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En el primer mes del año Nicaragua ahorró alrededor de US$12 millones en la compra de búnker para la generación de energía eléctrica, debido al bajo precio del barril de este producto a nivel internacional, dio a conocer ayer el director del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo.

Sin embargo, el funcionario no quiso estimar de cuánto podría ser la reducción en la tarifa energética. Está previsto que en  marzo se realice una revisión a la misma. En enero pasado la reducción fue del 4%, gracias al ahorro.

Castillo recordó que del total del ahorro, solo el 47% ha sido destinado a la reducción de la tarifa energética. Del restante, un 30% va para el pago de la deuda con Caruna y un 23% para el Fondo de Combate a la Pobreza. Así lo establece la Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor, aprobada en abril de 2015.

Consultado por El Nuevo Diario, el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora, señaló que tomando en cuenta que el precio del búnker o fuel oil se ha mantenido en US$19  el barril y que el ahorro en la compra de este producto en enero, febrero e inicios de marzo podría ser de hasta US$42 millones, la próxima reducción en la tarifa energética debería de ser entre el 2% y el 4%.

DEUDA

Respecto al pago de la deuda con Caruna, que el país adquirió para mantener el subsidio a la tarifa ante los altos precios del petróleo que hubo entre 2011 y 2014, el titular del INE refirió que en 2015 pudieron abonar US$37 millones y que este año esperan abonar entre US$40 millones y US$45 millones. En declaraciones ofrecidas a mediados de enero pasado, dijo que la deuda aún era de US$157 millones.

David Castillo presentó ayer un informe ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, donde también dio cuentas de los resultados de los procesos de inspección que realiza el INE a las industrias, estaciones de servicio  y a los puestos de venta de gas licuado.

En el caso específico de conexiones ilegales a la red de distribución eléctrica, la presidenta de dicha comisión, diputada Jenny Martínez, indicó que de 24,000 inspecciones que realizaron el año pasado, encontraron que 22,000 eran ilegales, aunque aclaró que esas revisiones se dieron solo en asentamientos.

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