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Las instituciones educativas que atienden preescolar, primaria y secundaria deberían tener protocolos personalizados de atención para prevenir y actuar ante casos de abuso sexual reportados en sus instalaciones, coinciden expertos en materia de derechos humanos para la niñez. 

Lorna Norori, del Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS), asevera que los casos recientes de abuso sexual ocurridos en colegios “destapan la realidad de que el abuso sexual no discrimina y ocurre en colegios públicos y privados, y ponen en evidencia la vulnerabilidad de los colegios porque en su mayoría no tienen contempladas medidas de seguridad para prevenir el abuso sexual”. 

El último caso hecho público sucedió en julio de este año. Un docente de cuarto grado de educación primaria del colegio Modesto Bejarano, de Managua, fue acusado por haber abusado sexualmente a ocho de sus estudiantes varones y mujeres de entre 9 y 13 años de edad. 

El hombre de 45 años identificado como Heberto Ezequiel Rivas Cisneros, quien llevaba dos años de dar clases en el colegio, fue capturado por la Policía en su casa de habitación en el barrio Las Brisas, pero se desconoce si la denuncia fue puesta a la orden de un juez. 

La madre de una de las víctimas dijo en su momento que su hija de nueve años le confesó que el profesor le decía que se dejara tocar sus partes íntimas, y si se negaba o contaba lo que pasaba, la aplazaría en conducta.

Solo entre diciembre de 2015 y octubre de 2016 fueron declarados culpables ocho profesores por delitos sexuales en perjuicio de sus alumnos, según datos del Poder Judicial. 

“Creo que toda institución, si quiere tener espacios sanos y seguros, tiene que tener sus políticas establecidas. Nosotros lo vemos necesario para garantizar que eso no suceda (abuso sexual en los colegios), y si sucede, saber cómo tenemos que responder ante esa situación”, aseveró el padre Everardo Víctor, director general de Fe y Alegría. 

¿Quiénes tienen protocolos?

Fe y Alegría creó el año pasado una “Política de espacios seguros y sana convivencia”, en la que se contempla un “Protocolo ante situaciones que causan daño”, incluido el abuso sexual, que ya está en fase de validación para aplicarlo en los 22 colegios que aglutina este movimiento en todo el país.

“La política va a promover esos ambientes seguros, previniendo la violencia en sus diferentes manifestaciones, ya sean físicas, verbales, psicológicas, sexuales, o cualquier otra situación que atente contra el bienestar y la integridad física y mental del menor”, afirmó el padre Víctor. 

El MCAS también elaboró una metodología para elaborar un protocolo personalizado en cada colegio, “en dependencia de sus condiciones, dinámicas y circunstancias”, explica Norori, quien asegura que en ese documento se garantizan elementos de protección, preparación del personal y la ruta para atender los casos de abuso sexual ocurridos en los colegios. 

Según Norori, en 2015 dicha metodología estuvo lista para aplicarse, pero solo 3 colegios, ninguno público, lo adoptaron. 

Regular las relaciones interpersonales

Para Jealtha Márquez, coordinadora de promoción social de Fe y Alegría, uno de los aspectos más importantes que debe tener una normativa de atención es la regulación de las relaciones interpersonales. 

“El Ministerio de Educación (Mined) tiene una ‘Normativa de Convivencia’ que regula aspectos académicos, pero no establece esa normativa cómo convivimos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos. Las situaciones de violencia, de bullying, mal uso de redes sociales, maltrato de la familia no estaban recogidas en esos documentos que teníamos”, explica Márquez. 

Agrega que en el protocolo del movimiento Fe y Alegría se categorizan en faltas leves, graves y muy graves las conductas inaceptables. “El acoso y abuso sexual es una falta muy grave dentro del protocolo”, enfatiza Márquez.

Norori reafirma que es importante “establecer qué conductas no son aceptadas dentro de las relaciones interpersonales” y agrega que se debe capacitar a la comunidad educativa para que conozca qué es abuso sexual, cómo se comporta un abusador, identificar los daños que genera y cómo reconocer a las víctimas. 

Pero esto también implica costos. “Hacer la capacitación del personal, el material, trasladar a las capacitadoras, la validación del material, la reproducción del documento una vez que esté listo”, enumera Norori. 

Márquez acepta para la elaboración del protocolo de Fe y Alegría se invirtieron recursos, lo que “llevó a que institucionalmente se buscaran fondos para que no quedara solo en un documento que alguna vez se elaboró”. 

“Tiene con ver con el interés y la preocupación que tiene cada colegio en este tema”, resaltó Norori.

Medidas de protección

Norori asevera que el baño es uno de los lugares más peligrosos en los colegios. De hecho, otro de los casos más mediatizados fue el de un profesor de música del Colegio Centroamérica, quien en 2015 fue encontrado culpable de los delitos de violación agravada y abuso sexual en perjuicio de un alumno de ocho años. 

Según el Ministerio Público, Roberto García Soza habría abusado sexualmente de su alumno en los baños del colegio. El hombre fue condenado a 27 años de prisión.

El Juez Tercero Especializado en Violencia de Managua, Edén Aguilar, quien estableció la culpabilidad del profesor de música, expresa que a partir de ese caso “se dejó orientado a todo el sistema educativo que hiciera transformaciones en el manejo de la atención de la niñez y la adolescencia”, para que estos puedan “expresarse ante situaciones irregulares o violaciones de los derechos humanos”.

“Entre las recomendaciones estaba tomar las medidas de seguridad, como las cámaras, los niveles de protección, el aseguramiento de los ambientes donde los menores se desplazan. Fue dirigido a todo el sistema educativo, y estoy seguro de que se hicieron cambios, porque se hicieron comunicaciones oficiales del Mined trasladando la recomendación judicial al campo educativo”, expresó Aguilar.

Una medida que se podría contemplar en un protocolo, a juicio de Lorna Norori, es que los colegios coloquen cámaras de seguridad para monitorear quién entra y quién sale de los baños. 

En los colegios públicos, “lo que se puede garantizar es que los educadores hagan turnos para que en grupos de dos y tres estuvieran en la puerta de los baños para controlar el ingreso de los estudiantes”, propone la experta.  

Lo mismo podría pasar con las aulas en horas de recreo. “En el aula no puede estar nadie (en recreo), se enllava. En los colegios públicos donde no hay llave también podría funcionar por turnos”. 

Obligación de denunciar

El juez Aguilar resaltó la obligatoriedad de los directores de los colegios de denunciar delitos, sobre todo aquellos contra la integridad sexual. 

El mismo artículo 48 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala que “los directores de centros de educación tienen la obligación de comunicar en primera instancia a la madre, padre o tutor, los casos de maltrato, violación y abuso sexual, reiteración de faltas injustificadas, evasión escolar, uso, abuso, consumo y dependencia de sustancias sicotrópicas, elevados niveles de repetición escolar y otros casos que requieran atención del educando”. 

Mientras que en caso de reincidencia o gravedad, “están obligados a informar o denunciar al organismo o autoridad correspondiente las situaciones anteriormente señaladas”.

Comité de convivencia

De acuerdo con Jealtha Márquez, de Fe y Alegría, su protocolo contempla establecer una ruta para atender denuncias. 

El primer paso depende de la gravedad de la falta. “En casos leves los media el maestro guía. Si es grave, ya pasa al Comité de convivencia, que está formado por la consejera escolar, un maestro, una mamá o papá y un representante del gobierno estudiantil. Estos se reúnen, investigan y toman decisiones. Si el tema es muy grave, como acoso sexual, abuso o violación, el comité debe reportar el caso ante la dirección, porque se debe poner la denuncia ante la Policía”. 

Márquez asegura que el Mined establece una ruta diferente. “El Mined dice que tiene que haber un padre, una madre, un estudiante varón y una estudiante mujer, y cada vez que ocurra una situación de violencia en el aula tienen que reunirse y buscar una solución”. Pero, según ella, la anterior medida no logra ser efectiva “porque el papá y la mamá no están todos los días en el colegio, y los estudiantes están presentes pero no están formados”. 

Además, en casos graves, el Mined establece que el director debe denunciar ante el Mined y ante Mifan, “y esas son las dos instancias que deciden si ese caso va a la Policía, pero ese suele ser un proceso lento”, explica Márquez. 

La representante de Fe y Alegría expresa que su movimiento tiene alianzas con organizaciones con presencia en el municipio donde están los colegios, a fin de contar con una respuesta más inmediata.

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