3 de mayo de 2009 | 15:54:00

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Acción penal por incumplimiento de deberes alimentarios

Eddy Enrique Martínez Rivera* | Opinión



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Es importante tener en cuenta que el sujeto obligado a proporcionar los alimentos de ley debe tener sumo cuidado en el sentido de no cumplir dicha obligación sin tener una causa verdaderamente justa y que no sea imputable a su persona, ya que puede ser procesado penalmente si hubieren pruebas que de forma deliberada ha omitido cumplirlos. Para este caso la pena puede ser entre seis meses y dos años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para el ejercicio de los derechos de padre, madre, hijos, guarda o tutela.

El deber o la obligación de proporcionar los alimentos debe estar fundamentado en resolución judicial provisional (durante el trámite del divorcio unilateral o en el juicio de alimentos) o definitiva (sentencia de divorcio en donde se fijan los alimentos o bien la sentencia del juicio de alimentos); así mismo puede estar contenido en un contrato o acuerdo entre partes (contrato en escritura pública); o que las partes hayan suscrito acuerdo ante un organismo o institución que vela por tales derechos, como el Ministerio de la Familia, que en sede administrativa tiene competencia para tales fines.

Otra conducta sancionada penalmente es cuando el obligado alegue que no tiene condiciones sin justificarlo, o que haya ocultado sus bienes de forma fraudulenta, o que haya renunciado a su trabajo o abandonado el mismo, todo con el objetivo de no cumplir con la obligación. También aplica cuando el obligado haya traspasado sus bienes, con esa finalidad, a terceras personas en los 12 meses anteriores a la demanda judicial de cobro por los alimentos, o que los traspase durante el juicio y hasta los seis meses posteriores a la resolución judicial firme. En estos casos la sanción será prisión de dos a tres años.

El condenado quedará exento de la pena impuesta si pagare los alimentos debidos y garantice plenamente el cumplimiento ulterior de los mismos.

Es normal en nuestra sociedad que muchas veces algunos empleadores actúan de forma paternalista con algunos de sus trabajadores que son demandados por alimentos, sea en el juicio especial o durante el trámite de divorcio unilateral, en el sentido de que cuando el juez les remite oficio para que informen a la autoridad los ingresos que devenga el trabajador demandado, omiten información detallando un monto salarial bajo. Éstos se presentan cuando no hay inscripción en el INSS, ya que cuando existe afiliación activa cotizante es precisamente dicha institución la que es compelida por el juez para que informe lo pertinente; no obstante, también es conocido que muchos empleadores reportan salarios bajos en contraste con lo que verdaderamente percibe el trabajador. Esta acción fraudulenta al final de cuentas perjudica al mismo trabajador. Al comprobarse que la información suministrada por el empleador al juez no es la verdadera, puede ser procesado por desobediencia a la autoridad. Igual pena sufrirá si el empleador a pesar de tener la resolución de la autoridad judicial no aplica la retención al salario ordenada en concepto de alimentos.

Sobre lo anterior creo oportuno expresar que los jueces competentes en esta materia deberían ser explícitos en su mandato para garantizar que los destinatarios de los alimentos reciban la suma total de los ingresos que percibe el trabajador, ingresos que pueden ser ordinarios y extraordinarios, y en ese orden deberían conglobar ambos, ya que ha sucedido que únicamente establecen la retención sobre los ingresos ordinarios, y esto ha motivado que los otros no sean afectos a la retención por no estar así contenidos en el mandato, ocasionándose una desprotección económica sobre todo cuando estamos frente al pago del décimo tercer mes (aguinaldo), que es una remuneración adicional al salario ordinario, pero muchos empleadores no lo interpretan así, violándose a su vez la Ley Laboral.

La acción penal para estos casos prosperará siempre y cuando se demuestre la acción dolosa del trabajador y del empleador en lo que le atañe. También es posible que algunos casos sean promovidos por resentimiento personal, y esto complica el asunto porque el obligado quizá no ha tenido el cuidado de resguardar documentalmente su cumplimiento, ya sea porque existe una aparente “buena confianza” entre las partes. Lo mejor es que dentro del marco del respeto recíproco se firmen recibos o que el dinero sea depositado ante el Ministerio de la Familia, cuando haya acuerdo voluntario contractual privado o ante dicho ministerio, y cuando sea por resolución judicial, en la misma se ordene que se entere la suma a la persona encargada de los hijos, por ejemplo, aplicando la retención en la nómina del empleador y éste la entregará, o que de no estar en nómina o no tener trabajo estable (fijo) en ese momento que la deposite en caja del Ministerio de la Familia.


*Abogado y notario

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