* Es obvio que algo turbio se esconde tras este caso, y se confirma la vieja denuncia de tráfico con los indultos en la Asamblea Nacional

Xóchitl Picado, abogada defensora del mexicano José Salvador López Santos, condenado en 2007 a cinco años de prisión por el delito de defraudación aduanera, al ser capturado con 965 mil dólares “sin declarar”, afirmó que actualmente su defendido no ha solicitado un indulto, porque esto sería como aceptar que cometió un ilícito.

El NUEVO DIARIO cuenta con una solicitud de indulto emitida y firmada por López Santos el pasado 16 de mayo de 2008, cuando el mexicano tenía como abogado a Juan Ramos Pasos, pero Picado dijo que actualmente no han solicitado este beneficio y que desconocen quién incluyó a López en la polémica lista, mientras en la Asamblea Nacional los diputados se “bolean” con el caso.

“No hemos solicitado nada, al contrario, lo que mi cliente está pidiendo es un proceso justo apegado a derecho, que se le aplique la ley si acaso cometió un delito… ya cumplió su condena, actualmente él se encuentra (detenido) ilegal, estamos esperando que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones dicte una sentencia favorable”, afirmó Picado.

La abogada dijo que muchos medios de comunicación han difamado a su cliente, al publicar que éste traía el dinero para lograr la liberación de miembros del Cártel de Sinaloa, detenidos en nuestro país, pero dicho señalamiento provino de las autoridades policiales y no de los medios informativos.

“¿Indulto al mexicano? Yo no fui”

En una especie de juego del “yo no fui, fue teté…”, se convirtió ayer la respuesta de los diputados ante la AN a la pregunta de ¿quién propuso al mexicano para ser indultado?

Los legisladores consultados Maximino Rodríguez Martínez y Salvador Talavera Alaniz, presidente y miembro, respectivamente, de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos del Parlamento, se diluyeron en una suerte de acusaciones contra diversas instituciones, entre ellas el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, a las que se sumó el diputado José Pallais Arana, presidente de la Comisión de Justicia del Legislativo, quien también criticó el actuar del sistema judicial.

Pese a las recriminaciones, los 84 diputados respaldaron el veto parcial del presidente Daniel Ortega a esa Ley de Indulto, con lo que dejaron fuera de ese beneficio al mexicano.

Además de López Santos, los otros dos reos señalados por Ortega son Wilfredo Concepción Barraza Larios y Pedro José Galo Chávez, ambos reincidentes en el tráfico de estupefacientes y otros delitos, entre ellos, amenazas de muerte. No obstante, en el veto, Ortega los mantuvo como beneficiarios del indulto.

Policía no reacciona

La comisionada mayor Vilma Reyes, jefa de Relaciones Públicas de la Policía, no quiso responder sobre la liberación de 23 personas, dos de ellas consideradas de alta peligrosidad, que no fueron vetadas por el presidente Ortega.

Reyes tampoco quiso opinar sobre la actitud irresponsable de diputados que proponen a peligrosos delincuentes en sus listas de indultos, pero sí reaccionó a los señalamientos hechos por el diputado Talavera, quien aseguró que la Policía hizo un “montaje de drogas” contra Barraza, motivo por el cual éste merecía el beneficio.

¿Y el dinero del mexicano?

“Las rechazamos de forma categórica (las declaraciones de Talavera) y si tiene pruebas que las presente… es una pregunta ofensiva para la institución”, expresó Reyes a este reportero, cuando fue el legislador quien dejó en entredicho el trabajo policial. La comisionada agregó no saber si ya fue distribuido entre las instituciones correspondientes el dinero ocupado al mexicano.

Dos informes contradictorios
Hay un mar de contradicciones en los informes enviados por la Dirección General del Sistema Penitenciario de Nicaragua, Dgspn, sobre la posibilidad que hubo de beneficiar al mexicano López.

En un primer informe hecho el pasado 19 de febrero del año pasado, que fue llevado a la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, describen al reo como una persona ejemplar que debería ser liberado.

Sobre el comportamiento de López indican que “ha sido en correspondencia a lo dispuesto en la Ley 473, Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena y su reglamento, razón por la cual no ha sido objeto de medidas correctivas. Por su disciplina recibió estímulo el 19-08-2008, que consistió en visita familiar adicional”.

Mencionan que no muestra interés por integrarse a la capacitación técnica y escolar por poseer un nivel académico superior al que se imparte en la Dgspn. Señalan que se integra a las actividades laborales y en el caso de las religiosas, deportivas, culturales, lo hace como espectador.

“Él es una persona honesta, un piloto, como les había dicho, con 20 años de experiencia en Aeroméxico. Él tiene un récord íntegro en su trabajo, es una persona responsable con muchos años, mucha trayectoria y experiencia en viajes de cargas”, señaló Picado.

Versión totalmente opuesta
Sin embargo, ayer el subdirector general administrativo de la Dgspn, Julio Guillermo Orozco, envió al Primer Secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, un informe totalmente distinto del que recibió la comisión dictaminadora, en el cual deja claro que José Salvador López Santos está vinculado al Cártel de Sinaloa.

“…si bien es cierto que se le calificó (a López) el hecho como contrabando aduanero, es conocido que el dinero ocupado iba a ser utilizado para el pago de defensa y para soborno y facilitar la fuga de los internos del caso Sinaloa… Dicho interno se conoce está vinculado al crimen organizado, que por razones de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional fue trasladado al Centro Penitenciario de Granada”, indica el último informe.

Orozco recuerda que el 18 de diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelaciones le modificó la pena al mexicano de 10 años de prisión a tan sólo cinco, y ordenó la suspensión de pena, pero el caso fue revocado el 21 de diciembre de 2009.

Diputados se pasan pelota

Los reproches abundaron de uno y otro lado. El diputado Maximino Rodríguez dijo que el mexicano fue propuesto para el indulto por su colega Salvador Talavera Alaniz, quien a la vez dijo que a él le fue “endosada” una larga lista de personas desde hace varios años, cuando el entonces presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Enrique Quiñónez, “estaba en campaña electoral”, y que ello influyó en no fijarse con detenimiento el tipo de persona que iba en la lista.

A esta crítica se sumó el diputado José Pallais Arana, Presidente de la Comisión de Justicia, quien además señaló que el Ministerio Público bien pudo acusar al mexicano por el delito de “crimen organizado”, que está debidamente tipificado en el Código Penal.