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Los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR) dejaron en evidencia su inconformidad al conocer que el exregistrador del Estado Civil de la Personas de Nandasmo, Alí López Garcia, únicamente fue sentenciado a 18 meses de prisión por los delitos de asociación para delinquir y uso de falso documento

La decisión del juez suplente Quinto Local Penal de la capital, Mauricio Aráuz será apelada por la PGR, aseguró el procurador auxiliar penal, Oscar Gutiérrez quien pidió cuatro años de prisión para Ali López sentenciado por inscribir partidas de nacimiento falsas.

Hace una semana por estos mismos hechos, fueron sentenciados a penas que van de dos años y seis meses a cuatro años y seis meses de prisión los gestores Julio Arias  y  Jonathan González.

Se inculpa

Mientras que Freddy Fidel Bravo Gómez señalado de falsificar la firma del Procurador General de la República, Hernán Estrada para estafar a las madres de tres reos presos en el Sistema Penitenciario en León, se declaró culpable de los delitos de uso de falso documento y ejercicio indebido de la profesión de abogado.

En la acusación, la PGR  también le atribuyó a Freddy Bravo la usurpación de funciones pública el juez suplente Sexto Local Penal de la capital, Enrique William Larios desestimó la imputación de este ilícito.

“En este caso no hay usurpación de funciones públicas porque el reo no se presentó (antes de la víctimas) como funcionario público”, explicó el juez Enrique William Larios.

Por el uso de falso documento la pena máxima es de tres años y el ejercicio indebido de la profesión de abogado es una multa equivalente a 300 días del salario mínimo del sector industrial.

Víctimas indefensas

Yamileth Santana, una de las madres presumiblemente estafadas por el falso abogado, dijo que ellas pagaron 30 mil córdobas al falso abogado para que les sacara a su hijos de la cárcel donde purgan condenas de cinco años de prisión por robo agravado.

“Que él (Freddy Gómez) se haya declarado culpable por uso de falso documentos no nos ayuda en nada a nosotros”, se lamentó Santana una de las tres madres presuntamente estafadas, pues considera que el delito del que fueron víctimas quedará sin castigo.

3 años de cárcel es la pena máxima por el uso de falsos documentos según el Código Penal.

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