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El juicio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya le costará a Nicaragua entre 5 y 7 millones de dólares según los cálculos de algunos ex cancilleres. Los gastos aumentarán en caso que el gobierno demande a Costa Rica.

“Es caro, pero es más caro no responder la demanda. Cueste lo que cueste hay que afrontar ese gasto”, sostiene el ex canciller Norman Caldera.

Primero la CIJ debe notificar, luego reúne a los dos países en conflicto para acordar el tiempo en el que se presentará la memoria. Después viene la entrega de la contra memoria, la réplica, dúplica y los argumentos orales.

Durante ese proceso, el país deberá invertir millones de dólares, sobre todo en el pago de abogados extranjeros. “Se gasta en abogados locales, abogados internacionales, estudios históricos de geografía, cartografía y en los gastos locales en Holanda”, enumera Eduardo Montealegre, quien fue ministro de Relaciones Exteriores cuando Costa Rica solicitó navegar con armas en el Río San Juan.

“El costo depende de qué tan largo es el juicio. Puede ser entre 5 y 7 millones de dólares. Los abogados internacionales son los que más cuestan. Por lo general, son abogados de Inglaterra, España, Francia”, que cobran por hora, agrega Montealegre, hoy diputado opositor.

Sin embargo, sopesa el gasto y hace énfasis en los logros obtenidos en los juicios anteriores. Para ejemplificarlo citó la demanda contra Honduras por el diferendo territorial y marítimo en el Mar Caribe.

“Obviamente lo que se recuperó en el juicio contra Honduras, la plataforma marítima, vale miles de millones de dólares. Más o menos 3 kilómetros, que es lo que está en juego aquí, no tiene ningún valor comparable, pero es parte de nuestro territorio y hay que defenderlo”, consideró Montealegre.

El diplomático Mauricio Díaz calcula los gastos también entre 5 y 7 millones de dólares, sin embargo, sostiene que “es una barbaridad que se gaste” esa cantidad “mientras los ribereños de ambos lados necesitan inversión”.

“Hay bufetes especializados que viven de eso, tanto en La Haya, en Londres, como en Nueva York y Ginebra, y extraen enormes sumas de los países en litis”, expresó Díaz.

Dos juicios
El presidente Daniel Ortega dijo ayer en una comparecencia pública, que su equipo se tomará “el tiempo necesario” para elaborar la demanda contra Costa Rica, país con el que desde hace un mes hay conflictos limítrofes, pues reclaman como suya la zona de Habor Head, en la desembocadura del Río San Juan.

El mandatario se justificó de no haber demandado hasta hoy --pese a que lo anunció hace más de 15 días-- argumentando que lo importante es que la demanda contenga “todos los elementos jurídicos, todo lo que existe sobre la materia”.

El jueves Costa Rica demandó a Nicaragua por “daños ambientales” y por “violar la soberanía nacional” al realizar labores de dragado en el Río San Juan. Está previsto que mañana Ortega presente a los representantes de los poderes del Estado los lineamientos a seguir, previo a la demanda que el gobierno presentará contra el país vecino.

Montealegre aseguró que los costos ascenderán cuando el gobierno demande a Costa Rica, pues el país enfrentará dos juicios. “Eso va a aumentar los costos, salvo que la Corte decida unificar los juicios”, precisó.

El presupuesto para enfrentar los juicios se incorporará en el de la Cancillería.

Para enfrentar el litigio el país contratará a unos cuatro abogados extranjeros. Al menos cinco nacionales colaboran durante el juicio, explican los ex diplomáticos basados en su experiencia.

“Es gente experta en derecho internacional”, explicó Caldera, quien agregó que uno de los pocos expertos en la materia que hay en el país es Mauricio Herdocia, a quien no pudimos contactar ayer.

En una entrevista a inicios de octubre, Herdocia dijo al EL NUEVO DIARIO que Nicaragua es de los países que más ha acudido a La Haya.

Antes de la demanda de los ticos, ha estado ocho veces en la CIJ. Entre los juicios más importantes está el que se libró contra Estados Unidos por las “Actividades Militares y Paramilitares”, y la demanda contra Colombia por el diferendo territorial y marítimo que aún no ha concluido.

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