* Positiva disminución en servicios públicos sociales como educación y salud
* Podredumbre institucional, fallas graves en gobernabilidad y Estado de Derecho
* Procurador se felicita por lo primero, y llamará la atención al presentarlo al gobierno, sobre los aspectos negativos

A pesar de algunos destacados esfuerzos y avances en cuanto a transparencia en materia de servicios públicos en el Estado de Nicaragua, dos informes del Programa de Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción, revelaron que las antiguas estructuras y formas de corrupción siguen vigentes y arraigadas en la actual administración pública.

Así lo informaron ayer los consultores y autores de las investigaciones a diputados, funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la Sociedad Civil. Los estudios fueron entregados oficialmente al Procurador General de la República, Hernán Estrada.

El Embajador del Reino de Noruega, Tom Tyrihjell, en representación de las agencias donantes del Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción, dijo que Nicaragua necesitaba que el Estado asumiera el rol como ejemplo y guía de la transparencia pública.

Gobernabilidad y estado de derecho, esenciales

“En esta materia, es el Estado el que asume el rol de ejemplo y guía. Para la cooperación internacional, en especial para Noruega, apoyar el fortalecimiento de la gobernabilidad y la consolidación del Estado de Derecho, sigue siendo un elemento esencial en nuestra cooperación”, dijo Tyrihjell.

“En la última década, Nicaragua ha tomado algunas iniciativas para reducir la corrupción, la transferencia presupuestaria mejoró, aunque el control democrático del presupuesto y la gestión pública podrían mejorarse”, dijo el extranjero, quien valoró el papel de algunas instituciones.

“Sin embargo, el nivel de corrupción, según los índices de esta investigación, no han cambiado, de hecho Nicaragua sigue siendo, sigue teniendo uno de los más graves índices de percepción de corrupción en la región”, señaló.

Acciones creíbles contra corruptos

De acuerdo con el embajador europeo, para “empezar a superar” el problema, Nicaragua “necesita la contribución y el compromiso de todos los actores de la sociedad, para enfrentar este mal; necesita la contribución responsable de los medios de comunicación y de la sociedad civil, siguiendo las huellas de la corrupción”.

“Necesita también que las entidades públicas brinden información que le han solicitada y que hagan un esfuerzo para asegurar una clara rendición de cuenta. Nicaragua también necesita que se aumente la transparencia en la compra y contrataciones, necesita que los miembros y líderes de los partidos políticos actúen de una manera ética; se necesita que haya acciones creíbles contra los corruptos”, remarcó.

“En fin, los nicaragüenses necesitan ver con hechos la cero tolerancia a la corrupción. El país necesita tener evidencias y manifestaciones que indiquen que la lucha contra la corrupción es una prioridad de primer orden, que impregna todo el trabajo del Gobierno en el Estado, y al final, necesita que toda la población, se sienta personalmente comprometida a combatir este mal”, dijo el embajador.

Servicios sociales más transparentes

Luego de las palabras del diplomático, se presentaron dos estudios. El primero fue el cuarto ciclo de medición Percepción de Corrupción en Servicios Públicos Locales Nicaragua 2009.

El mismo fue calificado por los autores como una auditoría social de 1998 a la fecha. El estudio fue preparado por CIET Internacional-Nicaragua, financiado por las agencias de cooperación de Noruega, Dinamarca y Finlandia en el marco del Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción.

Y comparando la percepción de corrupción que tenía la población en 2006 en el acceso de los servicios públicos, esta ha bajado en las alcaldías del 47 al 40%; en los centros de salud del 38 al 26%; en las escuelas públicas del 37 al 27%; en los juzgados del 44 al 40%, y la Policía sigue mostrando el mismo 49% de percepción de corrupción.

Estos resultados se tomaron en base a cuatro temas centrales de medición: satisfacción de los servicios públicos, pagos no autorizados, percepción de corrupción y la denuncia de actos de corrupción.

“Auditoría positiva”

Para el procurador Estrada los resultados de este informe validan las políticas de transparencia en los servicios sociales que a su juicio impulsa el gobierno del presidente Daniel Ortega.

“Aquí lo que se vio fue el resultado de una auditoría social, un monitoreo de cómo las políticas que están siendo aplicadas desde la Administración del presidente Ortega, le dan un sentido de pertenencia a la ciudadanía y le dan un sentido de que son parte de los programas. Se vio la incidencia y el impacto en los servicios públicos más fundamentales”, expresó Estrada.

Según la valoración del procurador, el impacto de las políticas sociales reflejado en el estudio “es altamente positivo, porque fue organizado bajo el liderazgo de la comunidad donante, no es un estudio ni un diagnóstico que realizó el gobierno nicaragüense, sino que fue impulsado por los líderes del proyecto, que son el gobierno noruego y otros países de este fondo, lo cual le da una mayor credibilidad”.

Los otros corruptos

“Así que yo estoy altamente satisfecho, y en nombre del gobierno de Nicaragua y del presidente Ortega, voy a pedir que sea presentado al gabinete social del gobierno, al efecto de que todo el gobierno tenga conocimiento para identificar dónde están los hallazgos principales, dónde están las limitaciones y las medidas correctivas que hay que aplicar”, dijo Estrada, quien precisó que los estudios en mención detectan las mayores percepciones de corrupción en otras prácticas públicas y Poderes del Estado.

“Las percepciones de los servicios públicos que presta el gobierno, como salud y educación, son altamente satisfactorios, pero cuando nos vamos a otros poderes del Estado --como Justicia, Electoral y Legislativo--, la percepción que tiene la ciudadanía no es similar a la que se tienen de los servicios sociales”, reiteró el procurador.

Podredumbre institucional

Efectivamente, así lo indicó la otra investigación presentada: “Diagnóstico de la Corrupción en Nicaragua”.

Miguel Peñailillo fue el expositor y consultor a cargo del estudio que, en esta edición, fue auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Cooperación Suiza en América Central, Real Embajada de Noruega, Holanda y el Reino de los Países Bajos, bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República.

El autor dijo en el estudio que no es comparativo ni cuantitativo, sino cualitativo en cuanto se trata de percepciones obtenidas mediante encuestas a más de 6,000 hogares y entrevistas dirigidas a instituciones públicas y privadas (incluye a la Contraloría, Gobernación, Policía Nacional, Dirección General de Ingresos, empresarios, Ministerio de Educación, alcaldías, Fiscalía, países donantes, Corte Suprema de Justicia, medios de comunicación y ONG de la sociedad civil.

Ahí se explicó que parte de la alta percepción de corrupción se basa en que la politización de los poderes del Estado y de las instancias encargadas de reprimir los actos de corrupción, impiden el castigo y la aplicación de la justicia de los casos “que no logran llegar al ámbito de la justicia y se quedan, muchas veces, en faltas administrativas”.

Vieja corrupción vigente

El estudio estima que uno de cada cuatro nicaragüenses ha pagado sobornos para agilizar trámites públicos y privados.

“La politización de los casos contamina la justicia en casos de corrupción, y la percepción es que no se castiga a los autores de la gran corrupción en la medida que sean miembros de partidos políticos”, observó el autor del informe.

“Los poderosos factores y causales de la corrupción en los últimos 19 años, están presentes y han surgido nuevos presiones como los narcotraficantes”, señaló Peñailillo, reiterando que no se aplican las leyes en actos de corrupción pública y privada.

“Se percibe una alta sensación de muy bajo imperio de la ley, hay buenas leyes, pero no se aplican, y hay una ausencia de estrategias y políticas instituciones contra la corrupción, los gobiernos descontinúan las estrategias de lucha contra la corrupción del anterior gobierno y no lo ven como política de Estado”, detalló el investigador.