Moisés Centeno
  •   LAS MINAS, RAAN  |
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La finca Santa Rita, de 495 manzanas, ubicadas en Kuikuinita, entre Siuna y Mulukukú, municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, es el caso más emblemático del enredo por el dominio y la posesión de la propiedad, causante de la violencia en la zona.

Por esas tierras, varias veces se enfrentaron a balazos desmovilizados de la ex – resistencia y del extinto Ejército Popular Sandinista, EPS, resultando algunos reclamantes lesionados, abriéndose con ello viejas heridas que aún no cicatrizan.

Y todo porque en este caso no se hizo una revisión exhaustiva del área que mediante un título de reforma agraria entregó a 16 familias de desmovilizados de la ex–resistencia, la intendencia de la propiedad del gobierno que presidió el ahora diputado Enrique Bolaños.

Un problema les dieron
A los desmovilizados le entregaron la propiedad el 25 de agosto de 2004. Se suponía que no deberían haber tenido problemas porque la propiedad había sido registrada por el entonces intendente de la propiedad, Alfonso Sandino, librándose una certificación del título 88922, asiento 2, folio 71-14 del tomo 743.

Incluso, la propiedad fue ratificada a favor de los ex–contras, por Mireya Molina, primera intendente de la propiedad del gobierno que encabeza Daniel Ortega.

Pero la propiedad entregada también fue dada en los años 90 a una cooperativa denominada “Bernardino Díaz Ochoa”, de poco más de 30 miembros, que fueron retirados del EPS y otros que apoyaron de distintas formas al gobierno sandinista en los años 80. Es por eso que cuando las 16 familias de la ex resistencia tomaron posesión de la propiedad, e intentaron construir sus casas y pretendían limpiar para sembrar, comenzó el conflicto y la violencia también.

No hubo semana que no se escucharan detonaciones de balas en el lugar. Carlos Gonzáles, dirigente de los desmovilizados de la ex resistencia, denunció a Melanio Zamoran Miranda, dirigente político del frente sandinista en la zona, como el responsable de una serie de acciones violentas, cuyo propósito era intimidarlos para que abandonaran la propiedad.

Finalmente el cuatro de junio de 2008, mediante el cuerdo número 040, la actual intendente de la propiedad Yara Pérez Calero, revocó el título entregado a los 16 desmovilizados de la contra, comprometiéndose a reubicarlos en otra propiedad, que no provoque ningún tipo de conflictos. Hasta ahora el compromiso no se ha hecho efectivo.

En San José de Banacruz
Otro conflicto originado por un título de una propiedad de poco más de tres mil manzanas, y cuya área está siendo ocupada por campesinos, es en San José de Banacruz, en el municipio de Rosita.

En esta propiedad han intentado tomar posesión unos 300 hombres, que pertenecen a un colectivo “nuevo amanecer”, coordinado por Evaristo Rivas Sánchez, un ex–diputado suplente y jefe desmovilizado del desaparecido “Frente Unido Andrés Castro”, FUAC.

Rivas, que aún no muestra el título, asegura que en el año 1994 el gobierno que presidió Violeta Barrios (1990 -1996), les entregó esa cantidad de tierras para que las trabajaran produciendo, pero cuando pretendieron  posesionarse de la propiedad, ésta ya tenía dueño.

Unas cien familias asentadas en el lugar con escrituras públicas en mano alegan ser propietarias de esas tierras. Esta propiedad también es reclamada por la comunidad indígena Wasaking.
Por esa propiedad en el año 2007 se produjeron dos enfrentamientos armados y uno más en 2008, con resultados de seis personas heridas de balas. El conflicto por esa propiedad aún continúa.

Caso finca el “Pantanal”
La finca el “pantanal”, de poco más de 20 mil manzanas, ubicada en el sur de Rosita, es otra propiedad en conflicto y por la que el año pasado 2008, causó un homicidio en el lugar.
Parte de esta propiedad, seis mil manzanas, la reclaman unos 60 retirados del extinto Ministerio del Interior y Policía Sandinista de Las Minas.

Estos últimos aseguran (sin mostrar documentos) que la propiedad se las entregó a finales del año 90 el gobierno que representó Violeta Barrios.

Pero, el productor Pedro López Lira, originario de Camoapa, alega que esa propiedad la compró a Humberto Balmaceda, y dice tener en su poder el título del registro.

Aparte de estos casos, la entrega de tierras a privados y colectivos que dentro de las propiedades comunales, promueven las alcaldías y hasta los mismos líderes comunitarios mediante la compra y venta de estos últimos, han creado un conflicto de tierras de nunca acabar en la zona.

En la RAAN la mayoría de las partes que se disputan propiedades, incluyendo las comunales, tienen títulos, es decir, que sobre una misma propiedad existen varios documentos y dueños, un espinoso problema que para el gobierno le es complejo.

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