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En el caso del homicidio imprudente, la prisión preventiva mientras dure el proceso se aplicará solo cuando este delito se cometa en estado de ebriedad, bajo efectos de drogas o estupefacientes, explicó la Dra. Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de participar en una reunión de consulta con los diputados de la Asamblea Nacional.

La presidenta de la CSJ se reunió con los legisladores de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo y otras autoridades del país para respaldar las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y a la Ley 779.

Lo único que se modificó en la iniciativa de reforma, explicó Ramos, fue “lo concerniente a que pasará a juez técnico y bajo prisión preventiva el imputado por homicidio imprudente temerario cuando el hecho se cometa en estado de ebriedad o bajo estado de drogadicción”.

La iniciativa original de la reforma cambia el Artículo 565 del Código Penal, agregando una serie de delitos a la lista de crímenes que solo pueden ser procesados por un juez técnico y en los que, una vez aprobada la reforma, se aplicará la prisión preventiva durante dure el proceso. 

En esa lista se agregó el homicidio imprudente, pero la prisión preventiva y el juez técnico no se aplicarán “en términos generales”, sostuvo Ramos. “Cuando la pena (para el homicidio imprudente) sea de unos cuatro años no estaría bajo la circunstancia de prisión preventiva ni restringido al juez técnico”, recalcó la presidenta de la CSJ.

La pena mínima por homicidio imprudente va de uno a cuatro años de prisión y cuando está de por medio la embriaguez o drogadicción, la pena oscila entre los cuatro a ochos años de cárcel.

VOTO RAZONADO 

Los diputados dictaminaron  ayer favorablemente la reforma, pero los legisladores Jimmy Blandón y Maximino Rodríguez, del PLC, presentaron un voto razonado, porque valoran que dichos cambios “trastocan los artículos  51, 158 y 34 de la Constitución Política”, indicó Rodríguez. 

Al respecto, la Dra. Ramos indicó “que se alega que se viola el principio de presunción de inocencia, pero en todos los países del mundo sería lo mismo, porque tenemos que procesar a las personas imputadas, que son sospechosas de cometer delitos”

“Hay países donde la prisión preventiva se establece por un tiempo mayor de seis meses o de un año. Vimos recientemente en los delitos de corrupción que han sido juzgados en Guatemala, por ejemplo, donde se impone la prisión preventiva de seis meses o un año. Nosotros la establecemos por lo que dura el proceso, que en Nicaragua dura un promedio de tres meses”, observó Ramos. 

Por su parte, el comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, quien participó en la reunión de ayer,  indicó que la reforma “viene a mejorar el sistema y las políticas de persecución criminal del Estado de Nicaragua, por lo tanto, fortalece sustantivamente la seguridad de las personas”.

Se prevé que las reformas sean aprobadas por el plenario de la Asamblea Nacional la próxima semana.  Las mismas establecen un aumento de las penas para el parricidio, asesinato, femicidio, violación a menores de 14 años y violación agravada. 

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