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La directora nacional de la Defensoría Pública de Nicaragua, Clarissa Indiana Ibarra, estimó ayer que actualmente hay 120 causas contra adolescentes que están siendo atendidas por ese órgano del Poder Judicial.

Entre las principales causas por las que los adolescentes son procesados están los robos con fuerza, robos con intimidación, tráfico de drogas y violencia juvenil.

Sin embargo, “los menores que infringen la ley son muy pocos en comparación con los adultos y muy pocos del total de adolescentes procesados son condenados”, aseguró la funcionaria. 

“En la mayoría de los casos se trata de evitar la cárcel porque así lo manda el Código de la Niñez y la Adolescencia, y lo que se hace es buscar medidas alternas donde la víctima, y en este caso el victimario, salgan beneficiados. También se trabaja la parte de la prevención del delito y la no reincidencia”, explicó Ibarra.

Las causas atendidas por la Defensoría Pública estarían distribuidas en las 18 sedes departamentales del órgano judicial, y atendidas por los 27 defensores especializados en adolescentes que existen en el país.

Manual

Durante el décimo primer Encuentro Nacional de Defensores Públicos, realizado ayer en Managua, fue presentado el Manual de Defensa Pública en Materia de Adolescentes para “fortalecer la atención en justicia a este grupo de la población”, precisó Ibarra.

Juan Pablo Sánchez, representante legal de la Fundación Terre des Hommes —que colaboró para la elaboración del documento—, indicó que este manual no es una ley, “pero sí una directriz a aplicar que aporta a la visión de los defensores en cuanto a la especialización y contribuye al fortalecimiento institucional del Estado”.

“También tiene un gran impacto puesto que a un adolescente detenido no puede tratársele como a un adulto, por el contrario, tiene todos los derechos de una persona adulta, más los que se le otorgan por ser adolescente, y este manual apunta a que esos derechos sean garantizados durante todo el proceso de defensa”, agregó.

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En la página 20 del Manual de Defensa Pública en Materia Adolescente, se especifica que "el acto transgresor no convierte al adolescente en un adulto ni permite considerarlo como un sujeto de precoz madurez. Por el contrario, la conducta infractoria es signo de inmadurez y de la existencia cierta de conflictos sociales, familiares y personales no resueltos".

El Manual de Defensa Pública Adolescente no pretende sobreproteger a los adolescentes, sino reconocer que en su estado de desarrollo personal necesitan la especial protección de los adultos. Se trata de proteger sin anular". Atilio Álvarez, experto en justicia juvenil restaurativa.

Atilio Álvarez, experto en justicia juvenil restaurativa, indica en el manual que con la creación del documento "no se pretende sobreproteger a los adolescentes, sino reconocer que en su estado de desarrollo personal necesitan la especial protección de los adultos. "Se trata de proteger sin anular", advierte.

Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia,  refirió que todo lo que el manual contempla, beneficiará directamente en materia de justicia restaurativa a los adolescentes como un grupo vulnerable. “En estos casos las penas que se solicitan son mínimas, lo que es privación de libertad se aplica en casos extraordinarios y se priorizan las medidas alternativas”, dijo. Clarissa Indiana Ibarra.

El proceso de elaboración del manual duró tres años y el documento cuenta con 116 páginas. Uno de sus objetivos es "fortalecer en todo el país una posición homogénea y coherente de los defensores públicos en todas las etapas del proceso penal especial de adolescentes".

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Asimismo, pretende suministrar al defensor público información jurídica especializada y sistemática de carácter didáctico, que sea de utilidad para la interpretación y aplicación de las normas en materia de niñez y adolescencia.

El manual también establece diferencias entre un peritaje y un estudio biosicosocial. Indica que un peritaje representa un medio de prueba documentada en juicio, en cambio un estudio biosicosocial no lo es bajo ningún supuesto. 

Especialización 

En Nicaragua solo existen 27 defensores públicos especializados en adolescentes, por lo que según Juan Pablo Sánchez, es necesario promover la especialización. Propuso la creación de un posgrado en materia de defensa adolescente en el que la Fundación Terre des Hommes estaría dispuesta a colaborar.

“La idea consiste en que a partir del próximo año se imparta un posgrado compuesto por cinco módulos de 160 horas presenciales en total para todos los actores de justicia, como jueces, defensores, fiscales y policías. Eso serviría no solo para acreditarlos como especialistas, sino también para fortalecer el conocimiento en materia de atención adolescente y mejorar el servicio”, aseguró.

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