18 de noviembre de 2008 | 19:10:00

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Crónica de un fraude anunciado

Carlos Tünnermann Bernheim | Opinión



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Los especialistas en temas electorales coinciden en afirmar que hoy día los fraudes electores no se llevan a cabo únicamente el día de la elección, sino que se preparan en el proceso previo.

Si examinamos la actuación del Consejo Supremo Electoral en los meses anteriores al 9 de noviembre, podemos constatar que este organismo adoptó una serie de decisiones que permitían prever lo que sucedería el día de los comicios. De esta manera, las elecciones no fueron más que la culminación de esa sucesión de arbitrariedades del CSE, con miras a inclinar los resultados electorales a favor del FSLN. Esas medidas incluyeron, entre otras, las siguientes:
* El despojo de la diputación de Alejandro Bolaños Davis;
* El secuestro del partido ALN, perpetrado en contra de Eduardo Montealegre;
* La cancelación ilegal de la personalidad jurídica del Partido Conservador y del MRS, no obstante que ya estaban debidamente inscritos y participando en el proceso electoral;
* Lentitud y partidización del proceso de cedulación, en perjuicio de la ciudadanía;
* Utilización de los bienes del Estado y de programas oficiales para hacer campaña electoral y clientelismo a favor del partido gobernante, sin que el CSE ni la Fiscalía Especial Electoral tomaran ninguna medida.

* La no acreditación de los organismos de observación electoral nacional con mayor experiencia en el país, utilizando como pretexto consideraciones carentes de fundamento.

* La no invitación a los organismos de observación internacional que tradicionalmente han observado los procesos electorales del país (OEA, Centro Carter, etc.). En cambio, se invitó a un organismo de poca credibilidad por sus vínculos financieros con el CSE.

* Lentitud e irregularidades en la entrega de sus credenciales a los fiscales de la Alianza PLC.

A esta lista es necesario agregar otras irregularidades y violaciones ocurridas durante la elección: entrega de credenciales defectuosas a los fiscales de la Alianza PLC y expulsión violenta de muchos de ellos de las Juntas Receptoras de Votos; cierre de JRV antes de la hora legalmente establecida; anulación arbitraria de votos, anomalías en el 32% de las JRV, según el informe de Ética y Transparencia; no colocación de los resultados del escrutinio en la parte exterior de las JRV, como lo mandaba la Ley Electoral, en un buen porcentaje de Juntas; etc.

Según el artículo 173, Numeral 6 de la Constitución Política, el CSE tiene la obligación de “Dictar, de conformidad con la ley de la materia, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía”. Desafortunadamente, en estos comicios electorales este precepto no fue atendido. Más bien se tomaron medidas y se realizaron acciones que no garantizan que los resultados dados a conocer por el CSE representen la auténtica voluntad del pueblo nicaragüense.

Como consecuencia, se ha generado una gran incertidumbre en el pueblo, como acertadamente lo señala en su Mensaje la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que tiene como fundamento las irregularidades cometidas antes y durante el proceso electoral.

Esa incertidumbre también ha generado brotes de violencia en diferentes puntos del país, particularmente en la ciudad de Managua, lo cual no sólo es contraproducente y condenable, sino que afecta la imagen del país y el clima indispensable para atraer inversiones productivas que ayuden a combatir la pobreza y el desempleo.

El respeto a la voluntad popular, expresada en las elecciones, no sólo es la base de la legitimidad de las autoridades, según nuestra Constitución Política, sino que representa también un compromiso que el Estado de Nicaragua debe cumplir, como suscribiente de la Carta Democrática Interamericana, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y el Protocolo de Tegucigalpa.

Ante la situación que se ha creado, sólo cabe, en aras de la tranquilidad nacional, que el CSE deponga su intransigencia y honre su compromiso constitucional de garantizar el voto de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, realizando un cotejo de las actas y un nuevo recuento de los votos, en presencia de observadores nacionales e internacionales, tal como lo pide el Mensaje de la Conferencia Episcopal.

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