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Carmen Paz* no olvidará el día en que fue con su pequeña hija de seis meses al Instituto de Medicina Legal (IML) para hacer una prueba de ADN. El 15 de diciembre del 2014, Carmen y su expareja, a pesar de que habían tenido una relación por más de tres años, se encontraban en medio de una disputa legal; él se rehusaba a reconocer como suyo al bebé.

“Yo lo demandé y como no llevaba su apellido me dijeron en los juzgados que tenía que hacerle una prueba de ADN, además él lo solicitó. Primero nos habían dicho que yo tenía que pagar los US$250 por ser quien demandaba, sin embargo, como soy de escasos recursos mi abogado introdujo un escrito explicando eso y fue así que la prueba fue asumida por el Estado”, explicó Paz.

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es el ácido que contiene las instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de todo ser vivo, también contiene la información hereditaria. La prueba de ADN consiste en extraer al supuesto hijo o hija y al supuesto padre una gota de sangre para analizarla y comparar la secuencia de información genética de ambos. Es una prueba segura e inequívoca.

En el caso de Carmen, los resultados de la prueba le fueron entregados cinco meses después de practicársela y arrojaron un 99.9% de certeza, es decir, su pareja era efectivamente el padre biológico.

“Con los resultados del examen, después de tres meses concluyó el juicio, en el que se asignó también la pensión de C$6,000 mensuales para la niña, pero en la sentencia no incluía otros ingresos tales como aguinaldo ni pago de retroactivo, por lo que decidí apelar esos dos componentes, con la apelación se estableció que se pagaría un retroactivo de C$24,000 en el lapso de un año”, dijo Paz. 

Según cifras del Instituto de Medicina Legal (IML), contenidas en la memoria 2016 del Poder Judicial, el año pasado los análisis de ADN contribuyeron a esclarecer la paternidad en 1,013 casos.

Asidero legal

El juez José Ramón Barberena, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Familia, explica que según el Código de la Familia, la maternidad se prueba con dos cosas: con el embarazo y con la identidad del niño. Mientras que en el caso de la paternidad se prueba con el reconocimiento del hijo o hija.

“Este reconocimiento es meramente voluntario cuando no existe duda de paternidad o se puede ser forzoso cuando se establece su duda sobre esa paternidad”, explicó Barberena.

El judicial agrega que en los juicios por filiación, como se conoce a estos procesos, se investigan tanto la maternidad como la paternidad o las impugnaciones, cuando están de por medio los derechos de los niños, derecho a conocer su origen, derecho a tener una identidad, derecho a conocer a su padre y a su madre y a relacionarse con ellos. La base legal de este fundamento es  la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 78 de la Constitución Política de Nicaragua y el artículo 200 del Código de la Familia.

“El artículo 78 de la Constitución establece que en Nicaragua se promueve la paternidad y maternidad responsable, y que el derecho a investigar la maternidad y la paternidad es algo que tenemos todos los ciudadanos”, dijo Barberena.

Agregó que hoy en día en la práctica las madres han quedado con dos posibilidades para reclamar esos derechos para sus hijos, uno en el registro civil mediante la filiación administrativa y la filiación judicial que se realiza en los Juzgados de Familia a través de un juicio.

En este sentido, según cifras oficiales de Managua de los Juzgados de Familia, en el primer semestre de este año han ingresado un total de 214 causas de filiación, 167 casos menos de los que ingresaron durante el primer semestre del año pasado.

“Esto significa que desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo han entrado casi 40 demandas mensuales, generalmente versan en las investigaciones de paternidad o a veces se complementan con impugnaciones de paternidad”, mencionó Barberena.

Pero ¿cuál es la diferencia entre investigación de paternidad e impugnación? El juez Luis Miguel Benavides, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Familia, explica que la investigación se da cuando no existe una paternidad reconocida o una paternidad propiamente existente.

“Cuando solamente ha sido el hijo reconocido por la madre y no cuenta con un apellido paterno, entonces se procede a una investigación. Mientras que la impugnación es cuando existe una paternidad reconocida, hay un padre que hizo un reconocimiento en principio voluntario y luego hay un cuestionamiento de esa paternidad, entonces se impugna, se rechaza”,  refirió Benavides.

El juez Benavides añade que la investigación de paternidad puede ser solicitada por la madre del hijo que no cuenta con la paternidad reconocida, el propio hijo cuando alcance la mayoría de edad y otros interesados como herederos. 

“En el caso de las impugnaciones la puede realizar la madre del hijo reconocido, también la puede realizar el hijo y también los herederos o sucesores del padre, son personas interesadas en esclarecer o determinar la realidad de la filiación”, sostuvo Benavides.

Costos de la prueba

Ambos judiciales refieren que el Código de la Familia, en el artículo 216, establece los criterios para determinar quién debe asumir el pago de la prueba de ADN: el padre, si negare la paternidad y la prueba resultare positiva, quedando establecida la filiación; la madre, cuando solicitase la prueba de paternidad y esta resultare negativa; el solicitante, cuando no fuese el padre o la madre. Si el presunto padre o la presunta madre biológica solicitaren la prueba de maternidad, será asumido por el solicitante o el Estado por una sola vez, en caso se acredite por el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez la situación de pobreza del presunto padre y de la presunta madre.

Suyen Espinoza, investigadora del Centro de Biología Molecular de la Universidad Centroamericana, sitio en el que también se realizan pruebas de ADN, refirió que estas tienen un costo de US$250.

“Nosotros recibimos casos privados y judiciales que son enviados por el Ministerio de la Familia. Los resultados están disponibles en ocho días hábiles; por el momento tenemos capacidad para determinar paternidad, maternidad y con los abuelos, si es que estos están presentes al momento de hacer la prueba”, mencionó Espinoza vía electrónica.

Espinoza se excuso de brindar detalles sobre la cantidad de pruebas que se practicaron en esta instancia durante 2016 y las que se han realizado en lo que va de este año debido a que esa información no era de su conocimiento.

Los Juzgados de Familia de Managua, en el primer semestre de este año han ingresado un total de 214 causas de filiación, 167 casos menos de los que ingresaron durante el primer semestre del año pasado.

Lo que dice el Código de Familia  filiación.

El Código de la Familia en su artículo 200,  contenido en el capítulo IV referido al derecho de investigación  de la paternidad, maternidad y del reconocimiento de los hijos e hijas, dice textualmente: “Se establece el derecho de investigar la paternidad y la maternidad, en caso que sea negada o no haya tenido lugar su reconocimiento. Este derecho corresponde al hijo, hija y a sus descendientes, así como al padre o madre que lo hubiere reconocido, siendo este derecho imprescriptible”.
Asimismo, en el artículo 215 se explica que la prueba científica de marcadores genéticos o ADN se aplicará “cuando existan dudas sobre la maternidad o paternidad biológica, estas podrán investigarse administrativamente, de acuerdo al procedimiento establecido en este Código”.

*Nombre ficticio para proteger la identidad de los hijos menores de edad.

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