Rafael Lucio Gil *
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Nuestra educación y el país están de fiesta, celebrando el Día Nacional del Maestro y la Maestra. Se trata de dos historias que han viajado de la mano aunque en momentos, su entrecruzamiento y tensiones, han supuesto crisis y demandas que afloraron en avances y logros, marchas y contramarchas de ambas partes.

Celebrar este día, a la vez que nos llena de esperanzas y gratitud infinita a su trabajo y dignidad, también nos entristecen sus rezagos. Cada día más el Estado, la sociedad y las familias vuelven los ojos al magisterio delegándoles tareas y responsabilidades más complejas y diversas, ocultando sutilmente diversas formas con que esconden su desresponsabilización de la educación. La carga del magisterio es cada día más pesada y compleja, a la vez que su soledad, aislamiento y falta de apoyo crecen cada día.

Cada día, el imaginario colectivo y las representaciones sociales que han construido las instituciones, la sociedad y las familias, actúan de diversas formas imponiendo ciertas formas de violencia simbólica, que al final acaban por desprestigiar más al magisterio. Por ello, la celebración de este día, ojalá contribuya a generar una reflexión compartida como país, a favor de procesos que abonen a la toma de decisiones consistentes y responsables, que aporten a la transformación del sector.

El tema de la calidad se repite a diario. Y es cierto. Nuestra educación demanda cambios profundos en equidad, pertinencia, eficiencia y, sobre todo, en calidad. Pero este discurso continúa siendo inútil, mientras los ojos del país, de la clase política, los medios de difusión, el Estado y la sociedad civil no abonen a un compromiso de apoyo efectivo a la transformación de la profesión docente, a su revalorización, y a una perspectiva más proactiva que no victimice al magisterio.

Este cambio en la calidad de la educación pasa, necesariamente, por la calidad del personal docente. Hasta ahora, el discurso ha estado vacío de sentido y significado, mientras no se incluya en esta lucha por la calidad integral, la transformación de la formación docente, el reconocimiento profesional que corresponde a esta tarea tan sublime, al apoyo de medios didácticos para mejorar la enseñanza y los aprendizajes, y la elevación de su autoestima y mejoramiento del trato institucional y social a su trabajo.

La educación como derecho humano fundamental no se discute. Pero lo que sí se debe discutir es que, tal derecho, para hacerse efectivo, necesita contar con el cumplimiento de los derechos de maestros y maestras. Está claro que aún la educación necesita albergar en los centros educativos al total de niños y niñas en edad que aún están fuera del sistema. Los indicadores de cobertura y acceso parecieran haberse retraído o al menos estancado. 

No basta pensar en la inclusión, tan necesaria y fundamental, este derecho nos insta a que la inclusión sea con equidad. Al no darse con equidad, incluimos niños y niñas en el centro educativo, pero una vez dentro, se evidencia despreocupación en su atención manifiesta en la falta de recursos, métodos y estrategias que les ayuden a ampliar y desarrollar sus capacidades. Al no darse esta inclusión integral, lo que al final tenemos no es más que una inclusión con exclusión. 

Mientras la educación no desarrolle las capacidades críticas, argumentativas, creativas, y los valores y la preparación para una ciudadanía crítica y participativa en las prácticas del aula, los más pobres continuarán siendo predestinados, segmentados a continuar siendo pobres. La educación no impactará en sus capacidades, impidiéndoles, en el futuro, superar los conductos que dirigen a repetir el ciclo de la pobreza.

Esta realidad que debemos combatir, para que la educación logre ser parte de la solución y no del problema, demanda de maestros y maestras tomar conciencias de esta situación, y todo el apoyo social, gubernamental e institucional para que cuenten con los recursos de formación, reconocimiento y apoyo para lograr ser parte de esta solución. No comprender ni actuar en esta dirección por parte de quienes toman decisiones en la educación, significará continuar arrastrando una educación en pobreza, pobre para los pobres. De esta forma, el país estaría traicionando este derecho fundamental.

Es por ello que este día debiera fomentarse como una fiesta nacional, de un Estado en estado de educación, comprometido con cambios profundos en la profesión docente, clave esencial para superar el ciclo pernicioso de la pobreza, y poder gestar un desarrollo humano más allá de los discursos y los planes nacionales. No hacerlo, cerrar los ojos a esta realidad de inclusión con exclusión, de una educación que genera pobreza, sería traicionar a los más jóvenes, su futuro, el de su país. Jóvenes que acabarán sintiéndose expulsados de su país, como tanto otros que hoy hacen fila consulados para migrar al exterior.

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