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Desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las acreditó como facilitadoras judiciales el 21 de abril de 2015, un grupo de trabajadoras sexuales ha atendido al menos 680 problemas judiciales, de ellos 224 de mujeres de su gremio y 456 de población en general con conflictos leves del ámbito civil y penal. 

Las facilitadoras judiciales no juzgan los casos ni son defensoras ni fiscales, aclara la CSJ a través de su sitio web, sino que “son un puente de comunicación entre operadores de justicia y su comunidad o barrio”. A su vez se encargan de ser un mecanismo de formación jurídica y de prevención.

“Nosotras tenemos cuatro funciones: asesoramos, acompañamos, damos seguimiento y hacemos mediaciones”, detalla María Elena Dávila, presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales (RedTraSex) Girasoles, quien resalta que son las únicas en el mundo que fungen como facilitadoras judiciales. 

Cuando una persona llega a sus oficinas, en Bello Horizonte, ellas reciben el testimonio y la documentación, aperturan un expediente y valoran si tienen competencia para resolver el problema a través de una mediación, o si es necesario remitirlo a otra instancia, explicó Yamileth García, una de las facilitadoras judiciales. 

“Cuando un caso no es de nuestra competencia se hace la remisión, ya sea al Ministerio de la Familia, la Procuraduría, el Ministerio Público, a cualquier autoridad competente”, afirma la auxiliar de justicia, de 31 años. 

Según García, los servicios más comunes que brindan a las trabajadoras sexuales son acompañamiento y seguimiento en otras instancias, usualmente en casos de agresiones verbales y físicas, de estigma y discriminación.

Para la población en general, los casos que mayormente resuelven están relacionados con problemas vecinales, deudas, injurias y violación de domicilio. 

Estas facilitadoras judiciales reciben capacitaciones en leyes y sus reformas por parte de la CSJ, y tienen una coordinadora que les asesora en determinados casos.

Según la Corte Suprema de Justicia, a finales de 2016 habían acreditados 4,672 facilitadores judiciales en todo el país. 

Contribuyen al acceso a la justicia

A más de dos años de haber sido acreditadas por el Sistema de Justicia para “contribuir al acceso a la justicia y generar armonía en las relaciones interpersonales de cada sector”, Dávila destacó que el aprendizaje ha sido inmenso. 

“Hemos demostrado que tenemos capacidad, nos hemos ganado el respeto de la gente, y estamos incidiendo en las instituciones para que nos respeten y nos reconozcan como sujetas de derechos”, dijo Dávila, de 54 años, una de las 14 mil trabajadoras sexuales que el Ministerio de Salud calcula que hay en el país. 

Inicialmente, el grupo de trabajadoras sexuales capacitadas como facilitadoras judiciales fue de 18 mujeres, pero en la actualidad unas 8 o 10 mujeres continúan brindando este servicio judicial. Quienes se han retirado lo han hecho por problemas de salud, porque han emigrado o porque carecen de tiempo para dedicarle al trabajo voluntario. 

“Es prohibido que la gente nos remunere, y la mayoría de las compañeras que vienen no tienen los recursos para hacerlo. Nosotras nos autofinanciamos, somos trabajadoras sexuales, así que parte de lo que ganamos, lo usamos cuando nos toca poner plata”, explicó Dávila, quien organizó a las trabajadoras sexuales en la asociación Girasoles en el año 2007 y actualmente cuentan con 2,300 miembros.

“Para nosotras es un trabajo importante, porque te empoderás, conocés de las leyes, trabajás con otras instancias del Sistema de Justicia, y te llevás la satisfacción de que resolviste un problema”, concluyó Dávila.

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