Golpistas a OEA: Mel no será restaurado

Zelaya queda en el aire

* Insulza salió con las manos vacías y apenas con una insinuación de adelantar elecciones * Se desconoce cuándo intentará regresar el presidente depuesto

END - 23:42 - 03/07/2009

TEGUCIGALPA /AFP

No hay negociaciones en Honduras. Las autoridades judiciales y políticas que ordenaron y orquestaron el golpe de Estado contra el depuesto presidente Manuel Zelaya, se negaron a negociar su reingreso al país y su restitución al poder, a pesar de los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió con autoridades y diplomáticos este viernes en Tegucigalpa, adonde llegó para pedir la restitución del derrocado presidente Manuel Zelaya, mientras el nuevo gobierno de Roberto Micheletti dijo estar dispuesto a adelantar una elección presidencial.

El secretario general de la OEA llegó hacia las 13H00 (19H00 GMT) a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) al aeropuerto de Toncontín, de Tegucigalpa, en vez de la base militar vecina, donde se le había organizado una ceremonia con honores militares para darle la bienvenida.

Varias reuniones

Insulza se dirigió directamente a la Corte Suprema de Justicia para reunirse a puertas cerradas con su presidente, Jorge Avilés, y luego con responsables de la Fiscalía, que ha emitido una orden de captura contra Zelaya, en un intento por encontrar una salida diplomática a la crisis.

El secretario de la OEA también se reunió con jerarcas de la Iglesia Católica y luego con representantes diplomáticos acreditados en Tegucigalpa.

La Asamblea de la OEA le encomendó a Insulza la tarea de “notificar a los actores políticos hondureños sobre los términos de la resolución aprobada por la Asamblea” de ese organismo, que dio un ultimátum de 72 horas al gobierno de Micheletti para que restituya a Zelaya. El plazo vence hoy sábado.

La visita de Insulza “debería concentrarse en (encontrar) una salida imaginativa para buscar una solución a esta compleja crisis”, dijo a la AFP una fuente diplomática que pidió el anonimato.

Zelaya, quien estuvo el jueves en Panamá y El Salvador, anunció su intención de retornar al país mañana domingo, acompañado por los presidentes de Argentina, Cristina Kirchner, y de Ecuador, Rafael Correa, además de premios Nobel de la Paz como la guatemalteca Rigoberta Menchú, quien ya está en Tegucigalpa.

Decisión irreversible

Parece que no lo logrará. La Corte Suprema de Justicia hondureña notificó ayer a Insulza que la decisión de apartar del poder a Zelaya es “irreversible”, indicó un portavoz del tribunal luego de la visita del secretario de la OEA.

El presidente del tribunal, Jorge Rivera, “le dijo a Insulza: ‘Nuestra decisión está tomada y es irreversible, hagan ustedes lo que quieran’”, indicó Danilo Izaguirre, portavoz de la Corte.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos han arremetido contra las medidas de represión del nuevo gobierno de Micheletti, que ha suspendido algunas garantías constitucionales como la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la libre circulación durante el toque de queda que en principio concluía este viernes.

“Cualquier intento de suspender derechos inalienables debería ser condenado categóricamente”, señaló en una carta José Miguel Vivanco, Director para las Américas de la organización Human Rights Watch.

Organizaciones de derechos humanos locales también denunciaron detenciones arbitrarias, reclutamiento militar forzoso y represión contra medios independientes por parte del Ejército.

Siguen manifestaciones

Pese a todas esas medidas, decenas de miles de personas salieron nuevamente ayer a las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hubo al menos dos heridos de bala, para manifestarse a favor o en contra de Zelaya.

Micheletti advirtió a la comunidad internacional que Zelaya “nunca va a retornar al poder” y que no le preocupan las represalias contra Honduras. “Si la comunidad internacional considera que hemos cometido delitos, algún error, que nos condene y se acabó”, expresó Micheletti, quien aseguró que el 80% de la población apoya el derrocamiento.