24 de diciembre de 2012 | 00:00:00


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El por qué de la Reforma Tributaria nicaragüense

Reynaldo Balladares Saballos | Opinión



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La reciente reforma fiscal introducida a través de la Ley de Concertación Tributaria no nace por germinación espontánea. Es producto de una ola de cambios que en este ámbito ha tenido repercusiones mundiales, que a la postre ha significado una respuesta a necesidades urgentes a nivel nacional.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 supusieron a posteriori la creación de esfuerzos por controlar el flujo internacional de la riqueza, en cuyo seno los instrumentos fiscales de intercambio de información tributaria y control de transferencias de renta a nivel internacional supusieron un punto de partida en la lucha contra el terrorismo internacional.

Así pues, el control de flujos por vía de los instrumentos fiscales ha significado la utilización de los impuestos en un sentido que va más allá de su consideración como instrumentos de cobertura de los gastos públicos, idea que se resume en una filosofía muy simple: ni un centavo se mueve de un país a otro sin saber para qué, de dónde viene y para dónde va.

Si a lo anterior sumamos las urgentes necesidades de financiación del gasto público a efectos de mitigar las consecuencias de la crisis económica mundial que desde 2006 a la fecha azota el orbe internacional -y que ha supuesto que los contribuyentes paguen con sus impuestos los excesos de la especulación financiera-, con ello tenemos un breve por qué de la ola de reformas fiscales en la que a nivel internacional estamos inmersos.

Ya más cerca, en el terreno de la integración centroamericana, no solo cabe señalar el proceso de armonización de tributos aduaneros mediante la creación de un código aduanero centroamericano y subsiguientes normativas en este ámbito, sino que tal proceso se ha propagado a niveles en los cuales se hace necesaria la homogenización del tratamiento fiscal a los bienes muebles y servicios sujetos a armonización aduanera a lo interno de los países miembros, cambios que se señalan en la declaración de Punta Cana, en República Dominicana, del 30 de junio de 2006, por la cual los signatarios del convenio se comprometen a realizar reformas a nivel interno en relación con estos temas a través de modificaciones de los impuestos sobre la Renta e IVA.

De lo anterior se sigue que el proceso de Reforma Tributaria, a lo interno, no puede escapar a las tendencias que a nivel internacional y regional se exigen a los estados, lo que a su vez significa la complejización del ámbito fiscal de cara a la regulación de aspectos de la tributación internacional que se acogen en la nueva Ley de Concertación Tributaria.

En este sentido, cabe hacer referencia a una serie de cambios que se introducen y evidencian el intento de incluir la fiscalidad nacional en las corrientes internacionales antes mencionadas. Así, por primera vez se define en qué consisten los paraísos fiscales, qué constituye un establecimiento permanente, las reglas de determinación para la cesión de información tributaria relevante de parte de los contribuyentes hacia la DGI, la regulación de los precios de transferencia entre partes relacionadas a efectos de evitar la erosión de la base imponible del Impuesto sobre la Renta, entre otros.

Como si fuera poco, se divide el gravamen de la renta regulando por separando las rentas de trabajo, rentas de capital y rentas de actividades económicas, sujetando las mismas a un reforzado criterio de territorialidad, a lo que se suma el pago mínimo definitivo, los regímenes especiales de cuota fija, así como los destinados a las Mipymes.

Aunque en relación con la regulación de la Renta cabe hacer mención de que la tendencia es el gravamen de la misma a nivel mundial y en sentido global, el acogimiento de estos criterios es sinónimo de una necesaria -y nada despreciable en términos económicos- inversión en la tecnificación del capital humano de la administración tributaria, así como el redoblamiento de esfuerzos por crear un marco jurídico nacional que acoja y permita implementar con el debido tecnicismo las categorías propias de la fiscalidad internacional, hecho que explica, en buena medida, el reforzamiento de la fiscalidad territorial de la Renta.

Dicho en términos más sencillos: acoger los modernos criterios de gravamen de la Renta es un reto que no puede ser asumido en la actualidad debido al ingente esfuerzo económico que supone dotar a la administración tributaria de los recursos técnicos, pero sobre todo humanos, para afrontar este sistema.

Con todo lo anteriormente dicho, se evidencia que la reciente Reforma Tributaria pretende dar un paso hacia adelante en las exigencias de la moderna fiscalidad, impulso que se ve condicionado por las actuales circunstancias económicas de nuestro país, lo que evidencia, al final del camino, que falta mucho por hacer en este sentido, y que sólo el tiempo y el esfuerzo institucional decidido por modernizar el ordenamiento jurídico e instituciones tributarias podrá poner nuestra casa en el grado de desarrollo que a nivel internacional urge la fiscalidad de más alta categoría.

 

* Doctor Europeo en Derecho Tributario, Universidad de Salamanca. Profesor de Derecho Tributario, UCA. Socio de Impuestos de Kreston Nicaragua

 

rballadares@krestonnicaragua.com


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