Al concluir las recién pasadas elecciones nacionales, plagadas de ilegalidades, anomalías e irregularidades, según los informes de los organismos nacionales e internacionales de observación electoral, el presidente del Consejo Supremo Electoral de facto manifestó que las elecciones municipales, previstas para el mes de noviembre de este año, quedaban convocadas por ministerio de la Constitución y de la Ley Electoral.

Sin embargo, la Ley Electoral establece que los procesos electorales deben ser convocados por el CSE, de acuerdo con las atribuciones que a este le confiere el artículo 10, inciso primero.

La gran pregunta es: ¿Qué partido político que se respete, y respete a la ciudadanía, estaría dispuesto a concurrir a unas elecciones convocadas por los mismos magistrados que organizaron y dirigieron los procesos electorales municipales de 2008, regionales de 2009 y nacionales de 2011, si ya se conoce cómo actúan estos señores? ¿Estaría dispuesta la ciudadanía a concurrir a depositar su voto en un nuevo proceso electoral, con el mismo CSE de facto, a sabiendas que no será transparente y que terminará en una burla descarada a la voluntad popular, tal como ocurrió en las elecciones recién pasadas?  Es difícil creer que los verdaderos partidos democráticos de oposición y los ciudadanos y ciudadanas conscientes de este país estén dispuestos a participar en un proceso donde de antemano se sabe qué partido va a “arrasar” en él, aunque no tenga los votos que oficiosamente le asigne el CSE de facto.

Ha llegado, entonces, el momento que los partidos democráticos y la ciudadanía en general se propongan, como primer punto de su agenda de lucha para recuperar la institucionalidad democrática, hecha pedazos por el orteguismo, presionar cívicamente y en la Asamblea Nacional, para que cuanto antes se proceda a elegir a los nuevos magistrados del CSE, que por su independencia, trayectoria y honestidad, sean verdadera garantía del respeto a la voluntad popular, varias veces burlada.

Esta debería ser una condición indispensable para la participación en los comicios municipales del 4 de noviembre próximo. Pero, no se trata únicamente de renovar totalmente la cúpula del Poder Electoral. Los nuevos magistrados tendrían que emprender, de inmediato, una reorganización de todas las estructuras de dicho Poder, donde todos sabemos están enquistados los operadores del orteguismo encargados de orquestar el fraude.

Los informes de la OEA, de la Unión Europea y de los organismos nacionales de observación electoral contienen una serie de recomendaciones concretas para asegurar la transparencia de los procesos, que tendrían que ser atendidas por el nuevo CSE.

Dadas las consecuencias negativas, nacionales e internacionales, que han tenido los resultados de las elecciones nacionales pasadas, que han colocado al país en una difícil situación, principalmente frente a la cooperación internacional, un mínimo de racionalidad en el actual gobierno debería inducirlo a contribuir a restablecer la confianza y credibilidad en el próximo proceso electoral municipal.

Las advertencias de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos son muy claras. Están en riesgo incluso los préstamos del BID y del Banco Mundial. Y si Nicaragua no consigue la aprobación del “weiver” de la transparencia y el de la propiedad, no sería elegible para negociar un programa con el Fondo Monetario Internacional. El resultado sería catastrófico para nuestra economía y traería consecuencias graves para el gobierno, el sector empresarial y para todos los nicaragüenses, principalmente los más pobres.

Es gravísimo que en un país se pierda la confianza en los procesos electorales como el medio democrático por excelencia para dirimir las diferencias políticas. Por eso, la existencia de procesos eleccionarios transparentes y el respeto a la voluntad popular son considerados elementos esenciales de los sistemas democráticos en la Carta Democrática Interamericana, que el Estado de Nicaragua suscribió y ratificó.

La reacción de los países cooperantes ante los atropellos al proceso electoral son explicables, pues se trata de países democráticos que conocen la tremenda lesión a la institucionalidad que significa falsear los resultados electorales, pues se irrespeta la voluntad soberana de los pueblos a elegir, de manera libre y transparente, a sus autoridades.

Todos los sectores sociales del país: Conferencia Episcopal, Pastores Evangélicos, partidos políticos democráticos, organismos representativos de la sociedad civil y de los empresarios, han manifestado públicamente la necesidad de cambiar el actual Consejo Supremo Electoral de facto. Sería absurdo, en estas circunstancias, no escuchar tan importante reclamo nacional.

Managua, febrero de 2012.