Editorial END
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El 10 de julio del corriente, la calificadora internacional Moody’s mejoró la calificación de Nicaragua de B3 a B2, y le otorgó a esta nueva calificación una perspectiva estable. La principal razón para este leve cambio de calificación, es que según Moody’s, la economía de Nicaragua ha tenido una mejoría gradual positiva, de forma que permite que el impacto negativo, que causaría un detenimiento súbito de la ayuda venezolana, sobre la balanza de pagos y el déficit fiscal, sea un poco más manejable que antes. El segundo argumento que esgrime Moody’s es que el desempeño económico reciente de Nicaragua es relativamente mejor en comparación con sus contrapartes en Centroamérica, pese a que continúa siendo el país más pobre de la región.

Moody’s tiene 9 rangos generales de calificación que van desde Aaa hasta C, siendo B la sexta de mejor a peor, y es definida como aquella en que “las obligaciones del país son consideradas especulativas y de alto riesgo crediticio”. Moody’s también aplica diferenciadores numéricos a las calificaciones que van desde Aa (la segunda de mejor a peor) hasta la última o peor que es la Caa. Estos diferenciadores son 1, 2 y 3, indicando un lugar relativo dentro de cada una de esas categorías, siendo 1 el mejor.

Por su parte, la racionalidad de la tendencia estable de su calificación, según Moody’s, se debe al balance entre la posible mejora asociada al fuerte crecimiento económico, a una buena relación con el Fondo Monetario Internacional, y a los estables y bajos déficit fiscales; y las posibles desmejoras asociadas al bajo PIB per cápita, al pequeño tamaño de su economía, a su alta porción de deuda denominada en dólares, y a la todavía alta susceptibilidad a choques externos que se puedan derivar de la todavía importante relación con Venezuela.

Es evidente, a como lo reconoce Moody’s que Nicaragua es una de las economías de mayor crecimiento en América Latina y que está en línea con el promedio del conjunto de países en la categoría B; que tiene una base de crecimiento más diversificada que los otros países con calificación B; que la deuda del gobierno central se ha reducido sustancialmente en los últimos 10 años y su tamaño relativo es menor que el promedio del conjunto de países calificados B2.

Además de lo anterior, Moody’s reconoce los importantes cambios transformadores que ha tenido la economía y de la buena conducción económica, entre los que destacan la menor dependencia en la energía térmica, los mayores flujos de inversión extranjera directa, y el diálogo entre el sector público y el sector privado, que ha dado viabilidad y estabilidad a la economía, a través del consenso en lo que a la política económica respecta.

De todo esto se deriva que toma tiempo, esfuerzo y políticas económicas adecuadas para mejorar la calificación, y que la mejora continua y gradual solo se logra con más de lo bueno que se ha hecho. Creemos que es trascendental la mejora de calificación otorgada. Pero es importante reconocer que continuamos siendo un país de alto riesgo, y que así como toma un enorme trabajo a lo largo de muchos años obtener una leve mejoría, puede tomar unas cuantas acciones equivocadas para bajar la calificación en varias categorías o quedar sin calificación alguna, como ha sido comprobado por varios países en el pasado reciente. En esta ocasión, el mejor desempeño económico pesó más en la opinión de Moody’s, pero es imperativo que comprendamos que la calificadora también toma en cuenta el estado de las instituciones, la estabilidad política y los riesgos a las distintas vulnerabilidades.

Es por lo anterior, que nos unimos al llamado al diálogo y a la paz del Cardenal Brenes después de la violenta confrontación entre simpatizantes liberales y la Policía, en que oficiales y manifestantes resultaron heridos; y al llamado del Cosep, a raíz del lamentable hecho de este sábado en que perdieron la vida varias personas inocentes, a que la Policía cumpla en todo momento con lo establecido en la Constitución, las leyes, y sus propias normas y procedimientos, con el fin de preservar las garantías ciudadanas de la mejor forma posible.

 

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