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De un total de 3,793 delitos en materia de violencia contra las mujeres reportados el año pasado por la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial, el 55% corresponde a incumplimientos por deberes alimentarios.

Los datos fueron proporcionados ayer por Silvia Ruth Hernández, de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en relación con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, explicó que los jueces de familia ordenan el pago de pensión, pero cuando se trata de cumplir con la orden los hombres alegan no tener la capacidad económica para pagar.

El Código Procesal Penal, dijo Ramos, prevé que la omisión deliberada de prestar alimentos a los hijos es un delito que merece una pena. “En la práctica lo que nosotros hemos visto es que si (la mujer) no echa preso al hombre, aunque sea un día, no paga. No sé por qué los jueces de familia dejaron de emitir órdenes de captura para los hombres que incumplen sus deberes alimentarios”, cuestionó.

Lo que ocurre con estos hombres, según Ramos, es que “se hacen los que están en la calle, no tienen, esconden los bienes o los traspasan y los que no tienen bienes hasta han dejado de trabajar para que no les embarguen el salario y no pasarles a los hijos". 

Consideró ese comportamiento masculino como “terrible” y dijo que es una forma de vengarse contra las mujeres “porque somos las que tenemos los hijos y es también una forma de violencia económica y patrimonial. Es la que más usan los hombres para mantener subordinada a la mujer”.

Por su parte, Silvia Ruth Hernández aseguró que “la falta de incumplimiento de esta obligación por parte de los hombres es una agresión a las madres que tienen menos posibilidades de generar recursos económicos al dedicarse al cuido y manutención de los hijos y es una forma de violencia que provoca un mayor nivel de pobreza”.

No sé por qué los jueces de familia dejaron de emitir órdenes de captura para los hombres que incumplen con sus deberes alimentarios". Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ

PENSIONES MUEVEN MILLONES

La Defensoría Pública de Nicaragua, en materia de familia,  logró a nivel nacional sentencias que ordenaron el pago de más de 30.8 millones de córdobas en pensiones alimenticias en el primer semestre de 2016, según un informe de la institución.

“El trabajo de la Defensoría significó la restitución del derecho a recibir alimentos a un total de 5,895 niños, niñas y adolescentes, logrando sentencias que ordenaron el pago de 30.8 millones de córdobas en pensiones alimenticias”, destaca el documento.

De acuerdo con las estadísticas de la institución, en el semestre pasado la Defensoría atendió a nivel nacional 10,297 nuevos casos de familia. 

Los datos de la Defensoría revelan que la delegación departamental de Managua  logró en ese semestre sentencias que ordenaron el pago de  6.3 millones de córdobas en alimentos que beneficiaron a 667 niños, niñas y adolescentes.

Hasta el 21 de octubre de este año, el Instituto de Medicina Legal (IML) realizó un total de 1,127 pruebas de ADN para determinar la paternidad de igual número de hombres de todo el país.

La cifra obtenida a dos meses de culminar este año se aproxima a la misma cantidad de pruebas de ADN realizadas por el IML durante todo el 2015, que fue de 1,444 pruebas de paternidad.

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