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Alonso Porras, representante del bufete legal Pacheco Coto en Nicaragua, rechazó señalamientos que pretenden ligar a esta firma con una red de corrupción liderada por el exministro de Comunicaciones de Guatemala, Alejandro Sinibaldi, quien presuntamente blanqueó US$13 millones en Nicaragua.

El abogado explicó que la firma solo brindó servicios profesionales al asesorar a personas que se identificaron como empresarios guatemaltecos, interesados constituir sociedades mercantiles en Nicaragua.

“Ellos vinieron como personas naturales no como razón social, entonces nuestra oficina en Guatemala hizo un reporte interno, investigó socialmente, en los medios de comunicación, investigó si había causas y procesos abiertos contra ellos en los tribunales de Guatemala y efectivamente estaban limpios, no había nada que hiciera ver que había algún tipo de ilícito o irregularidad detrás de ellos”, afirmó Porras.

Agregó que previo a establecer algún tipo de relación, el bufete solicitó a su filial de Guatemala que realizara una investigación sobre las personas interesadas en contratar los servicios profesionales.

Los únicos hallazgos de la investigación hecha por la filial de Pacheco Coto en Guatemala, fue que uno de ellos tenía una demanda de una municipalidad por no pagar impuestos en tiempo y forma, y que otro tenía una demanda porque debía un préstamo.

“Entonces, con ese reporte asumimos que ya habíamos hecho nuestra debida diligencia de investigarlos y que no debía haber ningún problema para constituir las sociedades que ellos querían, a eso se limitó nuestro papel”, dijo Porras.

Empresas constituidas

Constructora Benelli S. A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S. A. y Agropecuaria El Florido S. A., son las empresas que la firma Pachecho-Coto ayudó a constituir, a los supuestos inversionistas guatemaltecos en Nicaragua.

Según Porras, para la constitución de estas sociedades la firma solicitó la documentación requerida: pasaportes de cada uno de los socios, el nombre de quienes integraran la sociedad, las personas que integrarían la junta directiva y qué cargos desempeñarían, el giro de negocio al que se vincularía la empresa, el capital social y nombre de la empresa.

“Una vez que nos mandan eso, nosotros podemos tardar dos días en hacer una sociedad, y luego en el registro público puede tardar unos quince días en inscribirse; ese es nuestro trabajo”, dijo Porras.

Sin embargo, el abogado enfatizó que en ningún momento ellos, como firma legal realizaron algún tipo de negociación a nombre de estas empresas.

“No hicimos ningún tipo de transacciones con ellos, no negociamos en nombre de ellos, no manejamos dinero de ellos; simplemente fuimos la firma legal que les hizo las sociedades, que es además lo que menciona el informe de Guatemala, en el cual dice que en el documento que les encontraron estaba una oferta de servicios de la firma Pacheco Coto. Efectivamente, nosotros le mandamos una oferta de servicios cuando nos pidieron crear las sociedades, ellos la aceptaron y nosotros procedimos a constituirlas”, aseveró Porras.

Al ser consultado sobre si la firma habría ayudado también a las empresas a crear cuentas de ahorro, Porras comentó que hicieron el intento de apoyarles en abrir una, pero la gestión ante la instancia financiera no prosperó porque esta se negó a abrirla.

“Al ocurrir eso, más bien, nosotros le dijimos que si hay algo contra ellos, más bien nos ayudarías si nos lo dijeras. Entonces, ellos por su cuenta y sin que nosotros supiéramos fueron y abrieron una cuenta en (banco) Procredit, la cual fue cerrada un mes después. Ya cuando Procredit la cerró, nosotros vimos que la cosa ya realmente estaba rara y a partir de eso ellos se desaparecieron, no tuvimos más contacto con ellos”, relató Porras.

Reunión con la UAF

Porras dijo que este lunes esperan realizar una reunión con representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para exponer los pormenores de la constitución de estas empresas en el país.

“Nosotros queremos llevarle a la UAF toda la documentación, todos los correos que nos intercambiamos con estas personas”, informó Porras.

El abogado sugiere crear una especie de central de riesgo, en la cual debería existir toda la información vinculada a empresas que deseen invertir en Nicaragua.

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