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El drama de miles de niños centroamericanos que han emigrado solos e indocumentados a Estados Unidos, y hoy se encuentran en albergues, con un futuro incierto, plantea una interrogante y a la vez un reto a los países centroamericanos y a México: ¿Cómo evitar que más niños sigan tomando esa opción y se lancen por una ruta de alto riesgo?

También ha puesto a las autoridades de Estados Unidos en una situación difícil: ¿Cómo resolver ese problema sin irrespetar los derechos de estos niños migrantes, establecidos en declaraciones y leyes, cuando los organismos internacionales que rigen las relaciones entre los países siguen atentos el caso?

Son al menos 52,000 menores de edad los que han entrado indocumentados a Estados Unidos desde octubre pasado, sin que ningún adulto les acompañara, indican los informes oficiales. Podrían ser más los que estuvieran ya en territorio estadounidense, pero algunos niños --aún se desconoce cuántos-- desaparecieron en el camino, secuestrados o asesinados por bandas criminales.

Es un problema grave, un drama sin precedentes en la región, primero, porque estos niños han dejado sus países, del norte de Centroamérica, debido a la alta inseguridad; segundo, porque al atravesar el territorio de México han estado a merced de grupos del crimen organizado que trafican con personas y secuestran a niñas para prostituirlas; y tercero, porque ya en Estados Unidos son vistos como un peligro, por ser potenciales portadores de enfermedades como la gripe H1N1, tal como expresó el gobernador de Texas, Rick Perry.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) alzó la voz esta semana, pidiendo a los países involucrados en el problema de los niños migrantes que los traten “con dignidad y garanticen que sus derechos bajo la legislación internacional sean respetados”.

Estos menores de edad “escapan de la persecución y del reclutamiento por parte de pandillas y otros grupos delictivos, de la violencia en sus comunidades y hogares, y de la pobreza y desigualdad”, explicó la oficina del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Los niños migrantes, igual que todas las personas que se van de sus países en condiciones similares, tienen derecho a recibir asistencia sanitaria y a la subsistencia mínima, según la legislación internacional.

Mientras las autoridades de Estados Unidos deciden si mandan a estos menores de regreso a sus países, y coordinan con los gobiernos respectivos las condiciones en que lo harán y cómo garantizarán su reunificación familiar, lo menos que pueden hacer es darles un albergue y una atención básica sanitaria. Antes de ver a estos niños como un peligro, es importante considerar su condición de víctimas y analizar cómo se podría revertir el entorno violento que los obligó a escapar de sus comunidades de origen.

 

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