* Consideran que Walpa Siksa sólo es la punta del iceberg del narcotráfico

El ataque armado del narcotráfico en la comunidad indígena de Walpa Siksa, ocurrido el pasado 8 de diciembre, podría ser la punta del iceberg de un problema de seguridad pública mucho más amplio, que viene creciendo silenciosamente, según el analista Roberto Orozco, encargado del Programa de Seguridad Pública del Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas (Ieepp).

Según Orozco, la situación que ocurrió en la comunidad indígena, donde los comunitarios se unieron a narcos colombianos para emboscar a patrullas de la Fuerza Naval, es una demostración del avance del crimen organizado en Nicaragua.

El analista explicó que desde 1990, cuando los narcos se atrevieron a irrumpir en Nicaragua después de la guerra civil, descubrieron que el país, por el abandono natural de la confrontación, era campo fértil para sus operaciones.

“El problema de fondo es el mismo que se viene repitiendo desde hace dos décadas, la desatención social del Estado hacia la Costa Atlántica: ahí el 80 por ciento de la población es pobre en extremo, y quizá sólo en el 40 por ciento de las comunidades hay presencia del Estado; los índices de desarrollo humano son absolutamente inferiores en la Costa Atlántica, en comparación con las cifras del resto del país; los municipios más pobres del país están en las dos regiones”, observó Orozco.

Caldo de cultivo

El especialista en temas de seguridad dijo que en esas duras condiciones sociales, “el narcotráfico encuentra una base social sin opciones de vida, dispuesta a arriesgarse por los abundantes recursos que genera el tráfico de drogas”.

A su criterio, no es exagerado calcular que por cada córdoba que el Estado invierte en esas comunidades de la Costa Caribe “los narcos invierten 100 dólares”. Y lo peor del caso, a juicio del investigador, es que hay otras zonas del país que, al igual que la comunidad miskita, se están alimentando de la situación económica deplorable del país.

“Walpa Siksa es el campanazo de alerta, pero hay varias zonas de este país, departamentos enteros, donde el desarrollo de las actividades del crimen organizado viene avanzando a pasos acelerados, con estructuras, sicarios y planes de acción delineados”, dijo, con base en estudios sobre comportamientos delictivos en Nicaragua desde 1990.

“En la RAAN, la RAAS, Rivas y Chinandega, hay presencia del narcotráfico, que vienen acumulando silenciosamente bienes y tendidos sociales, compran fincas, vehículos, armas, invierten en negocios y vienen consolidando un poder peligrosísimo”, dijo Orozco.

“La reverenda Cora Antonio puso el dedo en la llaga al reconocer que hay comunidades en la Costa Atlántica que son controladas y desarrolladas gracias al capital del narcotráfico. Todo comenzó cuando los narcos empezaron a comprar gasolina para abastecerse de combustible en sus rutas al norte, y así de pronto se vio cómo las ventas de combustible en la Costa se aceleraron, al tiempo que las comunidades desarrollaron sus economías”, dijo Orozco.

Narcodesarrollo ¡y qué, pues!

“Se han desarrollado esas comunidades, gracias al narcotráfico. En Sandy Bay, por ejemplo, uno encontraba que pese a que la población estaba totalmente desempleada, se levantaban puentes comunales, casas comunales, grandes casas particulares, con lujos inexplicables”, observó.

De acuerdo con el investigador, el Estado nunca proveyó de medios de subsistencia para el desarrollo de las comunidades afectadas. “En la prioridad de políticas públicas del Estado, las dos regiones de la Costa Atlántica aparecen en último lugar, ese ha sido un comportamiento histórico, la distribución de los recursos se concentra en el Pacífico”, señaló Orozco.

A su criterio, hay un factor de discriminación social hacia las comunidades, que acrecienta el rechazo de las comunidades hacia el Estado y alienta a los comunitarios a respaldar a narcos con mucho dinero líquido.

“Ni siquiera hay un sentido de identidad nacionalista de esas comunidades con el Estado de Nicaragua: los miskitos no se consideran nicaragüenses, y no ven en las autoridades estatales a sus servidores, sino a un enemigo de sus pretensiones de crecimiento económico”, dijo, observando que eso ha venido incrementando los riesgos de mayores índices de violencia.

Elevan parada al Estado

“El asalto armado a las dos patrullas de la naval, demostró que tanto los narcos como las comunidades han elevado la parada al Estado, los narcos porque no están dispuestos a perder las drogas, y los comunitarios porque no están dispuestos a perder las oportunidades económicas que el narcotráfico les da”, dijo.

A su criterio, el Ejército debe mantener presencia y realizar su trabajo, y frenar a los narcos en todo el país, pero debe haber también otra respuesta del Estado.

“Ya la violencia del narcotráfico puede crecer, nosotros creemos que el Ejército tiene que ejercer soberanía, es correcto frenar al narcotráfico por todas las vías posibles, pero no basta sólo la respuesta militar que el Estado debe dar, debe haber unas políticas públicas del Estado Central para sustituir las opciones de crecimiento y desarrollo que el capital narco ofrece a las comunidades”, dijo.