* En el informe 2009 de Transparencia Internacional, las malas notas de Nicaragua, no son culpa estricta de la actual Administración, aclara
* Todos los gobiernos, desde Somoza, no han escapado de las malas prácticas en la administración de la cosa pública, agrega

La deficiencia del sistema público para resolver en tiempo y forma las demandas de la población, genera un ambiente propicio para incentivar y desarrollar la corrupción en Nicaragua, y mientras ello no se resuelva, las malas prácticas en la administración estatal seguirán enraizadas en la sociedad nicaragüense, de acuerdo con el criterio de Claudia Pineda, presidenta ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.

La observación de Pineda se basa en los resultados del Diagnóstico sobre la Corrupción en Nicaragua y la Percepción de Corrupción en Servicios Públicos Locales, ambos elaborados por iniciativa del Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción, en coordinación con la Procuraduría General de la República.

Según Pineda, el estudio es interesante “porque confirma algunas tesis que hemos manejado sobre la corrupción, por ejemplo, el carácter estructural que tiene la corrupción y cómo esa cultura está metida en el modo de gobernar desde hace muchos años; no hemos conocido uno modo de gobernar que no esté vinculado a actos de corrupción”.

Para ella, la corrupción no es únicamente el uso de los recursos líquidos del erario, sino también el abuso de autoridad para afectar la atención al público por otros intereses ajenos al Estado.

Los mecanismos de la corrupción

“¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Del uso indebido del poder que se da al estar a cargo de la cosa pública”, señala Pineda.

“El uso discrecional de recursos tiene que ver con relaciones, corrupción es tanto robar dinero líquido de las arcas del erario, como hacer uso indebida de tu función como servidor público, u obligar a otros, por intereses políticos, a que hagan uso indebido de la función pública para beneficio de un partido, de un grupo empresarial o de una persona de influencia política”, dijo Pineda, quien valoró como positiva la aceptación que ambos estudios tuvieron en la Procuraduría.

“El hecho que se reconozca que la corrupción es una práctica común, por parte del Estado, habla bien por la Procuraduría, porque los estudios e informes que se hablan aquí, no están necesariamente a favor de lo que ocurre en Nicaragua actualmente”, observó la analista, quien aclaró que, a su criterio, el alto Índice de Percepción de la Corrupción con que aparece Nicaragua en el informe 2009 de Transparencia Internacional, no es culpa estricta de la actual Administración.

“No es un problema de la corrupción actual, es un problema de todas las administraciones, desde tiempos de Somoza, a la fecha. Ninguno de los gobiernos se ha escapado de las prácticas corruptas”, explicó.

A criterio de la directora del no gubernamental centro de investigaciones sociales, el diagnóstico logra identificar las principales debilidades del país en su lucha contra la corrupción.

Capacidad limitada para investigar

“No prevenimos lo suficiente, tenemos una capacidad limitada de investigar, y, lo peor, es que tenemos una baja capacidad de sancionar”, observó, y agregó que la ineficiencia del Estado es el principal caldo de cultivo de la corrupción pública.

“La corrupción es como un cáncer que afecta el tejido social de la honestidad. El sistema está creado y manejado de tal modo que burocratiza el proceso de servicio público, al grado de la ineficiencia, para que el usuario, urgido y necesitado de sus deberes, recurra a la coima para acelerar sus procesos de atención social”, observó.

“Si el servicio público fuera eficiente, no tendría sentido que la población pagara de manera ilegal a los operadores del servicio, para agilizar sus trámites. La gente no es corrupta por naturaleza, no está en el ADN de la población. La corrupción está en el sistema”, expresó Pineda.

Para ella, hay procesos en la administración pública que son susceptibles de corrupción, como las exclusiones de procedimientos para contratar servicios y compras sin licitaciones.

“Porque se prestan más, como las compras y contrataciones, donde se administra mucha plata. El administrador público, liberado de la obligación de licitaciones, puede decidir a quién favorece y a quién no favorece con contratos”, ejemplificó.

Favoritismo de hoy

Otras formas de corrupción que, a criterio de ella, predominan en la actual Administración, y que se ejecutaron en las anteriores, es el favoritismo a la hora de seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales como Hambre Cero y Usura Cero, donde los electores son miembros de los CPC y abiertamente prefieren a los miembros de sus partidos, “pero sin exclusiones a terceros”.

“Está comprobado que hay inclinación y privilegios, de la identidad política y partidaria de los ciudadanos, para ser beneficiarios por parte de los CPC, cuyo sesgo partidario es ampliamente conocido”, dijo.

Para ella es necesario, para combatir la corrupción, “cambiar los procesos de selección de nuestros árbitros, fiscales, contralores, jueces y magistrados, que en vez de criterios políticos, se usen criterios profesionales y técnicos, además de reconocer y publicitar las buenas prácticas de la transparencia, no sólo de la corrupción, en todas las instancias”.