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Moisés Isidro Lazo Ramírez, procesado por suministrar energía eléctrica de forma ilegal a un grupo de comerciantes del mercado Oriental, podría ser condenado hasta a tres años de cárcel.

El consumo ilegal de energía eléctrica en Nicaragua está penado desde diciembre del año 2013, cuando entró en vigencia la reforma al artículo 236 del Código Penal.

Antes de esa fecha, este delito solo era castigado por la vía administrativa con una sanción pecuniaria y llegaba a juicio civil si la empresa distribuidora y el consumidor no lograban establecer a un arreglo de pago.

En la actualidad, el delito de aprovechamiento indebido del fluido eléctrico—tal como lo establece el Código Penal—es castigado con penas de prisión de 1 a 3 años y con 100 y hasta 300 días multa.

En concreto, la ley establece: “Quien por medio de una conexión ilegal o alterado los sistema de control y mediación, obtenga o utilice para sí o para un tercero, los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones u otros servicios públicos, con perjuicios para la empresa suplidora o de otros usuario, por un monto mensual igual o superior a tres salarios mensuales del sector industrial, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años y de cien a trescientos días multa.

Un caso especial

El mercado Oriental, el centro de compras más grande ce Centroamérica, es uno de los puntos donde más se registran conexiones ilegales, mismas que en varias ocasiones han desembocado en incendios de grandes magnitudes.

A mediados de 2015, la empresa distribuidora TSK, conocida como Disnorte-Dissur, calculó que el consumo ilegal de energía eléctrica en el mercado Oriental, donde se concentran más de 20 mil tramos, deja cada mes al menos C$3.2 millones en pérdidas.

El último caso trascendental fue el registrado el pasado 14 de mayo, cuando una conexión indebida produjo un siniestro que arrasó con 208 tramos en la zona 1 del mercado, cerca del llamado Gancho de Caminos.

Por esta última tragedia, las autoridades presentaron como responsable a Moisés Isidro Lazo Ramírez, contra quien la Fiscalía tiene al menos 10 testigos y diversos elementos de prueba.

Según la acusación, Lazo Ramírez proporcionaba energía a varios tramos a un precio de C$150 por semana cada uno. Inicialmente, el Ministerio Público señaló que le suministrada el “servicio” a 14 comerciantes, pero este lunes, en la audiencia inicial, rectificaron señalando que eran solo 5.

Aun así, la jueza Indiana Gallardo, titular del Juzgado Noveno Penal de Audiencias de Managua, lo remitió a juicio oral y público.

Es precisamente el sector del Gancho de Caminos donde la Asociación de Comerciantes de Nicaragua registra más conexiones ilegales, con entre 3,500 y 4000 comerciantes que consumen energía de forma clandestina, según registros hasta el año 2015.

Sin embargo, a propósito del más reciente incendio en el mercado Oriental, una fuente del sector energético reveló a El Nuevo Diario que en la zona central de este centro de compras existen entre 4,500 y 5,000 conexiones ilegales.

Cuando la Asamblea Nacional discutía la reforma para sancionar con cárcel el robo de energía, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se pronunciaron a favor de esta medida.

Y es que, para ese tiempo, el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor estimaba que al menos 200,000 personas se encontraban consumiendo energía de forma ilegal.

Solo en Managua, nueve casos que fueron judicializados entre 2013 y 2014 significaron pérdidas de C$7.6 millones, según registros de El Nuevo Diario con base en información proporcionada por el sistema judicial.

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