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Hasta el 21 de octubre de este año el Instituto de Medicina Legal (IML) realizó un total de 1,127 pruebas de ADN para determinar la paternidad de igual número de hombres de todo el país.

La cifra obtenida a dos meses de culminar este año, se aproxima a la misma cantidad de pruebas de ADN realizadas por el IML durante todo el 2015, que fue de 1,444 pruebas de paternidad.

Concepción Sánchez Toruño, defensora pública de la familia en Managua, explica que la importancia de las pruebas de ADN radica en  determinar quién es el papá o la mamá de un niño, niña o adulto, lo que le garantiza un sinnúmero de derechos partiendo de la identidad.

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La funcionaria estima que en un 80% de los casos los hombres están dispuestos a realizarse la prueba. “Con la otra parte de hombres que se muestran renuentes a realizarse la prueba de ADN, lo que se hace es darles un máximo de dos citatorios, como lo indica la ley, a veces hacemos tres, y si no se presenta, entonces se le otorga automáticamente la paternidad del menor”, explica Concepción Sánchez Toruño.

Según la defensora, una prueba de ADN cuesta entre 250 y 300 dólares. En el caso que un hombre o mujer se haya negado a realizarse la prueba y el resultado es positivo, entonces esa persona asume los costos.

El artículo 211 del Código de la Familia establece que si el padre niega la paternidad y resulta positiva, él deberá pagar la prueba. En cambio, la pagará la madre cuando ella solicita el examen y resulta negativa. 

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“El Estado asumirá una sola vez el costo de la prueba de ADN; una vez comprobada por el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, la situación de pobreza del presunto padre y de la presunta madre”, establece el citado Código. 

El artículo 574 de la norma citada establece que cuando se presenta el presunto padre a la cita hecha por el registrador o registradora del Estado Civil de las Personas, negando la paternidad y además, rechaza practicarse la prueba de ADN, “el registrador procederá a declarar la presunción de la paternidad y reconfirmará al hijo o hija con los apellidos de ambos progenitores, quedando firme dicha declaración administrativa otorgándoles las obligaciones legales, propias de la paternidad”.

Millones por pensiones

La Defensoría Pública de Nicaragua, en materia de familia,  logró a nivel nacional sentencias que ordenaron el pago de más de 30.8 millones de córdobas en pensiones alimenticias en el primer semestre de 2016, según un informe de la institución.

“El trabajo de la Defensoría significó la restitución del derecho a recibir alimentos a un total de 5,895 niños, niñas y adolescentes, logrando sentencias que ordenaron el pago de 30.8 millones de córdobas en pensiones alimenticias”, destaca el documento.

De acuerdo con las estadísticas de la institución, en el semestre pasado la Defensoría atendió a nivel nacional 10,297 nuevos casos de familia. 

Los datos de la Defensoría indican que la delegación departamental de Managua  logró en ese semestre sentencias que ordenaron el pago de  6.3 millones de córdobas en alimentos que beneficiaron a 667 niños, niñas y adolescentes.

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30.8 millones de córdobas en pensiones legró la Defensoría Pública en el primer trimestre de 2016.

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