Pensando en el país, y después de escuchar muchas voces, he llegado a la conclusión que lo mejor para Nicaragua, es decir para todos, Orteguistas y no Orteguistas, es que las elecciones municipales programadas para noviembre próximo se suspendan.

No soy ni el primero que lo piensa, ni el primero que lo propone, con el mismo objetivo: el bien de Nicaragua. Ya Antonio Lacayo, en un artículo de febrero pasado, pidió considerarlo. Su argumentación era válida, pero se pensó que había tiempo para que el gobierno creara condiciones que hiciesen creíbles, en términos democráticos, las elecciones municipales, y así preparar al país para nuevos vientos, que hasta entonces habían favorecido la embestida autoritaria de Ortega, pero que parecían cambiar de rumbo: la bonanza de los precios de todos los productos de exportación, la ayuda de Chávez, la complacencia de los Estados Unidos, etc.

¿Razones para suspender las elecciones?

Ortega no ha respondido a las recomendaciones que en Nicaragua, y en la comunidad internacional se le han hecho para que establezca condiciones, después del bochorno de las elecciones del 2008, 2009 y 2011, para que tengamos unas elecciones municipales creíbles, en términos de estándares democráticos internacionales. Entonces, si Ortega no estableció la credibilidad democrática de las elecciones municipales, su gobierno más temprano que tarde va a enfrentar adicionales restricciones en la cooperación internacional, que tanto necesitamos, y todos, no solamente él, terminaremos perdiendo.

Segundo. Si la verdadera oposición --inequívocamente encarnada en la Alianza PLI-- participa en esas elecciones, cuando no se crearon y ya no hay tiempo para que se establezcan condiciones para una elección democrática, se expone al riesgo de su desacreditación y, adicionalmente, esas elecciones de resultados pre-establecidos, tampoco quedarán legitimadas. Entonces, también, el país pierde.

Último argumento, aunque habría más. Cuando se pierde fe en las elecciones, más temprano que tarde se recurre a la violencia. Del lado Orteguista dirán: hemos ganado terreno en la juventud, que ya no tiene memoria del pasado de violencia. Ocurre que tampoco los jóvenes de los 70 tenían memoria de las guerras civiles de los años 20. Y se insurreccionaron. Y a los que con “pragmática” resignación aceptan la “inevitabilidad” de Ortega, quisiera recordarles que en marzo de 1974, después de casi tres décadas de “boom económico”, en la Primera Convención del Sector Privado, nadie pensó, pese a los malestares políticos que ahí se manifestaron, que cinco años después entraríamos en un proceso insurreccional, de transformaciones revolucionarias, confiscaciones y guerra civil. Esta doble falta de memoria podría ser suicida para el país, y todos perderemos.

¿Cuál es la base legal de lo que estoy proponiendo? Los expertos jurídicos podrían encontrarlas, de manera aceptable, en términos que se fortalezca el Estado de Derecho, y se revierta la tendencia a su deterioro. Solamente quisiera recordar que en tres momentos cruciales para nuestra sobrevivencia pacífica, fuimos los nicaragüenses capaces, Ortega incluido, de encontrar soluciones legales a crisis que llevaban al precipicio: a finales de los años 80, adelantando las elecciones que en febrero de 1990 ganó Violeta Chamorro; con la ley Marco que solventó la crisis constitucional de 1995; y con la Ley Marco que solventó la crisis de 2005, en el gobierno de Bolaños.

¿Quién gana con esta propuesta? ¿Ortega? ¿La oposición? Creo que gana el país, ganamos todos, y por eso deben suspenderse las elecciones municipales hasta que se establezcan condiciones para su realización en condiciones de credibilidad democrática. La alternativa es el abismo.

* Economista