* Confían en que facilitadores judiciales llenen los vacíos de autoridades competentes. Sin embargo, estos servidores comunales confiesan una limitante: “delitos graves, quedan impunes”

A sus 67 años, a don Seferino López se le ve caminar con entusiasmo tres horas de camino desde su comunidad, Samaria, hasta Bonanza. 18 kilómetros que recorre al menos una vez por semana, y no por ejercicio físico, sino porque su trabajo como facilitador judicial rural lo exige.

Él dice que lo hace con mucha voluntad y que la tarea lo hace feliz. Y no miente, pues por ello no recibe un solo centavo.

Visiblemente agitado y sudoroso después de la larga caminata, sale de la delegación policial de Bonanza con su acostumbrado sombrero y sus botas de hule. En la acera, lo esperan sus lugareños, quienes han sido citados allá por ser parte de un conflicto entre familias.

La disputa tiene su origen en que no logran ponerse de acuerdo sobre si antes de enterrar un muerto, deben hacer una misa o un culto. Según familiares, unos meses antes de su trágico fin, el hoy difunto se convirtió al evangelio al igual que la viuda. Los padres del finado continúan siendo fieles a la única parroquia católica del lugar, y debido a los años de juventud del difunto, se declaran con derecho a escoger el rito religioso antes de su traslado a la última morada.

Un facilitador judicial es la persona que nombra la Corte Suprema de Justicia para administrar justicia dentro de las comunidades rurales del país. Dentro de sus funciones está resolver las faltas, realizar mediaciones en delitos menos graves en materia penal, civil y de familia, para que sus pobladores no tengan que viajar hasta el casco urbano.

Según el magistrado Marvin Aguilar, asignado al proyecto de facilitadores judiciales de la Corte Suprema de Justicia, estos personajes surgen ante la demanda de la población por el alto índice de conflictos que existe en las comunidades y municipios, para fortalecer el servicio de administración y acceso a la justicia de los habitantes de comunidades lejanas.

Los requisitos

La reunión con don Seferino tardó par de horas. Las partes abandonaron el lugar satisfechas con lo discutido. Según el facilitador, la viuda era la primera dueña del muerto, y los padres deben respetarle ese derecho. El finado sería enterrado de acuerdo con los servicios religioso que ella escogería, pero los padres tenían derecho --por un asunto de fe-- a celebrarles las fechas que el rito católico establece (nueve días, seis meses, aniversario etc.).

Don Seferino tiene seis años de ser facilitador judicial de su comunidad. Asumió el cargo en 2004, y, desde entonces, por su buen desempeño, sus vecinos lo han reelegido consecutivamente.

Para ser elegido por los pobladores de su comunidad y juramentado por la CSJ a través de la Juez Local de Bonanza, cumplió con ciertos requisitos. Según el facilitador, para postularse el comunitario debe ser mayor de edad, tener buena reputación en la comunidad y no registrar antecedentes en la Policía. Debe también saber leer y escribir, aunque no hay rigor en cuanto a algún grado de escolaridad.

“Nosotros resolvemos cosas leves, cuechería, habladuría, injurias y calumnias; apoyamos a las madres de familia cuando los padres dejan botados a su hijos; les damos a conocer la Ley de Alimentos. En fin, cosas leves”, expresó muy orgulloso López.

Los facilitadores celebran mediaciones, las cuales registran en un cuaderno de control y deben contar con la firma de las partes cuando haya acuerdos. “No tenemos autorización de ganar ni un centavo por eso, cuando no se llega a acuerdo no hacemos nada, y trasladamos el caso a la Policía”, expresó don Seferino.

Los informes sobre las mediaciones, arreglos y cualquier documentación que haga don Seferino, lo informa a la juez local Flor de María Torres, en Bonanza. Él debe informar cada 15 ó 30 días, según la cantidad de casos atendidos.

“Son tres horas de camino, ya las tengo mediditas, y hay que salir tempranito para evitar el sol, pero cuando está cerrado en lluvia es más difícil; algunos compañeros de otras comunidades tienen que pasar quebradas y ríos, pero hay que venir a informar a la juez de las mediaciones”, comentó el facilitador.

Goza de respaldo

Cristina Hernández, habitante de la comunidad Samaria, aseguró que los pobladores están muy agradecidos por el trabajo que realizan don Seferino y los facilitadores. “Los problemas se resuelven, los pleitos vecinales y otras cosas se solucionan entre comunitarios”, opinó.

Rafaela Ramírez, otra pobladora de Samaria, refirió que todos los habitantes recurren a Seferino y respetan sus decisiones. “No crea, a veces caemos mal, porque cuando yo miro una crueldad --que no le pasan dinero a la mamá-- les digo que son los derechos de los niños. También transmito los derechos de las mujeres, que no las golpeen, que el machismo es malo. Si no las quieren, que las dejen”, relató el facilitador rural.

En Bonanza hay 10 facilitadores judiciales asignados a las comunidades más alejadas, entre éstas: Los Lajones, Kukalaya, Bambana, San Francisco, Vesubio, Samaria y Salto Grande, entre otras, detalló López.

¿Y los delitos graves?

Don Seferino admite sí, que el sistema de los facilitadores tiene una limitante: no pueden atender delitos graves. “Es cierto, las violaciones quedan impunes porque los hechores huyen a las montañas. Las víctimas nos llaman, nos piden apoyo, pero nada podemos hacer. Ahí solo las autoridades policiales”, dice el facilitador judicial.

Con esta admisión se concluye que las comunidades mestizas alejadas, al igual que los bonanceños del caso urbano y los pobladores mayangnas de las comunidades indígenas, coinciden en que los delitos graves muchas veces quedan en la impunidad por lejanía, costos y falta de beligerancia de parte de las autoridades implicadas.

Alcalde admite: “Faltan autoridades”

El alcalde de Bonanza, Alexander Alvarado Lam, expresó al respecto que “no es que no haya justicia, sino que hace falta presencia de más entidades que fortalezcan el trabajo”.

“Tal vez no ser tan drástico de decir ‘no, no hay justicia’. Lo que hace falta es presencia de más entidades que vengan a fortalecer lo que se está haciendo. Tampoco podemos echarle toda la culpa a la Policía, porque en todo el Triángulo Minero sólo hay 189 policías asignados, incluyendo Mulukukú”, justificó el edil.

Admitió también la necesidad de una Comisaría de la Mujer. “Es que es uno de los temas de primer orden en la municipalidad”, dijo. Además, señaló la falta de un fiscal que permanezca en Bonanza, porque “limita” el trabajo. “Él (fiscal) viene al municipio cuando puede, así es difícil”, dice.

Falta divulgación de derechos
La defensora Pública en Bonanza, Kellineth Campbell Wong, informó que esa institución tiene dos años de estar prestando servicios gratuitos a la población, el problema es que mucha gente desconoce sus derechos y a qué instancia puede ir. Cuando pueden ir a las comunidades, asegura que promueve el servicio de defensoría, y explica que es gratis y cuáles son los derechos constitucionales a los pobladores, para que los defiendan.

Los casos por los que más acuden a esa instancia judicial, es por demanda de pensión de alimentos, detalló Campbell.

Habla CSJ:
"Ya les pusimos jueces locales"
Al plantearle la situación de Bonanza al magistrado Marvin Aguilar, expresó que antes no había nada en la RAAN, y que ahora hay aunque sea un Juzgado Local en cada municipio. Además, destacó que también han capacitado a wihtas (jueces indígenas) para seguir implementando la justicia comunitaria, y en comunidades donde no hay wihtas han nombrado facilitadores judiciales.

“Hay sus deficiencias por la distancia, pero es lógico, la verdad es que se ha dado respuesta y la distancia es un problema en todo Nicaragua. Tener Juez de Distrito es muy difícil, no hay capacidad económica para eso, pero a la RAAN se le ha dado mucha atención”, expresó el magistrado.

Según Aguilar, “lo que la jueza debe hacer es convocar a la comisión interinstitucional municipal para abordar estos temas, para saber a qué se deben las deficiencias o negligencia entre las instituciones competentes”.

Aunque la CSJ siempre se declare en ‘bancarrota’ cuando se le solicita mejorar servicios para la ciudadanía, los bonanceños mantienen que es necesario un Juzgado de Distrito y de Juicio en Bonanza, o acercar uno a Rosita, porque las dificultades que pasan ellos no son fáciles y pueden evitarse mejorando el servicio.

“Hay padres desesperados que venden lo poco que tienen para poder acceder a la justicia viajando hasta Siuna”, expresó Rebeca Yackwarez, una pobladora que está viviendo en carne propia el problema de viajar a Siuna por el juicio de su hermano.

La mayoría de usuarios de la justicia coinciden en que si no fuera por tanta corrupción en la Corte, puestos fantasmas y megasalarios, sí habría dinero para ampliar el servicio judicial a las comunidades alejadas.

Importantes facilitadores de justicia

La legitimidad de los facilitadores judiciales se sustenta en el Artículo 57 del Código Procesal Penal (CPP) y el Reglamento de los Facilitadores Judiciales Rurales emitido por la Corte Suprema de Justicia el 25 de noviembre de 2002.

En Nicaragua, el cuerpo de facilitadores judiciales voluntarios existe desde 1998, luego de que el Poder Judicial Nicaragüense suscribiera un convenio de colaboración técnica con la Organización de Estados Americanos (OEA), para apoyar el proceso de paz en el país, explicó Aguilar.

Hasta ahora existen 2 mil 107 facilitadores judiciales en 146 municipios del país, y para 2013 se espera contar con 5 mil facilitadores, porque se considera nombrar a un facilitador por cada barrio urbano de los municipios, según información de la CSJ.

A pesar de estas dificultades y de que no tienen salario asignado, puesto que el ejercicio del cargo es voluntario, en 12 años (1998-2009) a nivel nacional resolvieron 21 mil casos menores. Casos que no han entrado a la carga laboral del juez local.

Marvin Aguilar ha manifestado que se procura que las capacitaciones a los facilitadores judiciales se hagan cada dos meses, pero don Seferino en seis años de ser facilitador judicial ha recibido dos capacitaciones.