• Bluefields / RAAS
  • 15 Julio 2010
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El presidente de la Junta Directiva del Consejo Regional de la RAAS, Rayfield Hodgson, denunció que existen grupos de poder en Panamá a los que no les conviene la construcción del proyecto portuario de Monkey Point en la Costa Caribe y el Canal Seco en Nicaragua, por lo que sobornaron al consorcio CINN que ya había ganado la concesión para ejecutar ese megaproyecto.

“Hace 10 años viajé a Halifax, Canadá, con el abogado neoyorquino Mario Bosco (presidente de CINN), y nos reunimos con representantes de nueve empresas que ofrecían una inversión de 2,000 millones de dólares para construir inmediatamente el puerto de Monkey Point en la Costa Caribe, un ferrocarril de alta velocidad, una autopista y un oleoducto, que servirían para transportar mercadería entre ambas costas (Caribe-Pacífico)”, explicó Hodgson.

“Sin embargo, CINN desechó esta oferta, y después me enteré de que habían recibido dinero de Panamá para obstaculizar la realización del proyecto Monkey Point, porque, obviamente, no quieren competencia para su canal”, refirió Hodgson.

Antecedentes

A fines de la década pasada, el gobierno de Nicaragua negoció con la empresa Canal Interoceánico de Nicaragua (CINN) y con Servicio Intermodal de Transporte Global (Sit/Global) la construcción de un ferrocarril que transportaría la mercadería previamente descargada en el futuro puerto Monkey Point (Mar Caribe) hacia un puerto en el Océano Pacífico.

En julio de 1999, el Presidente de la República, Arnoldo Alemán, remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que contenía el contrato de concesión ya negociado entre el gobierno de Nicaragua y el CINN, haciendo oficial la construcción del proyectado puerto.

Sin embargo, la comunidad de Monkey Point recurrió de amparo en contra del Presidente de la República y del Procurador de General de Justicia de esa época, quienes firmarían el contrato una vez que fuera aprobado por la Asamblea Nacional, porque los comunitarios no fueron consultados, a pesar de que el puerto y Canal Seco sería construido sobre sus tierras.

Según el dirigente comunitario, Allen Clair, las comunidades reclamaban ser informadas y consultadas sobre el proyecto, y demandaban ser incluidas en las negociaciones para definir su posición.

A pesar de que el recurso de amparo fue interpuesto en noviembre de 2000, fue hasta en julio de 2001 que la Corte Suprema de Justicia comenzó a estudiarlo.

En julio de 2001 Calpi (Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas) introdujo un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Asamblea Nacional, por no consultar a las comunidades durante el proceso d otorgar concesiones a las empresas.

Qué es CINN
En su sitio en Internet, CINN se define como “The Nicaraguan Interoceanic Railroad and Ports Projects Nicaragua’s-Dry Canal”, cuyos directivos son Mario Bosco (Presidente-fundador), Francisco D’Escoto Brockmann (Secretario Corporativo), Michael Cline (Director medioambiental, geo-ingeniería y ciencias), y Jaime Incer Barquero (Ejecutivo).

Según el sitio Web de CINN, Mario Bosco es abogado consultor de proyectos de desarrollo en diferentes países de Asia y Europa. Ha realizado consultorías a la ONU en  Tailandia y gerenciado proyectos de Canal Seco en Centroamérica.

A Francisco D’Escoto Brockmann lo presenta como un diplomático que ha sido embajador en Estados Unidos, Inglaterra y Japón. También resalta sus vínculos con círculos políticos de Nicaragua.

Michael Cline es presentado como un geólogo que evaluó los efectos del terremoto que destruyó Managua en 1972. También destaca su experiencia en Economía, Geología y Minas en Estados Unidos, Colombia y Panamá.

Mientras que a Jaime Incer lo presenta como un consultor medioambiental y ecólogo, destacando su gestión como ministro en esas ramas en gobiernos anteriores.

Costeños pragmáticos
Rayfield Hodgson confirmó que el gobierno actual no le ha informado sobre la negociación entablada con dos consorcios coreanos para ejecutar el Proyecto Monkey Point.

“Se trata de acuerdos de intención, y puede haber muchos a los que no nos oponemos, siempre que nos tomen en cuenta, porque cualquier concesión tiene que ser aprobada por el Consejo Regional de la RAAS”, explicó.

“El Consejo Regional no se opone a proyectos que traigan trabajo y desarrollo. Cuando este gobierno asumió el poder, Bayardo Arce me invitó y yo los acompañé a Monkey Point con inversionistas de Venezuela y Dubai. Después fueron solos con un grupo de embajadores y la comunidad los rechazó”, indicó Hodgson.

El gobierno territorial Rama y Kriol de  Monkey Point se ha pronunciado en los mismos términos, aclarando que no obstaculizarán ningún proyecto estratégico, siempre que se respeten sus derechos consignados en el Estatuto de Autonomía y la Ley 445 sobre el Régimen de Propiedad Comunitaria de los Pueblos de la Costa Atlántica.

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