Hugo Torres Jiménez
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No pierdan su tiempo buscando en el diccionario, pues no encontrarán esta palabra en sus páginas, sin embargo, podríamos darle el siguiente significado: mezcla terrible de consecuencias producidas en el país por los fenómenos naturales y las consecuencias más terribles aún, derivadas de las acciones de una clase política atrasada, irresponsable, falta de visión y amor nacional.

Hace dos meses el huracán “Félix” arrasó vastos territorios poblados de gente y bosques de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua; destruyó gran parte de su infraestructura de viviendas, servicios y caminos, eliminó miles de animales silvestres y ganado. Más de cien muertos y una cantidad superior de desaparecidos; ochocientas mil hectáreas de bosques latifoliados y de pino devastados; flora en cantidades inimaginables destruida; cosechas de arroz, frijoles, yuca y tubérculos diversos severamente afectadas; ríos contaminados por las enormes cantidades de material orgánico en descomposición caídas en sus lechos. Luego vendrían intensas y prolongadas lluvias en el resto del país, que anegaron extensos territorios en el Occidente, Norte y Centro, con consecuencias parecidas: víctimas mortales, sembradíos desaparecidos, carreteras socavadas, puentes fracturados, deslaves, desbordamientos de ríos y lagos, erosión relevante, llanto, hambre, frío, desesperación y angustia…   Otra consecuencia inmediata ha sido la epidemia de leptospirosis y el repunte del dengue y de otras afecciones como las de las vías respiratorias, de la piel, gastrointestinales, etc. Cada episodio de diarrea hace que un niño pierda dos libras de peso, recuperarlas le puede llevar tres meses.

Los fenómenos de la naturaleza nos viven desnudando una y otra vez en nuestra escuálida y triste realidad; somos un pueblo y un país expuestos al desastre por la depredación de siglos y por las secuelas del saqueo, pero sobre todo por el mayor desastre de todos: la falta de institucionalidad de estado transformada en ausencia de previsión y sobre todo de planes de desarrollo que, tomando en cuenta las características del territorio nacional, determinen cuáles son las potencialidades a explotar responsablemente, de tal manera que podamos proteger y engrandecer permanentemente nuestros ecosistemas, cuencas hídricas, tierras cultivables, bosques, lagos y mares.

El modelo de desarrollo --si es que se le puede llamar así-- adoptado desde el siglo XIX no nos ha permitido ni desarrollarnos ni preservar nuestros recursos naturales; todo lo contrario, ha creado una sociedad excluyente, con una cúpula detentadora del poder económico y político, dependiente de los intereses de las metrópolis, expoliadora del trabajo de las mayorías, las cuales viven en la pobreza y en la pobreza extrema, con altísimos niveles de analfabetismo, desnutrición y mortalidad infantil, sin agua potable –en un país rico en este recurso- sin energía eléctrica, y cuando la tiene la paga a costos muy altos, en un país con enorme potencial hidroeléctrico, geotérmico, eólico, de biomasa y solar. Los costos de los alimentos por las nubes, algunos de ellos a precios prohibitivos, teniendo nuestro país las más abundantes y ricas tierras de Centroamérica y los recursos del mar igualmente más abundantes.    

Según la “Propuesta ante la Reunión de Estocolmo para la reconstrucción y transformación de Nicaragua” hecha por la  Coordinadora Civil, en abril de 1999, después del huracán Mitch, Nicaragua contaba a finales de los años 30, cuando comenzaba la dinastía militar somocista, con más de 22 millones de hectáreas de bosques; cuando la dictadura fue derrocada en 1979 tal cantidad se había reducido a 10 millones; a finales de los años 80 la reducción nos llevó a 4.5 millones de hectáreas; doña Violeta le entregó la administración del país a Arnoldo Alemán con 3.2 millones de has. En la década de los 90 las empresas madereras pasaron de 22, en 1993, a más de 600, en 1995, sin que existieran planes de manejo del recurso maderero.

Nuestro país cuenta con 21 cuencas hídricas; todas están severamente afectadas por la deforestación y, en consecuencia, por índices de erosión alarmantes. Según el documento referido, el bosque tropical seco, en el Pacífico, Centro y Norte del país casi ha desaparecido en su totalidad; el bosque húmedo y de pinares se encuentra severamente afectado. Las causas de tal despale son: la expansión desordenada de la agricultura y la ganadería; los avances de la frontera agrícola; las quemas no controladas y la explotación irracional del recurso forestal. Más de 150,000 hectáreas de bosques son  destruidas cada año  por los incendios no controlados y la deforestación. Esto trae como consecuencias que haya menos infiltración del agua hacia los mantos friáticos, una más acelerada erosión y compactación de los suelos y, por supuesto, cada vez mayores inundaciones, con todas las secuelas señaladas.

Los resultados de estudios hechos por la UNAN-Managua, bajo la responsabilidad del doctor Salvador Montenegro y otros científicos, sobre los grados de contaminación de las aguas del Occidente del país, dejan en evidencia la irresponsabilidad de siempre de los distintos gobiernos y empresarios en el manejo de los recursos naturales. Todos los pozos de esa región están seriamente contaminados por insecticidas de toda índole –incluidos el Nemagón, el Toxafeno y el DDT, y otros prohibidos en los países de origen (desde muchos años antes de que acá se dejaran de usar) y por heces fecales humanas y de distintos animales. Hay que decir que estos  insecticidas tardan de 200 a 300 años para descomponerse; es decir, que sus consecuencias para la salud y la vida de los afectados se harán sentir por muchas generaciones. Los lugares más contaminados son las lagunas costeras o esteros, y de la fauna que en ellos existe las conchas negras y pescados como el pargo y la lisa son los que cargan con la mayor cantidad de esos tóxicos.

Todos sabemos que muchas de nuestras tradicionales fuentes de agua han ido desapareciendo, al verse afectadas las cuencas, o se encuentran en francos procesos de contaminación, incluyendo a nuestro principal  recurso de agua potable: el Lago de Nicaragua; a pesar de los gritos de alarma del Dr. Jaime Incer Barquero. No hay gestión del agua en Nicaragua; según los expertos cada cuenca debería ser manejada de forma diferenciada, atendiendo a sus características particulares.

Después del Mitch fue casi unánime la opinión de que debíamos transformar la desgracia en una oportunidad para sentar bases sólidas del desarrollo de nuestro país; aquella oportunidad se perdió, debido a la irresponsable actitud del gobierno de turno y del resto de actores políticos, gremiales, empresariales y de la sociedad, que no fuimos capaces de obligar a los gobernantes a que asumieran con seriedad, transparencia y honradez una tarea a todas luces imprescindible para garantizarnos un futuro estable, decoroso y próspero, basado en un modelo de desarrollo sostenible, es decir, capaz de reproducir permanentemente las mejores condiciones medioambientales y de explotación racional y científica de nuestras potencialidades y recursos. Hoy, ante estas nuevas desgracias, la oportunidad aparece de nuevo, y es por eso que, viéndonos en el espejo de esta triste y grave realidad, que nos golpea el rostro y la conciencia, creemos que el gobierno debe convocar, sin demagogia ni oportunismos politiqueros, a todas las fuerzas de la Nación, a discutir un verdadero plan de desarrollo nacional.

Para tener verdaderas posibilidades de concertación de dicho plan que “integre una perspectiva nacional” el gobierno y todos los actores involucrados deben abocarse sin dilación a “fortalecer las instituciones del Estado en términos de credibilidad, transparencia, respeto a las leyes y apego al estado de Derecho”.

Se hace necesaria “la participación de la sociedad civil en las políticas macroeconómicas establecidas para Nicaragua, mediante la ampliación y fortalecimiento de alianzas nacionales e internacionales así como la consolidación de los espacios de participación”. También se vuelve necesaria la formulación de “políticas de desarrollo estableciendo el marco jurídico que regule el uso de los recursos naturales, su aprovechamiento sustentable y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente”.

Especial atención se debe prestar a las características culturales de las regiones de la Costa Caribe, haciendo participar a sus autoridades y comunidades regionales en la formulación de dicho plan, fortaleciendo sus capacidades administrativas e institucionales y la descentralización de los recursos.

Esta pequeña muestra del desastre en que se encuentra Nicaragua, debe ser suficiente motivo para que, con carácter de urgencia y alto sentido de patriotismo, el gobierno convoque a todas las fuerzas de la Nación a rediseñar con rigor científico el país, comenzando por el aspecto económico y social,  saneando las instituciones políticas y jurídicas, dejando a un lado la discusión sobre el cambio del régimen político, que en nada contribuye a la búsqueda de soluciones a los gravísimos problemas estructurales que padecemos; antes bien, terminaría agravándolos.  No es con actitudes sectarias, revanchistas y excluyentes que el gobierno va a hacer concurrir todos los esfuerzos en la dirección del desarrollo, menos aun con reediciones de pactos prebendarios que sólo sirven para hundirnos más en el atraso, la degradación y nuevas polarizaciones, que nada más que tragedias auguran. Todavía estamos a tiempo de que la palabra Desastrología no se instale definitivamente en nuestro diccionario.

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