agregaba un apartado (bis) al Artículo 77 de la Ley 8204 de Costa Rica que reduce las penas por introducir drogas en centros penitenciarios, que eran de entre 8 a 20 años por penas de entre 3 a 8 años. El beneficio fue otorgado a  mujeres detenidas que se encontraran en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y fueran madres de menores de edad. Priscila contó su historia durante la VI Conferencia de Políticas de Drogas en América Latina y I Conferencia Caribeña realizada en Santo Domingo, República Dominicana, realizada la primera semana de este mes.

El evento, organizado por el consorcio Confedrogas, apuntó a abrir una nueva visión enfocada a disminuir la sanción e impulsar la salud y los derechos humanos de las personas que caen en el delito de tráfico de sustancias controladas. Nischa Pieris, especialista en género y parte  de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó durante la conferencia que hay un aumento alarmante en América Latina de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas. "En algunos países supera el 70% de la población carcelaria”, dijo. Con la aprobación de esta iniciativa unas 150 mujeres fueron liberadas en Costa Rica durante la primera etapa de implementación y más de 450 menores se reencontraron con sus mamás, según Zhuyem Molina Murillo, de la Defensa Pública de Costa Rica

“Las mujeres que eran detenidas recibían la misma pena como si fueran las cabecillas de un cártel o como si estuvieran sacando droga a Europa, era absolutamente desproporcional. Por eso redactamos la propuesta legislativa que más que estar centrada en las sustancias estaba centrada en las historias de las mujeres y sus derechos de las personas y logramos que les redujeran las penas”, explicó Molina Murillo.

Invertir en prevención 

Aldo Lale-Demoz, director ejecutivo adjunto de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, consideró esta “es una problemática que requiere prevención, tratamiento y atención basados en evidencia, donde el castigo, más allá de vulnerar los derechos humanos, no ha arrojado resultados positivos; más bien tiende a empeorar la situación en materia de adicciones y cohesión social”. Pablo Cymerman, coordinador general de la conferencia comentó que “muchos gobiernos de América Latina han destinado una gran cantidad de recursos en políticas represivas en vez de dirigir esfuerzos a mejorar la condición humana. Miles de personas en su mayoría mujeres pobres han sido encarceladas por delitos menores y no violentos”. La ministra de la Mujer de República Dominicana, Janet Camilo, comentó que la lógica de la mayoría de los gobiernos es la penalización de delitos del narcotráfico, sin considerar medidas alternativas como la prevención y la educación respecto al tema. Camilo sugirió que las mujeres que introducen drogas a los penales de América Latina deberían tener otro tipo de sanciones. “Que su delito no sea olvidado ni perdonado, pero que sea tratado con un enfoque hacia sus derechos”, refirió.

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En Nicaragua

En el país no existen datos exactos de cuántas mujeres son detenidas por este delito al año. Pero de los 30 casos de transporte, tráfico y posesión de marihuana que fueron registrados en Chinadega durante el primer semestre de este año, 14 de ellos corresponden a detenciones de mujeres que han sido utilizadas para distribuir marihuana en el occidente del país. 

En el Juzgado de Audiencia especializado en violencia de Tipitapa, entre el 2013 y finales de mayo de 2014 se contabilizaron 50 casos de mujeres que intentaron entrar con droga al penal. Las que admitieron los hechos fueron sentenciadas a cuatro años y 133 días de multa. Según el Artículo 358 del Código Penal, por este delito la pena máxima es de ocho años de prisión y de 100 a 300 días de multa.

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8 añosde cárcel es la pena máxima en Nicaragua por introducir drogas a  centros penales.

14 mujeres detenidas en el primer semestre de este año en Chinandega por distribuir marihuana.

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