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Los alcaldes de 32 de las principales ciudades de Estados Unidos solicitaron ayer al gobierno de Donald Trump que prorrogue el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), para los miles de hondureños y nicaragüenses, que actualmente viven en el país y cuyos permisos expirarán en poco más de dos meses.

El TPS es un estatus migratorio que el Gobierno de Estados Unidos ofrece a migrantes indocumentados que no pueden regresar a su país debido a desastres naturales o conflictos civiles.

Ese estatus no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno de Estados Unidos decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados. 

En la Cámara Baja de los Estados Unidos se presentó el pasado martes una propuesta bipartidista para que se les otorgue residencia permanente a los hondureños y nicaragüenses amparados por el TPS, pero además a nacionales de El Salvador y Haití. 

Prórroga

En una misiva dirigida al secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, y firmada por algunos de los alcaldes más importantes del país, como Bill de Blasio (Nueva York) o Tomas Regalado (Miami), los alcaldes instan al ejecutivo a extender el programa para los ciudadanos de Honduras y Nicaragua.

La necesidad de prorrogar su estatus, afirman los alcaldes, responde al hecho de que ambos países han hecho frente en los últimos años a “sucesivos desastres naturales” que han empeorado la situación económica y agravado la crisis sanitaria.

Por este motivo, señalan, expulsar a hondureños y nicaragüenses del territorio estadounidense para mandarlos de vuelta a casa supondría enviarles a un “peligro” seguro.

El TPS para Honduras y Nicaragua finaliza el próximo 5 de enero, por lo que la decisión sobre su prórroga debe producirse antes del 6 de noviembre.

Desde un punto de vista más pragmático, los alcaldes defendieron que expulsar a los cerca de 57,000 hondureños y 2,550 nicaragüenses que residen en el país, amparados con TPS, privaría a Estados Unidos de una mano de obra “muy trabajadora”.

“Además, separaría de manera innecesaria a padres y madres de sus hijos nacidos en Estados Unidos y expondría a estas familias a condiciones inestables e inseguras en países que no pueden acogerlos”, apuntan.

Esta iniciativa se une a la adoptada por numerosos líderes religiosos, tanto católicos como judíos, que el miércoles pidieron al presidente Trump que prorrogue el TPS de nacionales de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Propuesta de ley

Los congresistas republicanos Carlos Curbelo e Iliana Ros-Lehtinen, y los demócratas Alcee Hastings y Frederica Wilson, todos del estado de Florida, presentaron el martes pasado una propuesta de ley ante la Cámara Baja de los Estados Unidos para que se les otorgue residencia permanente a las personas que tienen permiso de trabajo y proceden de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití.

“Los migrantes nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y haitianos se han convertido en partes esenciales de la comunidad del sur de la Florida al contribuir a nuestra economía local y a nuestra cultura”, resaltó el congresista Curbelo en un comunicado.

También destacó que las personas beneficiaria del TPS han esperado por mucho tiempo con ansiedad e incertidumbre, para que se les defina el estatus migratorio, y alentó además a todos sus colegas a que aprueben la propuesta de ley a favor de los migrantes que poseen este tipo de permiso de trabajo. 

Por su parte, la republicana Iliana Ros-Lehtinen secundó a su colega en la misiva y destacó la importancia para apoyar esta iniciativa de ley. 

“Las personas con TPS se han convertido en una parte integral de nuestra sociedad y contribuyen en todos los sectores de nuestra economía. Estoy copatrocinando este proyecto de ley (…) para que los nicaragüenses, haitianos, salvadoreños y hondureños que respetan nuestras leyes no estén ansiosos por ser deportados. Además, para que puedan seguir contribuyendo a la prosperidad económica de nuestras comunidades locales”, expresó Ros-Lehtinen.

Para que se apruebe la propuesta de ley, la Cámara Baja tiene que dar la luz verde a dicha iniciativa, luego pasar al Senado para su respectiva aprobación y por último, ser firmada por el presidente Donald Trump.

Según los miembros del “Comité TPS de Massachusetts”, los permisos de trabajo para los nicaragüenses y hondureños se vencen el 5 de enero de 2018, pero el gobierno norteamericano tiene previsto anunciar en esta semana la renovación o cancelación del permiso.

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