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El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas señaló al Estado de Nicaragua de violentar el derecho a las mujeres a la salud y a la vida, y expresó su “profunda preocupación” por la prohibición del aborto terapéutico en el Código Penal.

Este organismo internacional de derechos humanos que reúne a sus Estados partes anualmente en Ginebra, Suiza, afirmó en su 42 Período de Sesiones que muchos casos de embarazos de alto riesgo resultan directamente de crímenes relacionados con la violencia de género, y que aun así el Estado de Nicaragua no los toma en cuenta.

Lamentó que las mujeres no tengan acceso a la interrupción del embarazo, incluso en casos de violación sexual, incesto o gestaciones que amenazan su vida.

“Esta situación implicaría para los grupos de mujeres arriba señaladas, una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas, lo que supone un grave estrés traumático, con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos, tales como ansiedad y depresión”, señaló el informe del Comité.

¡Urge derogación!

El Comité urgió al Estado nicaragüense a revertir la reforma legal que en 2006 penalizó sin excepciones el aborto por razones médicas, y demandó flexibilidad, en especial en casos de violación e incesto.

La comisión internacional analizó que después de la derogación de la práctica médica se han documentado casos en los cuales la muerte de mujeres estuvo asociada a la falta de una oportuna intervención médica. Esto fue catalogado por el organismo como una clara violación de las numerosas normas éticas de la profesión médica y del derecho internacional a salvar vidas.

“Urge al Estado que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (todos de la ONU)”, expresa el informe con fecha del 14 de mayo.

Estado condenado

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, consideró que el pronunciamiento internacional es “una condena internacional contra Nicaragua”.

“El Comité ha señalado que la penalización total del aborto, sin dejar excepciones, violenta el status legal de las mujeres, al no permitirles salvar su propia vida o disminuir los riesgos en su salud física o psicológica”, dijo.

Jiménez comentó que el órgano rector internacional da la razón a las mujeres organizadas del país que denunciaron la reforma legal como una imposición por motivaciones políticas, y “una contradicción con los pactos de derechos humanos y las convenciones específicas en materia de reconocimiento a los derechos de las mujeres”.

Camino a la muerte

Del mismo modo coincidió Evelyn Flores Mayorga, de la Fundación Puntos de Encuentros, quien demandó al Estado que tomen acciones para incorporar las recomendaciones que han dado al respecto cuatro comisiones de las Naciones Unidas: Derechos Humanos; Contra la Tortura; Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

“Hay tortura al someter a una mujer a un embarazo no deseado, a un embarazo por violación y a un embarazo cuando el feto es inviable con la vida, por los efectos emocionales, físicos y psíquicos que le producen a estas mujeres”, argumentó al respecto.

“Estos pronunciamientos internacionales vienen a validar lo que las mujeres organizadas en Nicaragua hemos venido planteando a las autoridades, que el aborto terapéutico es un derecho de salud, es una expresión del derecho a la vida de las mujeres, y está comprobado científicamente cuáles son las causales para utilizar el aborto terapéutico, y en Nicaragua las mujeres ya no tienen está opción, dejándoles el camino a la muerte segura”, expresó.

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