5 de agosto de 2008 | 21:40:00

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El límite del interés permitido y el delito de usura

Manuel Aráuz Ulloa* | Opinión



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“La verdad es que uno se ahorca solo”, dijo un oyente que llamó por teléfono al programa matutino de una radio local, al que los profesores de derecho de la UCA asistimos cada jueves. “Aquí hay gente que presta al 100% de interés al día, proliferan las microfinancieras, cooperativas de ahorro y crédito, prestamistas y casas de empeño, (…) y eso no se ha discutido; pero las compañías de electrodomésticos también te lo dan a plazo cobrando un interés como de 4% mensual sobre el valor total del artículo (…). Si existen es porque hacen negocio y si los que contratan aceptan no tiene por qué haber problema”, concluyó.

No es una cuestión sólo de consentimiento, respondí; aquí hay leyes que nos dicen cuál es la tasa el interés permitido y cuál es el interés constitutivo de usura. La cuestión es importante, sobre todo a raíz de la entrada en vigor del Código Penal. Conviene fijar sus límites a fin de que los ciudadanos “sepamos a qué atenernos”. Usura es prestar dinero a otro con excesivas tasas de interés; en nuestro país apareció con la ley que regulaba las casas de préstamo allá por el año 1900. Con mucha más precisión se tipificó en la Ley contra la usura de 1934; en ese entonces el interés máximo para los bancos era del 6% anual. Para los préstamos realizados por los particulares el máximo autorizado era del 9% anual. Se autorizaba, sin embargo, un interés de hasta el 2% mensual (24% anual) cuando se tratara de cantidades menores de 100 córdobas. Todo lo que estaba fuera de esos márgenes se consideraba delito de usura, y se castigaba con un año de prisión y multa equivalente a diez veces el interés excesivo.

La Ley de intereses de 1940 mantuvo la tasa del 2% por préstamos inferiores a 100 córdobas e introdujo modificaciones en la forma de calcular el interés máximo que los particulares podían cobrar. Desde ese entonces la tasa de interés pactada no podía ser superior a la permitida a las instituciones bancarias más la mitad de esa tasa. En el Código Penal de 1974 el artículo 302 prohibió un interés superior al autorizado para las instituciones bancarias, aún cuando los réditos se encubrieran o disimularan bajo otras denominaciones. A partir de 1979 se publicaron varios decretos a través de los cuales se ordenaba a los jueces civiles declarar, aún de oficio, la nulidad de los contratos que establecieran intereses superiores al señalado por la ley.

En tiempos más recientes la Ley reguladora de préstamos entre particulares del año 1994 --Ley 176--, estableció que el interés máximo con que se podían pactar préstamos entre los particulares era “el más alto” que cobraran los bancos comerciales, más un porcentaje adicional no superior al 50% de dicha tasa.

El interés permitido resultaba ser exagerado, en algún momento llegó a permitirse a los particulares un interés anual de hasta el 119%; si algún particular pasaba de ese máximo cometía el delito de usura. En una reforma posterior, Ley 374, se determinó que el interés anual máximo con que se pueden pactar préstamos entre particulares debe ajustarse a la tasa de interés promedio ponderado (TIPP) que cobren los bancos comerciales autorizados en el país, y en ese sentido ordena al Banco Central a que, conforme sus facultades constitucionales, determine mensualmente cuál es la TIPP. No establece la ley la base de cálculo que debe tenerse en cuenta para el establecimiento de esta tasa, aunque sí ordena la exclusión de los intereses cobrados en operaciones de tarjeta de crédito y en concepto de sobregiro.

La indefinición de la ley resultó en sus inicios perniciosa, no sólo por sus implicaciones de carácter económico, sino porque de ello depende que estemos o no ante un delito de usura. La TIPP en los últimos cinco años ha presentado un comportamiento inestable. Podemos encontrar tasas de interés máximo de 27%, como la del mes de diciembre 2005 o de 4.31%, como la establecida para el mes de julio de 2004. Resulta obvio que ninguna institución bancaria se podía permitir tal porcentaje. Debe reconocerse, sin embargo, que durante el año 2007, y lo que va de 2008, la tasa de interés se ha mantenido en un promedio aceptable, cercano al 22% anual.

El artículo 263 del nuevo Código Penal castiga dos modalidades delictivas: la usura propiamente dicha, cobrar un interés superior al establecido por la ley, y el anatocismo, consistente en capitalizar intereses con el objeto de cobrar intereses sobre intereses. En la primera modalidad delictiva, norma penal en blanco, el CP nos dice que está prohibido cobrar un interés excesivo, pero el porcentaje de ese interés no depende del CP sino de la ley reguladora de préstamos entre particulares (176/374). De esta manera, una reforma de la ley mercantil (en la forma de calcular el interés o en el porcentaje del mismo) representa una reforma de la norma penal; se puede decir que están conectadas directamente.

Es un delito de carácter doloso que puede ser realizado por cualquier persona. Se incluye una circunstancia agravante cuando se realiza por personas dedicadas habitualmente al préstamo de dinero. Si bien, por disposición del Código Penal y de la propia naturaleza de las cosas, las personas jurídicas no pueden cometer delito, ello no significa que no existan consecuencias cuando el hecho se realiza a través de ella. En primer lugar el establecimiento de medidas cautelares que pueden dar lugar al cierre temporal o definitivo, a la suspensión de actividades o a la intervención de la misma (Art. 113 CP); en segundo lugar, la responsabilidad civil subsidiaria establecida por el artículo 125 del CP. Además de esto, la nulidad de los intereses excesivos, aunque estos hayan sido pactados y consentidos, pues la voluntad de los particulares no puede estar por encima de las disposiciones legales con carácter de orden público.

Para este mes de agosto los préstamos pactados con una tasa de interés superior al 22.88% constituye delito de usura, aunque el interés excesivo se intente disfrazar subsumiéndolo en el principal, o se difiera como asistencia técnica u otras denominaciones. La realidad es que, las condiciones actuales del país y el desarrollo del microcrédito en Nicaragua, ponen de relieve que la legislación existente es insuficiente y obsoleta. Hay que aprobar una legislación especial que regule esta materia.


*Profesor de derecho penal. UCA.

Doctor en derecho penal por la Universidad de Alcalá, España.

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