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César Ernesto Salazar Grande declara ser un fiel creyente de las bondades de la integración de Centroamérica, que se propuso impulsarla desde cuando inició sus estudios de derecho en la Universidad Centroamericana de El Salvador.

“Es importante motivar el conocimiento de la jurisdicción y la posibilidad que nosotros tenemos de ayudar al ciudadano común para que puedan llegar a la Corte”, dice el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) al conversar con El Nuevo Diario.

¿Qué trabajo desempeñaba antes de ocupar la presidencia de la CCJ? 

Desde el 2003 trabajé en la Secretaría General del Sistema de  Integración Centroamericana (SICA) como asesor jurídico; trabajé como director jurídico de dicha secretaría y atendí foros de ministros, de presidentes, entre otros foros especializados. He estado apoyando los temas de integración desde hace 15 años.

¿Cómo llega a la Corte regional?

De acuerdo al tratado de la Corte Centroamericana de Justicia, los magistrados los elige la Corte Suprema de Justicia de El Salvador o del país que corresponda. En esta ocasión, por primera vez en El Salvador, se decidió someter a concurso las plazas para magistrados, entonces se hizo un concurso público en diciembre del año pasado, presenté mis documentos, hubo una evaluación de un tribunal y obtuve 13 votos de 15 en la elección. En abril ya estaba en Nicaragua, pero por mi trabajo en el SICA he estado acá muchas veces participando en foros y como docente en la Universidad de León,  impartiendo la maestría de Integración Regional, una maestría regional que también se imparte en la UCA de El Salvador y en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

¿Cuál es la mejor parte de su trabajo en el SICA?

Llevar los consensos, porque es un poco complicado que los funcionarios entiendan que tienen que buscar el bien común regional y que se despojen de los intereses nacionales para buscar el bien común y la respuesta a problemas comunes dentro de varios estados. Esto es difícil porque los funcionarios normalmente asumen una función de proteccionismo y de interés nacional y, entonces, en el concierto regional es difícil separarlos de eso. A veces la respuesta colectiva es mejor, por ejemplo, el problema de salud, que es un tema donde una enfermedad infecto-contagiosa no se detiene con una frontera administrativa; entonces, la prevención que debe haber, tiene que ser acordada por todos.

¿La experiencia en el SICA es aplicable al trabajo en la CCJ?

Por su puesto, precisamente porque ayudé a los foros de ministros y sectoriales de la integración económica agrícola, en salud, en  educación, entre otras, a hacer derecho comunitario, ayudé a formular el derecho que precisamente materializa los acuerdos de integración regional, y eso me da la oportunidad de tener un amplio conocimiento en lo que es toda la normativa regional. Ahora mi función cambia, de asesor a hacer legislación, ser juez en la interpretación y aplicación del derecho comunitario.

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¿Cuánto ha avanzado el derecho comunitario en Centroamérica?

Mucho, a pesar de que hay consejos de ministros que todavía están inactivos. El consejo de ministros de integración económica ha dictado más de 200 reglamentos comunitarios, llámese reglamentos de normas sanitarias, fitosanitarias, hidrocarburos, arancelarios, todo es derecho comunitario. Ese derecho es el que colisiona con el derecho interno de los Estados, porque los requisitos sanitarios de un Estado tienen que verse enfrentados con el derecho regional. No es cierto que una integración implica eliminar toda la normativa sanitaria de un país, al contrario, hay que homologarla y se homologa a través de normativas regionales. En materia de salud hay como cinco reglamentos comunitarios, en materia de pesca y acuicultura hay nueve reglamentos comunitarios, en materia migratoria hay solo un reglamento.

¿La CCJ representa un contrapeso para las buenas prácticas de la comunidad regional?

Si queremos que la comunidad centroamericana camine de manera segura y con relaciones de confianza, debe existir el pilar jurisdiccional, que es la CCJ, que está para velar por el cumplimiento del derecho y para interpretar y aplicar debidamente ese derecho. El peso que tiene un pilar jurisdiccional es su independencia y precisamente es el que debe de sostener con todas sus fuerzas, porque los estados requieren de un pilar fortalecido que muestre independencia para interpretar y aplicar justicia, no importando cuál sea el caso que se presente, económico, político, de seguridad o de ambiente. Somos un órgano político porque somos parte de una comunidad de derecho y somos un contrapeso a lo que los gobiernos hacen, sentencia que se da, es sentencia cumplida, no se puede objetar. 

El proceso incluyente a todos los sectores, como el derecho que se crea en los consejos de ministros, afecta a todas las personas naturales y jurídicas. Las personas naturales y jurídicas tienen la opción de ir a la CCJ. Un ciudadano que crea que la tutela de su derecho no ha sido cumplida, también puede tutelar su derecho ante la CCJ de manera directa. Tenemos ya una normativa regional para establecer los requisitos sanitarios de los productos originarios, como puede ser la leche y el queso. 

¿Qué pasa si un país incluye un requisito no acordado entre los países de la región? Entonces, puede presentarse un reclamo de Estado contra Estado, o de empresa contra Estado.

¿Cuál es su propuesta como presidente de la CCJ?

Fortalecer a la Corte en el aspecto educativo formativo de quienes la integramos y de los jueces nacionales, fortalecer la divulgación jurídica con publicaciones jurídicas y fortalecer el aspecto jurisdiccional, que es el más importante, gestionando la incorporación de los Estados que aún no integran a la CCJ. También es importante motivar el conocimiento de la jurisdicción y la posibilidad que nosotros tenemos de ayudar al ciudadano común para que puedan llegar a la Corte. No tenemos casos muy antiguos, el más antiguo es del 2011. Los casos que tenemos son de reciente data, en este momento son 11 casos que están abiertos. La Corte mantendrá las capacitaciones, abrimos recientemente el portal (web) después de cuatro años de no funcionar.

El 14 de octubre, el día de la integración, inauguramos el nuevo portal, ya se puede consultar ahí quiénes son los magistrados, qué sentencias hay. Hay un centro de documentación donde ustedes pueden consultar cualquier caso abierto y también resuelto por la Corte, hay una página sobre transparencia y se publica el tema de las finanzas de la CCJ.

Una vez concluido su período de un año, ¿cómo le gustaría dejar la presidencia de la CCJ? 

Somos un todo y quiero dejar fortalecida a la Corte gestionando la incorporación de Guatemala, me parece que el otro año se incorpora. Fui a Guatemala varias veces, he estado con los jefes de bancadas (del Parlamento) de Guatemala y no hubo ninguna opinión negativa; he estado con el presidente Jimmy Morales, entre otros representantes y todo apunta a que se incorporan en enero, y esto  fortalecerá a la Corte, porque si se incluye Guatemala, seguro que abrimos la primera sala comercial en la Corte.

Eso sería el ideal de mi cierre de año. Al crearse  salas, se crea una doble instancia, permite que haya una sala especializada, pero que también haya una instancia donde se puede apelar; en estos momentos solo existe una instancia y esto provoca un poco de desconfianza, porque dicen: un solo tribunal, una sola instancia, yo no puedo reclamarle a nadie una resolución. Por el momento la CCJ la componen dos magistrados de Nicaragua, dos de Honduras y dos de El Salvador, y si entra Guatemala, llegamos a ocho magistrados y se podría fortalecer la estructura de la Corte, porque además habrá más apoyo económico. Tendríamos entonces una sala económica especializada, que sería la primera instancia, y luego la Corte plena con los ocho magistrados.

¿Y Costa Rica, República Dominicana y Panamá? ¿Cuándo podrían entrar a la CCJ?

Costa Rica está plenamente integrada a Centroamérica. En los foros en que he participado, Costa Rica ha apoyado de fondo todas las decisiones que se han tomado por Centroamérica. Han adoptado reglamentos comunitarios, igual que todos los centroamericanos, y por lo tanto están bien metidos en el proceso, aunque no son parte de la Corte. Lo que la CCJ resuelva, les aplica a ellos porque lo que la Corte resuelve causa doctrina legal y esa doctrina es para toda la región. Ellos alegan un problema de competencia de la CCJ, porque la Corte puede resolver conflictos entre poderes y ellos dicen que esto choca con su Constitución.

Es un problema que no se ha logrado superar, pero seguiremos promoviendo que asuma las magistraturas en la CCJ. En cuanto a Panamá, esperamos que se incorpore a la brevedad, igual que República Dominicana, donde el tema debe ser dirimido en el Parlamento, en la Cámara de diputados y Corte Constitucional, todo un proceso que puede durar uno o dos años. Debemos mencionar que Dominicana se incorporó hace poco al SICA. En el caso de Panamá, es más difícil; Republica Dominicana le lleva una gran ventaja a Panamá, porque Dominicana ya tenía un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y era parte del DR-Cafta y Panamá no. Panamá está más lejos que los mismo dominicanos en  estos temas, pero en ambos países hay dictámenes positivos para su incorporación a la CCJ.

¿Cuál puede ser la piedra en el zapato?

Ninguna, ninguna piedrita en el zapato, tenemos que ser optimistas, siempre vamos para adelante, creemos en el proceso de la integración y la CCJ es el eslabón para que funciones bien el proceso.

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