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El día que a María Magdalena Morán le avisaron que había perdido su tierra no supo qué hacer. Las escrituras de su solar en la comunidad indígena de Samulalí, en el montañoso norte de Nicaragua, habían sido falsificadas.

La noticia fue un golpe bajo para esta campesina de 70 años cuya única propiedad era la tierra en la que sembraba maíz y frijol.

Magdalena rompió estereotipos patriarcales cuando optó por la agricultura antes que la cocina, en un país en el que la siembra es vista como un oficio de hombres.

Según el Censo Nacional Agropecuario, solo 22% de las mujeres tiene acceso a la tierra en Nicaragua.

Magdalena pudo comprar su terreno después de cuidar a su tío durante 24 años. Adquirió la tierra por 10,000 córdobas (unos 350 dólares al cambio oficial), que constituían sus ahorros.

La tierra que perdió goza de protección nacional e internacional: la Ley 445 del régimen de propiedad comunal, prohíbe la venta de territorios indígenas, pero casos como el suyo se repiten en el país.

Magdalena acusa a un dirigente indígena de falsificar los documentos para apropiarse del terreno y venderlo. Dice que parte de la venta la usó para sobornar testigos.

“Mis lágrimas las he rodado, me ha pasado algo muy grave. Yo soy una mujer sola y se aprovechan. El machismo nos ve como nada, pero de ahorita para acá se han dado a conocer los derechos de nosotras las mujeres”, dijo.

Acudió a la Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC), una organización que trabaja por los derechos de las mujeres en comunidades rurales, que la asesoró para que pudiera recuperar su terreno.

“Yo pasé hambre, soporté lluvia en las calles de Matagalpa”, a donde se desplazó para iniciar el proceso legal. “Finalmente conseguí la escritura, rescaté la tierra”, contó.

“Tengo derecho” 

Su caso retrata la situación de muchas otras mujeres de Nicaragua que luchan por tener acceso a la tierra.

Una de ellas es Silvia Elena González, madre de cuatro hijos, dedicada a la agricultura desde los 15 años, pero para cultivar el maíz y los frijoles tiene que alquilar la tierra.

“Si tuviéramos tierra propia tendríamos para nuestra comida y para los estudios de mis hijos”, lamentó González.

Sus hermanos sí tienen tierras, el hecho de que sean hombres permitió que ellos las heredaran mientras Silvia Elena se quedó sin nada por su condición de mujer.

“Yo sé que tengo un derecho, si mi hermano no me quiere dar mi parte, pondré una abogada que hable por mí. Somos cuatro hermanas y tres hermanos, pero la herencia solo fue para ellos”, afirmó la campesina.

El parlamento nicaragüense aprobó en 2010 una ley para garantizar a las campesinas el acceso a tierras, pero ninguna mujer ha conseguido una parcela, denuncia la Coordinadora de Mujeres Rurales, una organización civil que exige el cumplimiento de la normativa.

María Teresa Fernández, de la Coordinadora, aseguró que proveer fondos para las campesinas no ha sido una prioridad.

La Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales buscaba compensar la desigualdad causada por la reforma agraria durante la Revolución Sandinista, en la década de 1980, que benefició masivamente a los hombres, y destinó a las mujeres solo 8% del suelo.

La Coordinadora de Mujeres Rurales promueve que el Gobierno destine los fondos señalados en la ley. “Es un acto de justicia, estamos demandando un marco jurídico ya aprobado, no estamos contra la ley”, afirmó Fernández.

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