* Una mirada retrospectiva al sistema involucra a jueces, magistrados, secretarios y abogados en el negocio de las narcoliberaciones
* Sólo en Bluefields, el Ministerio Público le lleva contados a una jueza 31 narcos liberados

Más de 100 personas vinculadas con el narcotráfico han sido liberadas en Nicaragua en los últimos cinco años por miembros de todos los niveles del Sistema Judicial, reveló ayer el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).

Roberto Orozco, encargado del Programa de Seguridad y Crimen Organizado del Ieepp, analizó el fenómeno de las liberaciones de personas acusadas por delitos de narcotráfico y crimen organizado, a raíz del escándalo ocurrido en Chinandega, donde miembros del Sistema Penal, abogados y miembros del Poder Judicial participaron en la obtención de libertad de reos guatemaltecos mediante la falsificación de documentos de la propia Corte Suprema de Justicia.

Según Orozco, la utilización del Poder Judicial para lograr la liberación de narcos --que han sido, incluso, encontrados in fraganti con la droga a bordo--, no es nueva en el país, y se cuentan más de 100 casos desde 2004, cuando se incrementó el tráfico de drogas por el territorio nacional.

Abogados y sucursales

De acuerdo con el analista, una revisión retrospectiva de los casos publicados en los medios de exoneraciones de penas y otras medidas judiciales, que han permitido que los acusados de narcos salgan de sus celdas, permite sumar un poco más de 100 casos de ese tipo.

“Hablamos de casos escandalosos, conocidos públicamente, en que se han visto involucrados funcionarios de todo nivel, desde secretarios, jueces de primera instancia, jueces suplentes, magistrados de apelaciones y hasta magistrados de la Corte con nombres y apellidos”, dijo Orozco.

El funcionario del Ieepp recordó que una de las modalidades del crimen organizado para defender sus negocios en los países donde deciden abrir “sucursales” de sus carteles, es contactar abogados locales dispuestos a defender a los miembros de las organizaciones criminales, una vez que los miembros de la banda sean capturados.

“Son acciones constantes (las sentencias, medidas y otras acciones que disponen a sacar de prisión a los acusados de delitos de narcotráfico). Hay que ver nada más para atrás, las denuncias de liberaciones de narcos y la devolución de bienes, incluso, no es nueva, se viene convirtiendo en una constante. Lo que causa la alarma y el escándalo es que cada vez los abogados son más agresivos, y si no sacan a los narcos pagando y con leguleyadas, lo hacen mediante la falsificación de documentos o mediante la compra de los jurados”, dijo Orozco, para quien la penetración del crimen organizado al Poder Judicial en Nicaragua, es evidente desde hace años.

Un record judicial
“Sin duda alguna, uno de los principales aspectos que indican la influencia del poder de los narcos en un país, es cuando permean al sistema judicial. Eso es gravísimo, y es evidente cuando se mira todo un sistema, toda una estructura jurídica, formada para liberar a los acusados por el crimen organizado”, señaló, en base a las publicaciones periodísticas de los últimos años.

“Hace poco se publicó una denuncia de una fiscal del Ministerio Público, que contó a una juez de sentencia y vigilancia de Bluefields 14 reos liberados en diciembre, y 31 antes en total”, reseñó Orozco.

El caso es el de la fiscal auxiliar del Ministerio Público, Janina Jackson, quien denunció que en diciembre pasado la citada juez suspendió las penas privativas a 10 hondureños capturados el 23 de noviembre de 2005 en un barco con más de 32 quintales de cocaína.

Antes de esa acción, según la denuncia de la fiscal Jackson, la misma juez había liberado a 31 narcos, nacionales y extranjeros, a quienes les suspendió las penas de prisión en un curso de tres meses a menos.
 
Corrupción jurídica
“Eso se llama corrupción judicial al servicio de los narcotraficantes”, observó Orozco.

“En ese sentido, diría yo, la penetración de los narcos al país, por la vía del sistema judicial, es más que básica, primaria. Es decir, básica es cuando ellos inician los contactos y el reconocimiento del sistema jurídico nacional, y se vuelve primaria cuando ellos logran contactar a personas que se dedican a eso, los reclutan, los apoyan financieramente, y por medio de ellos pueden llegar a los funcionarios administradores de justicia”, analizó.

“Es decir, corrompen el sistema judicial desde los abogados, y ya existe toda una red, un sistema de abogados --cuyos nombres y apellidos son muy conocidos en el ámbito judicial de Nicaragua--, que se dedican a defender a los narcos capturados, a reclutar más abogados y a sobornar a los miembros de la cadena de custodia, a los administradores de justicia y a los miembros del sistema penal”, denunció Orozco.

“En esa relación de narcos y abogados, se mueven fuertes cantidades de dinero, que pueden comprar voluntades a todo nivel del Poder Judicial. No es la primera vez que se oye de magistrados de apelaciones que mandan a liberar a narcos, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia involucrados con abogados defensores de narcos en escándalos de cuentas bancarias, o de jueces de primera instancia, o de jueces suplentes, que liberan a los acusados por narcotráfico, pese a tener todas las evidencias del delito de tráfico”, rememoró el analista.

Hasta magistrados…

Orozco recordó un caso de gran impacto que nació desde el Tribunal de Apelaciones de Managua el 29 de junio de 2007. Entonces, tres magistrados de la Sala Penal Número Uno de la Corte de Apelaciones de Managua, ordenaron la libertad de tres hombres que habían sido atrapados en octubre de 2006, cuando trasegaban 3 mil 100 kilos de cocaína en Masachapa.

La Policía les decomisó tres vehículos, 11 fusiles AK, un rifle, cuatro radiocomunicadores, seis lanchas, combustible y la droga. La sentencia ordenó absolver a los acusados y ejecutar su liberación inmediata.

“Y casos como ese, que incluyen a un magistrado de la CSJ que se vio involucrado en la sustracción de 600 mil dólares a un narcotraficante colombiano, hacen que el Poder Judicial se vea como una de las instituciones más infiltradas por el crimen organizado”, dijo Orozco.