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La reforma aprobada ayer a la Ley de Prevención, Investigación, Persecución del Crimen Organizado y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (Ley 735) fortalece la seguridad jurídica del Sistema Financiero Nacional (SFN) y los derechos de los terceros que actúan de buena fe al rentar propiedades y bienes a personas que resultan acusadas de crimen organizados o narcotráfico, valoraron diputados de la Asamblea Nacional.  

Los cambios a la Ley 735 se aprobaron con 89 votos. El Artículo 35 de esta ley ahora garantiza que las instituciones del SFN y las microfinancieras puedan recuperar los crédito otorgados a personas acusadas de crimen organizado, ejecutando la recuperación de las prendas o hipotecas puestas en garantía antes de que estos bienes o propiedades pasen a la Unidad Administradora de Bienes Incautados Decomisados y Abandonados.  

“Se fortalece la seguridad jurídica.  La reforma  da estabilidad al Sistema Financiero Nacional y, por ende, a todas las personas que ahorran o que son cuentahabientes porque al final los usuarios son los dueños del dinero que está en el Sistema Financiero”, indicó el legislador Mauricio Orúe, de la bancada PLI/ALN del Poder Legislativo. 

La reforma  incluyó adiciones al Artículo 61 y, en este sentido, “ha quedado establecido que una vez satisfecha la obligación crediticia conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil, se deberá  entregar el remanente, en el caso que lo hubiere a la Unidad Administradora de Bienes Incautados Decomisados y Abandonados, informando de esta circunstancia al juez de la causa penal y al Ministerio Público para que solicite el decomiso”, indicó el diputado Jimmy Blandón, de la bancada del PLC, que respaldó la reforma. 

Protección a personas que rentan    

“En el mismo artículo 61 se establece que las personas que rentan un apartamento, un vehículo o tierras para cultivos y no están involucrada en los supuestos crímenes de la persona acusada, deberán acudir al Ministerio Público para acreditar su derecho e intervenir en el proceso penal en calidad de interesado ofreciendo pruebas para oponerse al depósito provisional  y gestionar la devolución de sus bienes”, agregó Blandón.  

El diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista, presentó una moción que primero debió ser aprobada en el plenario para luego incluirla como parte del artículo 61 ayer mismo.

Castro pidió agregar en el artículo 61 un párrafo llamando a las instituciones del SFN  a  mantener medidas diligentes que les permitan tener un conocimiento de sus clientes. Además, deberán poner a disposición de la “autoridad competente”, por un plazo de cinco años, “todos los registros sobre las transacciones y las informaciones” y “deben enviar reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente cuando la institución financiera así lo determine”.

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