Pocos países han tenido una evolución tan compleja y problemática como la que ha experimentado Nicaragua a lo largo de su historia. La inestabilidad política y las alternancias en el poder, no sólo de las personas o los grupos políticos, sino también de las ideologías y concepciones económicas y sociales, han sido más que frecuentes.

Este factor no podía dejar de afectar la evolución del ordenamiento jurídico encargado de encauzar y dirigir la realidad social, política y económica subyacente a la misma. La más marcada consecuencia que esto ha traído consigo ha sido la incapacidad para llevar a cabo la construcción del ordenamiento jurídico desde una perspectiva unitaria y racional, pues se ha erigido como fruto de impulsos diversos, procedentes de las más diversas influencias, que han ido configurando un conglomerado variable, imposible de incardinar en ninguna de las familias o construcciones jurídicas clásicas.

Eso explica en buena medida que, a pesar de la existencia -como es evidente, dada la riqueza histórica de Nicaragua- a lo largo de nuestra historia de connotados juristas, entre ellos, por ejemplo, Tomás Ruiz, Miguel Larreynaga, José Aguilar, Manuel Escobar, Joaquín Cuadra Zavala, Máximo Jerez, Francisco Zamora, Modesto Barrios, Félix Esteban Guandique, María Haydée Flores, Alejandro Montiel Argüello, Idelfonso Palma, Felipe Rodríguez Serrano, Rafael Ortega, José Pallais Godoy, Cairo Manuel López, Ernesto Castillo, Rodolfo Sandino Argüello, Alejandro Serrano, Sergio García, León Núñez, Danilo Aguirre, los hermanos Baéz; y en entre los jóvenes Juan Bautista Arrién Somarriba, Rodolfo Pérez, Omar García y Reynaldo Balladares; no existen escuelas de pensamiento jurídico, donde se debata y se busque soluciones a los problemas del país.

Dada la carencia de la reflexión resalta un factor muy común en América Latina: la tendencia a reproducir las instituciones jurídicas europeas y estadounidenses, lo que manifiesta una notable carencia de construcciones originales en sentido estricto, y se percibe un tratamiento de la materia deudor en exceso de los estudios llevados a cabo en otras latitudes. Los efectos de esta importación se agravan por la marcada carencia en el tratamiento de la materia por la doctrina nicaragüense, que se ha ocupado bastante poco de los problemas jurídicos.

Esto no impide que existan también algunos estudios meritorios, como los de Iván Escobar Fornos (sobre Obligaciones, Sucesiones, Registral y Procesal Constitucional), a quien dicho sea de paso le han rendido homenaje sus colegas en una edición especial de Editorial Bitecsa.

Pero este tipo de trabajos son tan sólo excepciones particulares, simples islas en un inmenso océano de olvido. Tal vez una de las causas sea que en las universidades no se promueve la investigación; la mayoría de los profesores universitarios, con excepción de la UNAN, son contratados por servicios profesionales; además no existen subvenciones por parte del Estado para la investigación, y no concurre algo muy importante: un sistema de acreditación y de oposición para asumir la cátedra de una materia jurídica.

Las facultades de Derecho, que ofrecían una educación de buen nivel hasta la década de los setenta, experimentaron un proceso de masificación a partir de los ochenta, hasta llegar el día de hoy a 27 escuelas de Derecho, y cada año egresan casi 3 mil 500 abogados. La mayoría de estas escuelas presentan condiciones mínimas de infraestructura y calidad. La ausencia de regulación que asegure un desempeño adecuado y de calidad tiene como consecuencia que la ciudadanía y los juzgadores se quejen de la deficiente calidad profesional de los abogados, y contribuyan a fomentar la desconfianza y la mala imagen de la justicia en la sociedad.

La enseñanza del derecho y el ejercicio profesional de los abogados constituye uno de los elementos cruciales para la construcción de un verdadero Estado de derecho. Por tanto es necesaria una mayor profesionalización, una colegiación obligatoria y observancia de códigos de Ética. Sobre todo, es necesario que el Consejo Nacional de la Educación Superior supervise y obligue a las escuelas de Derecho a mantener actualizados sus planes, revisar el desempeño de los alumnos, y que los profesores asuman sus cátedras por medio de exámenes; que cada año presenten investigaciones vinculadas con problemas reales de nuestro país.

Nicaragua presenta a lo largo de su historia un panorama plagado de problemas, pero también de esperanzas. Hay que hacer un esfuerzo para que la ciencia jurídica, que adolece actualmente de un alto grado de irracionalidad y carece de una verdadera conexión lógica como fruto de una adaptación y adecuación desordenadas; eleve su calidad y pueda en un futuro presentar capacidades técnicas para lograr el funcionamiento adecuado de las nuevas leyes e instituciones.

* El autor es historiador y abogado, especialista en Derecho Administrativo Público.