La historia criminal demuestra que para bajar la criminalidad en una sociedad, jamás ha sido una solución el endurecimiento de las penas. La creencia errónea que se mantuvo por muchos años de que esto se logra castigando con más rigor al delincuente es tan vieja como la humanidad misma. Mas la experiencia comprobó que la venganza aplicada sin misericordia contra el convicto se convierte en un boomerang contra la sociedad misma, ya que los índices delictivos se disparan  en vez de disminuir el delito.

En tiempos pretéritos prevaleció la errónea concepción de que el crimen provenía de una voluntad, de un deseo enfermizo de hacer el mal, de odio o resentimiento contra la sociedad; por tal motivo en el Código Penal se establecían penas durísimas contra los antisociales; se pensaba que de esta manera se frenarían los delitos. En el caso de robo de menor cuantía, las penas oscilaban entre 10 y 15 años de presidio. En aquel entonces el convicto no gozaba de políticas de reeducación, no tenía derecho a beneficios de reducción de penas por buena conducta.

En los delitos más graves, como lesiones, homicidio, asesinato, violación, etc., las penas eran mucho más graves; la condena podía llegar a la pena de muerte, en la horca o en el pelotón de fusilamiento. El acto de quitar la vida al condenado era público, y podía asistir masivamente la población; el show tenía como propósito enviar un mensaje disuasivo al mundo de la delincuencia.

Con el transcurso de los años, el derecho criminal fue siendo objeto de investigación científica y surgieron nuevas teorías. Se hicieron estudios sociológicos y psicológicos que permitieron auscultar la personalidad del delincuente; los factores sociales influyeron en la aptitud  delictiva; el entorno social que tuvo el delincuente durante la niñez; los traumas sicológicos; el maltrato y los abusos de que fue víctima, que afectaron su personalidad síquica y mental hasta transformarlo en un ser violento e irracional.

Conforme se producen nuevos hallazgos, se empezó a ver la criminalidad desde otra óptica. El delincuente fue visto de otra manera, se entendió que la familia y la sociedad también son responsables del fenómeno delincuencial. Así, los códigos penales fueron reformados; en el caso de robo, en ciertos casos llegó a ser una eximente robar por hambre; los países firmaron tratados internacionales para abrogar la pena de muerte; en las legislaciones se incluyó el indulto y la amnistía; bajaron las penas, los condenados podían obtener la libertad por buen comportamiento; reos con problemas mentales fueron considerados inimputables y enviados a hospitales psiquiátricos para su tratamiento.

Hace algunos meses se desató en el país una polémica por el asesinato de un universitario a manos de un adolescente, por lo cual se demandó una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, para endurecer las penas. Sin embargo, los diputados de la Asamblea Nacional cerraron filas, oponiéndose a aumentar las penas; dijeron que la solución no está en aumentarlas, por el contrario, con eso el problema se agudizaría.

La semana pasada, el Parlamento, actuando con doble rasero, en una actitud  populista y demagógica, aprobó en lo particular la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, cuya normativa sanciona a 30 años el delito de femicidio, crea los juzgados de excepción, dirigidos exclusivamente por féminas; proscribe el trámite de mediación, excluye toda posibilidad de perdón a favor del acusado; se lesiona el principio constitucional de igualdad jurídica.

Los diputados, por crasa ignorancia, regresaron a la época de derecho penal de los siglos XV, XVI, XVII, XVII y XIX, cuando se pensaba que aplicar penas durísimas a los condenados era la solución al problema de la delincuencia. La violencia hacia la mujer o la violencia en general, es un fenómeno que tiene raíces profundas y complejas que agobian a todos los países del mundo, y no será con una ley de pena máxima que el problema disminuirá, al contrario: está comprobado que las penas duras tienden a aumentar la actividad delictiva.

En los noventa, un grupo de mujeres logró incrementar las penas por violación de quince a veinte años. Los delitos de violación se dispararon como nunca. Ahora, la Ley contra la violencia hacia la mujer roza y lesiona varios preceptos constitucionales, por lo cual los ciudadanos debe de recurrir en su contra ante la CSJ.

* El autor es abogado y notario.